La visita de John Ratcliffe a Moscú, el 25 de agosto, desató una verdadera fiebre informativa mundial. Los grandes periódicos del planeta abrieron espacios, publicaron análisis y columnas de opinión y buscaron durante horas una explicación para una visita tan inusual como hermética. En Washington y Moscú, cada pregunta sobre lo ocurrido detrás de las puertas del Kremlin tropezaba con evasivas. Se habló de Ucrania, de Irán, de negociaciones secretas y de posibles acuerdos. Nadie sabía con certeza qué había ido a hacer el director de la CIA a Rusia. El mundo esperaba una señal.

La señal llegó al día siguiente, pero casi nadie la miró. Putin sí dio una declaración pública y condenó los ataques israelíes en Siria. En medio de una tormenta informativa dedicada a descifrar hasta el último gesto de la visita de Ratcliffe, aquella declaración quedó relegada. Un mes después resulta bastante más difícil pasarla por alto.

Porque el mundo está empezando a soltar a Israel. No mediante una ruptura concertada ni por un repentino ataque de conciencia: país por país, acuerdo por acuerdo, voto por voto, Israel se está convirtiendo en un problema para demasiados actores al mismo tiempo. Viejos aliados toman distancia, antiguos enemigos se sientan a negociar y nuevos bloques descubren que pueden construir sus propios equilibrios sin Israel. El aislamiento ya no es una amenaza. Está ocurriendo.

Europa ofrece una medida mucho más concreta del aislamiento. Desde noviembre de 2024 pesa sobre Benjamin Netanyahu una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Los jueces encontraron motivos razonables y suficientes para atribuirle responsabilidad por utilizar el hambre de la población civil como método de guerra, dirigir ataques contra civiles y cometer crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos en Gaza. La Corte documentó la privación de alimentos, agua, medicamentos, combustible y electricidad y la obstaculización de la ayuda humanitaria, con consecuencias que incluyeron muertes por desnutrición y deshidratación, incluso de niños. Dos años después, una Comisión de Investigación de Naciones Unidas informa que Gaza tiene la mayor concentración de niños amputados del planeta. El colapso del sistema sanitario, en medio de las agresiones militares israelíes, ha dejado además a niños sometidos a operaciones y amputaciones sin anestesia. No son hechos aislados: forman parte de la devastación de la población civil de Gaza y del contexto en el que la justicia internacional ha perseguido responsabilidades penales individuales, incluida la de Netanyahu.

Pero Gaza no es el único territorio donde se han cometido estos abusos contra la población civil, en su mayoría mujeres y niños desarmados. Los ataques militares de Israel van mucho más allá de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania: Líbano, Siria, Yemen, Irán, Túnez, Malta y Jordania forman parte de un mapa de acciones militares israelíes que se ha extendido mucho más allá de sus fronteras.

Las denuncias tampoco proceden de una sola organización. Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia han documentado, investigado o intervenido judicialmente ante ataques contra población civil y graves violaciones del derecho internacional en Gaza. Human Rights Watch habla de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, exterminio y actos de genocidio. Amnistía Internacional fue más lejos: concluyó que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza. Y en 2025 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas concluyó que las autoridades y fuerzas israelíes habían cometido actos genocidas con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a la población palestina de Gaza.

De vuelta a Europa, Hungría fue la excepción más estridente. Viktor Orbán invitó a Netanyahu y lo recibió con honores en Budapest en abril de 2025, ignorando la orden de arresto. La Corte Penal Internacional determinó después que Hungría había incumplido sus obligaciones como Estado miembro. Orbán respondió iniciando la salida del país de la Corte. Pero en abril de 2026 perdió las elecciones frente a Péter Magyar y el cambio fue mucho más allá de un trámite institucional. Magyar anunció que detendría el retiro y, preguntado específicamente por Netanyahu, fue inequívoco: si una persona buscada por la Corte entra en el territorio de un Estado miembro, debe ser detenida. El 27 de mayo, el Parlamento húngaro aprobó mantener al país dentro de la CPI. En poco más de un año, Netanyahu pasó de ser recibido con honores en Budapest a saber que, si vuelve a pisar Hungría con una orden vigente de la Corte, el nuevo gobierno ha dicho que será detenido.

Durante décadas, Israel ha sido el rijoso de Medio Oriente y ha sabido explotar en su beneficio cada grieta disponible: diferencias religiosas entre suníes y chiíes, rivalidades territoriales, disputas comerciales y viejas enemistades políticas.  Con el respaldo de Estados Unidos, convirtió la confrontación con Irán y las divisiones internas de la región en herramientas de su propia estrategia: silencios permisivos, alianzas convenientes y bloques enfrentados, mientras Irak, Siria, Líbano, Yemen y Palestina pagaban buena parte del costo. Pero ese tablero empieza a desarmarse. Arabia Saudita e Irán volvieron a sentarse a la mesa; Pakistán, potencia nuclear suní y aliado histórico de Riad, mantiene interlocución con Teherán; Qatar y Omán median, y China gana espacio como interlocutor regional. Las diferencias no desaparecieron. Lo que empieza a desaparecer es la disposición de esos países a seguir permitiendo que Israel las utilice para mantenerlos enfrentados.

Durante años, buena parte de las monarquías del Golfo mantuvo con Israel una actitud silenciosa y condescendiente: Palestina permanecía en el discurso, mientras por debajo avanzaban contactos políticos, comerciales y de seguridad y crecía la convergencia contra Irán. Los Acuerdos de Abraham terminaron por hacer visible parte de ese acercamiento. Pero el tablero cambió. El 22 de julio de 2026, Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de cooperación nuclear civil. Un día después, Trump agregó una condición que no estaba en el documento firmado: Riad tendría que normalizar relaciones con Israel e incorporarse a los Acuerdos de Abraham; de lo contrario, el acuerdo no avanzaría. Arabia Saudita no cedió y el acuerdo firmado no ha entrado en vigor. Riad mantiene que no habrá normalización con Israel sin una vía irreversible hacia la creación de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital. Ni siquiera la cooperación nuclear con Estados Unidos consiguió sacar a Palestina de la mesa: cuando Washington intentó convertir a Israel en condición del acuerdo, los saudíes prefirieron dejarlo detenido.

Estados Unidos e Israel parecen haber encontrado el socio perfecto el uno en el otro. No se trata ya de una relación entre protector y protegido, sino de una asociación que se alimenta en ambos sentidos: dinero, influencia política, intereses militares, negocios, grupos de presión y una política exterior cada vez más agresiva han terminado por confundir los intereses de uno con los del otro. Israel profundiza algunos de los peores vicios del poder estadounidense y Washington ofrece a Israel la protección política, diplomática y militar necesaria para llevar los suyos mucho más lejos. El resultado es una simbiosis que también comparte sus costos: pocas sociedades internacionales cargan hoy con un rechazo tan extendido como Estados Unidos e Israel. En esa competencia por la impopularidad mundial cuesta trabajo saber a cuál de los dos apostarle.

En Estados Unidos, la relación con Israel lleva décadas metida en los intestinos de la política interior y exterior: poderosos lobistas proisraelíes en Washington, millones de dólares vertidos en las campañas de los candidatos que convienen y otros tantos destinados a derrotar a quienes se apartan de la línea. AIPAC y su enorme maquinaria electoral son apenas la parte más visible: para agosto de 2026, su super PAC acumulaba 53.6 millones de dólares en gasto independiente durante el actual ciclo electoral, el mayor desembolso de cualquier grupo externo. A ese paisaje de dinero, poder e influencia se suman los archivos Epstein y, más recientemente, el asesinato de Charlie Kirk, después de sus fricciones con sectores proisraelíes, seguido por una declaración tan insólita como sospechosa de Benjamin Netanyahu: Israel no lo mató. Pero esa historia estadounidense está largamente documentada y no es la que nos ocupa aquí. Lo que interesa es seguir el camino por el que esa influencia baja hacia el sur: Washington, Miami, América Latina.

América Latina, mansa y tardía.

Y entonces aparece un personaje: un minúsculo Maquiavelo patagónico, Fernando Cerimedo, consultor argentino, mercenario digital, fabricante de campañas sucias, granjas de bots y desinformación, hoy preso preventivamente en Bolivia como presunto orquestador de un ataque de sicarios para asesinar a su expareja embarazada. Lo extraordinario es que un personaje tan diminuto haya terminado por descubrir una trama enorme. Al jalar el hilo de Cerimedo aparecen algoritmos, herramientas políticas y toneladas de dinero provenientes de Estados Unidos e Israel.

Una de las estaciones donde esa madeja se vuelve visible es Latino Wall Street, fundada por la peruana Gabriela Berrospi y el puertorriqueño Tony Delgado, junto con el mexicano Alan Burak, hoy condenado por un fraude millonario de inversiones. Alrededor de ese circuito empiezan a repetirse los nombres: Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca; Eduardo Verástegui; Javier Negre y su entramado de medios con Cerimedo; socios de Antonio Solá, viejo conocido de México por la campaña de Felipe Calderón y el “López Obrador es un peligro para México”; gente ligada a Javier Milei y Flávio Bolsonaro, hoy contendiente frente a Lula. Empresarios, consultores, propagandistas, medios, políticos y muchísimo dinero que convergen alrededor de la nueva derecha latinoamericana. Y aparece también Brad Parscale, responsable de la estrategia digital de la primera campaña presidencial de Donald Trump, a quien Cerimedo agradeció públicamente haber confiado en él y haber puesto en sus manos su tecnología y sus algoritmos electorales. La conexión ya no es solamente ideológica: también comparte herramientas, operadores, dinero y métodos.

En 2023 Javier Milei ganó la presidencia de Argentina y el alineamiento con Israel fue inmediato. En febrero de 2024 eligió Israel para su primer viaje bilateral como presidente y anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén Occidental. Desde entonces ha visitado Israel tres veces, modificó la posición argentina en organismos internacionales para alinearla con Tel Aviv y profundizó la cooperación en defensa, seguridad, agricultura, agroindustria, gestión del agua, ciberseguridad, inteligencia artificial y biotecnología. En junio de 2025 firmó con Netanyahu un memorándum para ampliar la cooperación en defensa y seguridad y, en abril de 2026, ambos lanzaron los Acuerdos de Isaac, un proyecto concebido por el propio Milei para extender hacia otros países de América Latina la alianza política, económica, tecnológica y diplomática con Israel. Argentina dejó de ser solamente un aliado: Milei decidió convertirla en plataforma regional de los intereses israelíes.

Mientras Milei abre las puertas de Argentina a la cooperación económica, tecnológica, agroindustrial y de seguridad con Israel, los números dentro de su país cuentan una historia bastante menos luminosa. El gobierno presume como uno de sus grandes logros haber reducido la inflación, y ciertamente la redujo, pero en agosto todavía se ubicó en 33.5% interanual: muy lejos de una economía con estabilidad de precios. Mientras tanto, el PIB cayó 0.6% en el segundo trimestre respecto del primero y la actividad económica se desplomó 2.9% sólo en julio; el desempleo alcanzó 7.9%, la pobreza volvió a subir hasta 32.3% y la industria manufacturera cayó 5%. El ajuste, la reducción de subsidios y el desmantelamiento de buena parte de la vieja red de protección social completan el paisaje.

Y queda todavía pendiente el expediente $LIBRA, la criptomoneda que Milei promocionó en febrero de 2025 y que se desplomó pocas horas después. La causa penal sigue abierta y tiene bajo investigación al propio presidente, a Karina Milei y a personajes de su entorno como Mauricio Novelli, además de Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy, mientras la Justicia sigue el rastro del dinero que circuló alrededor de la operación. Y los nombres vuelven a encontrarse en el mismo circuito: Novelli orbitaba alrededor de Milei desde años antes del escándalo; Latino Wall Street premió al presidente argentino en su Hispanic Inaugural Ball de Washington en enero de 2025 y volvió a colocarlo como figura central de su Hispanic Prosperity Gala, celebrada en Mar-a-Lago en febrero de 2026. Otra vez, el camino conduce al mismo lugar: Miami, dinero, política y la nueva derecha latinoamericana.

Después vino Ecuador. Daniel Noboa llegó al poder en las elecciones extraordinarias de 2023, impulsó reformas constitucionales en 2024 y fue reelegido en abril de 2025. Apenas un mes después viajó a Israel, se reunió con Netanyahu y abrió en Jerusalén un Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo con estatus diplomático. Amplió además la cooperación con Israel en seguridad, defensa, agricultura y manejo del agua. Frente a Netanyahu fue todavía más explícito: “Siempre tendrán mi apoyo”.

Después vino Bolivia. Rodrigo Paz ganó las elecciones de octubre de 2025 y apenas dos meses después restableció las relaciones diplomáticas con Israel, rotas durante los ataques sobre Gaza. El acuerdo, firmado en Washington, contempló la reapertura de embajadas, cooperación en agricultura, tecnología y comercio y la eliminación de visas para ciudadanos israelíes. Y fue precisamente en Bolivia donde terminó por reventar el escándalo Cerimedo: el consultor reconoció haber trabajado en la segunda vuelta de Paz y haber colaborado después con su gobierno, antes de terminar preso preventivamente acusado de orquestar el ataque de sicarios contra su expareja embarazada.

En Honduras, Nasry Asfura ganó las elecciones de noviembre de 2025. Antes siquiera de asumir viajó a Jerusalén, se reunió con Netanyahu y Herzog y acordó ampliar el comercio y la cooperación con Israel en agricultura y tecnología. El día de su toma de posesión, su primer acto oficial fue recibir las cartas credenciales del embajador israelí. Y ahí vuelve a aparecer Cerimedo, quien trabajó como estratega de la campaña de Asfura. Las denuncias sobre su posible intervención electoral y el uso de bots llegaron al Congreso; la investigación parlamentaria fue bloqueada políticamente, pero el asunto no terminó ahí: sus denunciantes intentan llevar el caso ante la Fiscalía para que investigue quién contrató a Cerimedo, cómo se financiaron sus servicios y qué herramientas utilizó durante la campaña.

En Chile, José Antonio Kast ganó las elecciones de diciembre de 2025 y el giro hacia Israel fue inmediato. En mayo se reunió personalmente con Isaac Herzog y anunció el regreso del embajador chileno, retirado desde 2023; un mes después nombró para el cargo a Gabriel Zaliasnik, expresidente de la Comunidad Judía de Chile. Pero no se trató solamente de recomponer relaciones diplomáticas: su gobierno abrió con Israel una agenda de cooperación en seguridad, defensa, inteligencia e intercambio de información, ciberseguridad, inteligencia artificial, economía digital, minería y tecnología aeroespacial. Incluso el nuevo embajador chileno visitó la estratégica base israelí de Palmachim para explorar cooperación espacial y tecnológica. Kast reconoció conocer a Cerimedo, aunque negó que hubiera trabajado en sus campañas; Javier Negre, socio de Cerimedo en La Derecha Diario, sí aparece relacionado con su entorno. Hoy el Congreso y la Fiscalía chilenos investigan posibles operaciones vinculadas con esa red: bots, campañas digitales contra adversarios políticos, eventual financiamiento electoral ilegal y el origen de recursos destinados a propaganda política.

En Costa Rica, Laura Fernández ganó las elecciones de febrero de 2026. Su primera reunión oficial después de asumir la presidencia fue con Isaac Herzog; anunció la apertura de una oficina comercial en Jerusalén y puso sobre la mesa la posibilidad de trasladar allí la embajada costarricense, mientras profundizaba la relación comercial con Israel. También alrededor de su campaña reaparecen personajes de la misma red: Javier Negre se reunió con Fernández y Cerimedo mantuvo contactos con Danny Quirós, uno de sus estrategas electorales.

En Perú, Keiko Fujimori ganó las elecciones de junio de 2026. El acercamiento con Israel fue inmediato: apenas electa habló con el canciller Gideon Sa’ar y acordó avanzar en seguridad, ciberdefensa, agua y agricultura. Pero también aquí vuelve a asomarse la misma madeja. Keiko niega cualquier relación con Cerimedo; sin embargo, ambos coincidieron en febrero en la Hispanic Prosperity Gala de Latino Wall Street en Florida, Cerimedo estuvo en Lima durante su toma de posesión y alrededor de la presidenta reaparecen Javier Negre y varios personajes relacionados con el consultor argentino. El asunto ya llegó al Congreso peruano, donde se presentó una moción para investigar la posible intervención de Cerimedo y sus redes en las elecciones de 2026.

Y dejamos Colombia para el final. Abelardo de la Espriella asumió la presidencia el 7 de agosto de 2026 y apenas tres días después un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el país. La primera gran crisis de su gobierno dejó también una de las primeras imágenes de su política exterior: mientras la brigada militar mexicana de rescate y los Topos de Tlatelolco quedaban fuera del operativo por las exigencias impuestas para su ingreso, Colombia abrió las puertas a equipos de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel. Desde Israel llegaron 82 rescatistas, ingenieros y tecnólogos encabezados por Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel; De la Espriella agradeció personalmente a Netanyahu el envío. Y mientras todavía se buscaban sobrevivientes entre los escombros, su gobierno ya estaba actuando a favor de Israel.

El terremoto apenas anticipaba lo que vendría. De la Espriella restableció de inmediato las relaciones diplomáticas y económicas con Israel, acordó trasladar la embajada colombiana a Jerusalén, eliminó recíprocamente el requisito de visas y reanudó las exportaciones de carbón colombiano a Israel, suspendidas durante el gobierno de Petro. Retiró además a Colombia del caso promovido por Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y del Grupo de La Haya. Y apenas tres días después de asumir fue todavía más lejos: reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967, convirtiendo a Colombia en el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en hacerlo.

Pero la historia colombiana había comenzado mucho antes de que De la Espriella llegara a la Presidencia. Desde abril, Gustavo Petro venía denunciando públicamente vínculos entre el entonces candidato y los hermanos Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, empresa privada involucrada desde hace años en la infraestructura electoral colombiana. Después de las elecciones apareció otro nombre: Black Cube, firma israelí de inteligencia privada a la que Petro señaló como proveedora de algoritmos y otros apoyos a los Bautista. Y aquí la descripción de “Mossad privado” deja de parecer una exageración: Black Cube fue fundada por veteranos de la inteligencia israelí y en su directorio aparecen nombres vinculados a altos cargos del propio Mossad.

En septiembre, Petro confirmó en entrevista con Inna Afinogenova que había entregado a las autoridades colombianas documentación sobre la presunta intervención de Black Cube y sus conexiones con los Bautista y Thomas Greg & Sons. La denuncia política había pasado ya al terreno judicial.

Y entonces llegó el 24 de septiembre, en la Asamblea General de la ONU. Netanyahu volvió a subir a la tribuna y volvió a encontrarse con una sala que se vaciaba. El año anterior, la prensa había contabilizado la salida de más de 100 diplomáticos pertenecientes a más de 50 países. Esta vez fueron más: uno de los recuentos publicados identificó a 77 delegaciones abandonando sus lugares mientras Netanyahu se disponía a hablar. Una estampida diplomática dejó filas enteras de butacas vacías frente al primer ministro israelí.

Netanyahu reaccionó como siempre: insultando a quienes no se pliegan ante su pretendida autoridad. “Si queda algún otro cobarde moral que todavía no haya abandonado esta sala, que lo haga ahora”.

Y se fueron.

Más de 70 delegaciones levantándose de sus asientos, dándole la espalda y dejándolo hablar frente a una sala vacía.

No era cobardía. Era desprecio.

El cargo ¿Dónde están los cobardes morales? / Por Lucía Deblock apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.

La estrategia de Sheinbaum frente a Trump podría estar llegando a su límite

Bien dicen que a los políticos no hay que juzgarlos por lo que dicen, sino por lo que hacen. Claudia Sheinbaum entendió desde el principio el juego del mago López Obrador, mientras una mano muestra el sombrero, la otra esconde el conejo.

Cuando Donald Trump actúa contra México, Sheinbaum invariablemente se envuelve en la bandera narrativa y sale a decir que México es un país soberano, que no permitirá injerencias y que “México no es piñata de nadie”. Pero mientras una mano levanta la bandera de la soberanía, la otra hace lo que Washington le pide.

Al pueblo, el discurso de la defensa de la soberanía; a Trump, los resultados que exige, y hasta ahora, la fórmula ha funcionado para ambos. Trump obtiene lo que quiere y puede presentarlo a sus electores como resultado de su presión. Sheinbaum, en cambio, presenta ante los mexicanos esas mismas acciones como decisiones soberanas tomadas por iniciativa propia en defensa del país.

La primera gran prueba llegó en febrero de 2025, cuando Trump amenazó con imponer aranceles de 25% a las importaciones mexicanas si México no detenía la inmigración a Estados Unidos, exactamente como el muro que prometió construir y que México pagaría y Shenbaum ordenó desplegar 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte. (Gobierno de México).

La presidenta cedió todo y sólo consiguió (si se puede decir así) que Trump no cumpliera una amenaza, sin embargo, la mandataria mexicana presentó esto como un acuerdo entre dos países soberanos. (Gobierno de México), aunque desde la perspectiva de Washington, el resultado era bastante más sencillo: Trump pidió reforzar la frontera y México desplegó 10 mil elementos de la Guardia Nacional a cambio de nada.

Después Trump exigió a su contraparte mexicana detener la producción de fentanilo y otras drogas duras. Como respuesta, el gobierno mexicano intensificó los operativos contra laboratorios clandestinos, desmantelando cientos de narcolaboratorios, logrando mermar considerablemente el tráfico de esa sustancia hacia el país del norte. Cabe recordar que, en la narrativa del gobierno anterior, esos laboratorios nunca existieron.

En febrero, cuando la presión de Trump por las cabezas del narcotráfico comenzó a subir de tono, el gobierno mexicano envió a Estados Unidos 29 personas vinculadas con organizaciones criminales, e internamente la presidenta volvió a ajustar la narrativa explicando que no era una concesión a Washington, sino una decisión tomada dentro del marco jurídico mexicano y por razones de seguridad nacional.

De nuevo, el mensaje interno era coordinación y cooperación, sí; subordinación e intervencionismo, no,pero el resultado si bien no era el que Trump hubiera deseado porque quería peces más gordos, por lo menos le sirvió a Claudia Sheinbaum como paliativo para calmar los ánimos del presidente estadounidense y lograr ganar un poco de tiempo.

Incluso en materia comercial la lógica fue similar. El gobierno estadounidense impuso aranceles a productos mexicanos que estaban fuera del T-MEC, y México como era de esperarse volvió a aceptar esa política comercial restrictiva sin imponer aranceles recíprocos como lo hizo Canadá quien es también socio comercial en el T-MEC o la Unión Europea o China.

La operación comunicacional en todos los casos era simple, Trump pide, México cumple y Sheinbaum explica que México decidió hacerlo porque es un país soberano.

El mago vuelve a enseñar el sombrero y mientras todos miran el sombrero, aunque Trump se lleva el conejo.

No obstante lo anterior, la estrategia ha funcionado porque los intereses de ambos gobiernos no necesariamente chocan en el terreno de la comunicación. Trump necesita demostrarles a sus seguidores que su presión sobre México produce resultados y Sheinbaum necesita demostrarles a los mexicanos exactamente lo contrario: que México no se somete ante Estados Unidos.

El problema es que ahora el juego está cambiando porque durante todo este tiempo Trump ha pedido migrantes detenidos, mayor vigilancia en la frontera, combate al fentanilo, decomisos, desmantelamiento de laboratorios y cooperación contra los grupos criminales. Todas esas acciones pueden presentarse internamente como decisiones soberanas del gobierno mexicano.

Pero ¿qué ocurre cuando Washington deja de pedir solamente políticas públicas y empieza a poner nombres y apellidos sobre la mesa?

¿Qué ocurre cuando Estados Unidos comienza a pedir la detención de figuras políticas de Morena?

Ahí la estrategia puede estar llegando a su límite, porque una cosa es decirles a los mexicanos que desplegar 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera es una decisión soberana y otra muy distinta es explicar que un gobierno extranjero está señalando directamente a políticos mexicanos y pidiendo que sean detenidos y entregarlos.

En ese momento, el problema deja de ser únicamente Trump contra México y se convierte en Trump contra Morena, y entonces la bandera de la soberanía puede dejar de ser suficiente para ocultar lo que ocurre detrás de ella.

Por un momento, Claudia Sheinbaum intentó presentar la defensa de la visa de Andy López Beltrán como una defensa de la soberanía, pero incluso dentro de Morena entendieron que el tema podía convertirse en un problema político. Y si no reculó, por lo menos la presidenta dejó de mencionarlo en sus conferencias y declaraciones.

La estrategia funcionó mientras Sheinbaum pudo construir dos relatos simultáneos sobre una misma acción: para Trump, era una concesión; para los mexicanos, era soberanía. Pero esa operación se vuelve mucho más difícil cuando las exigencias estadounidenses pueden tocar directamente a figuras de Morena.

Porque entonces la presidenta ya no solamente tendría que decidir cuánto está dispuesta a concederle a Trump. Tendría que decidir hasta dónde está dispuesta a llegar cuando lo que Trump pide puede afectar directamente al partido en elpoder yese es el verdadero cambio de escenario.

Cuando Washington comienza a pedir nombres, detenciones y responsabilidades políticas, el margen para mantener separados esos dos relatos se reducen considerablemente.

Porque entonces el conejo ya no está debajo del sombrero, está sobre la mesa.

Si Claudia Sheinbaum cumple las solicitudes y México colabora en la detención y procesamiento de figuras del más alto perfil de Morena, tranquilizaría por un momento a Donald Trump, pero inevitablemente enfrentaría el costo político dentro de su propio partido. En cambio, si decide llevar un poco más allá su narrativa soberanista y no cede a las exigencias trumpistas, el presidente estadounidense necesitado de logros antes de las elecciones intermedias en su país podría dar un manotazo sobre la mesa, tirar el sombrero, el conejo, las negociaciones y sepultar a Claudia con todo y su discurso chicharronero.

El cargo México no es piñata, pero Trump se lleva los dulces / Por Jorge García apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.

Y Sepa la Bola… pero la investigación contra el exfuncionario y ahora proveedor en Tamaulipas: Ricardo Azael Casanova, abrió un expediente judicial que rebasa la actuación de un empresario en contratos con gobiernos y uso de recursos de procedencia ilícita.

Las pesquisas describen un modelo de contratación que sobrevivió al relevo partidista en Tamaulipas, mantuvo acceso a dependencias con presupuestos millonarios y colocó bajo revisión el origen y destino de recursos vinculados con varias compañías.

Casa Casve MX recibió asignaciones durante el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca. Grupo ID REC obtuvo contratos bajo la administración de Américo Villarreal. Ambas empresas quedaron relacionadas con Casanova, quien conservó presencia en áreas responsables de compras públicas pese al cambio político, pero ahora investigado por lavado de dinero y cohecho.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción detectó en sus investigaciones que hay cohecho, simulación de actos jurídicos, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades.

Al menos cuatro carpetas también alcanzaron a sus contadores ante instancias especializadas en recursos de procedencia ilícita, corrupción y atención a mujeres, niñas y niños.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisó expedientes de otras 19 empresas relacionadas con el mismo proveedor. Ese dato desplazó el centro del caso: ya no bastaba conocer cuánto cobraron las compañías, sino cómo lograron competir, recibir contratos y acreditar activos bajo administraciones distintas.

Las empresas vinculadas con Casanova acumularon más de 350 millones de pesos mediante contratos con la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Grupo ID REC fue constituida el 24 de septiembre de 2022, siete días antes del inicio del gobierno actual.

Tres años después recibió 14 millones 660 mil 952 pesos por seguridad informática y antenas de internet satelital.

Casa Casve MX y Grupo ID REC participaron en un mismo procedimiento. La primera ofreció 4.9 millones de pesos; la segunda, 4.2 millones.

La relación de ambas con el mismo empresario colocó bajo sospecha la competencia de una contratación restringida que presentó como rivales a compañías del mismo entorno.

La carpeta 175/2026 siguió la ruta financiera. La Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita solicitó estados de cuenta de Casa Casve MX de 2023, 2024 y 2025, incluidas cuentas en dólares.

 El objetivo fue establecer el destino de los fondos y localizar transferencias hacia otras empresas o personas.

El rastreo alcanzó a Maniflosa. Esta compañía obtuvo un contrato superior a 309 millones de pesos para equipamiento médico

De esa suma, 199 millones habrían sido pagados cuatro días después de la firma, pese a cuestionamientos sobre los documentos que debían acreditar la recepción del equipo.

Ninguna empresa se adjudica contratos ni libera recursos públicos por sí misma. Hubo funcionarios que solicitaron servicios, elaboraron invitaciones, evaluaron propuestas, autorizaron convenios, validaron entregas y ordenaron pagos.

La revisión de esa cadena resulta indispensable para establecer tráfico de influencias, colusión o responsabilidades administrativas y penales.

El caso puso a prueba al gobierno de Américo Villarreal. Una parte del dinero fue asignada durante su administración, lo cual impidió reducir el expediente a una herencia del sexenio anterior.

La investigación tendrá alcance por lavado de dinero. 

Y Sepa La Bola… pero Somos llegó a la herradura de la democracia con críticas a la colegialidad del INE y abrió una pregunta: ¿busca respuestas o una tribuna para hacer promoción partidista?

Guadalupe Taddei respondió que se incorporaron sus puntos al orden del día, aun sin la documentación requerida. Recordó además que la Secretaría sigue dentro del plazo fijado para responder: el 25 de septiembre.

Exigir información es legítimo; presentar como negativa una respuesta que todavía está en tiempo es otra cosa.

La colegialidad, dijo, no vive sólo en las áreas ejecutivas. Está en el Consejo General, las comisiones y los órganos locales y distritales, donde los partidos participan en la construcción de acuerdos. Mientras Somos intenta fijar su relato, el proceso electoral 2026-2027 avanza con el trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Al final, la confianza en el INE la deposita la ciudadanía, no quienes aprovechan cada micrófono para desacreditarlo.

El cargo ¿Lavado de dinero para ganar contratos en Tamaulipas? / Por Claudia Bolaños apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.

Bitácora del capitán fecha: 24 / 09 / 2026

Es un día que podría definirse como normal, cuando un mensaje en tu celular rompe esa normalidad y lees: “Estoy en la ciudad, ¿hay oportunidad de vernos?”.

Quien te busca es una persona que, en su viaje familiar, está destinando tiempo para verte.

Cada quien puede recibir ese mensaje de manera diferente, dependiendo de quién lo envíe y la relación que tenga o haya tenido con esa persona. Para mí, sin duda, fue muy emotivo y, antes de minimizar ese sentimiento con la curiosidad sobre el objetivo de la reunión, preferí sentirme afortunado. Al final, no cualquiera toma tiempo de un viaje familiar para estar con alguien a quien tal vez, en ese momento, ni siquiera puede llamar amigo.

Rumbo a la reunión y ya dándole rienda suelta a la curiosidad, trataba de adivinar la razón de la junta; sin embargo, mi mente solo se llenaba de los gratos recuerdos de las colaboraciones que habíamos tenido. Esos tiempos de entrega al límite, cambios de estrategia de último minuto, imprevistos con materiales, cargando con la presión de una fecha de entrega inamovible, una convocatoria que parecía no ir cubriendo el objetivo y la falta de empatía de nuestros clientes. Sin embargo, la magia de la comunicación, la experiencia, perseverancia y paciencia nos ayudaban una y otra vez a cumplir con lo prometido. Hoy, bien lo describiría como confianza.

Se llegó el tiempo y la reunión se llevó a cabo. Recordamos esos momentos que parecían empezar en caos y hoy terminan en risas de éxito; se habló de la familia, del futuro de los hijos, del momento que hoy vivimos y, sí, de posibles futuras colaboraciones.

Una reunión más allá de lo corporativo, más allá de algún interés. Una charla que buscó revivir la adrenalina que da el iniciar un proyecto, de abrir la puerta de la incertidumbre con la constante pregunta interna: “¿Lo lograremos?”. Pero siempre respondiendo externamente: “No veo por qué fallaría”, una frase envuelta en un tono de complicidad que concluiría con una carcajada explosiva.

Lo que queda para mañana: la esperanza. Lo que cierra el día: el agradecimiento, como prioridad a la vida que, entre su caudal, te premia con la moneda más preciada que tenemos, el tiempo.

El tiempo que alguien te regaló para demostrarte su confianza en lo personal y después… ni siquiera diría en lo laboral; lo enmarcaría en la complicidad del conjunto de habilidades de dos personas que se entienden con diferentes capacidades, con respeto y confianza.

Amistad, simplemente amistad… / Por Matías Suárez

Cierre de la bitácora del capitán: 24 / 09 / 2026

El cargo Amistad, simplemente amistad… / Por Matías Suárez apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.

Como si fuera dueño de la verdad absoluta, creyendo ser un hombre iluminado de la vida o un semidios todopoderoso, este sujeto se ha distinguido a lo largo de su carrera política por confrontar a todo el mundo, sin que nadie lo ponga en su sitio o le pida cuentas de todas sus excentricidades.

Cada que abre la boca, este tipo cuestiona, acusa, descalifica y exige explicaciones por igual a políticos de oposición, periodistas o ciudadanos, sin importar si hay argumentos sólidos, y como si su autoridad moral para calificar y señalar fuera la de una persona honorable y digna de respeto.

Se ampara en que hace uso de la libertad de expresión y en que está en todo su derecho de manifestarse; sin embargo, tener un cargo público no le da inmunidad y mucho menos lo exonera de explicar sus actos. El problema es que no lo hace.

Durante años, este personaje construyó una imagen de austeridad, de cercanía al pueblo y de ser un crítico permanente de los privilegios. Sin embargo, después de ser arropado por la cúpula del poder actual, su figura se ha vuelto un ejemplo claro de lo que no debe ser un funcionario público.

En 2025, tras una investigación periodística donde se mencionaba que tenía una residencia en Morelos con un valor aproximado de 12 millones de pesos, reconoció que, en efecto, había comprado esa propiedad mediante un crédito hipotecario y las ganancias de su canal de YouTube.

Además, es un viajero frecuente por el mundo; aunque él no lo dice, la gente lo nota y lo exhibe en redes sociales, donde queda evidenciado que la austeridad republicana no aplica para su persona. Sus declaraciones patrimoniales también son inconsistentes y no coinciden con los bienes que posee un senador que gana 132 mil 900 pesos mensuales.

En el Senado lo han presionado para que explique y transparente sus gastos como representante popular, y su respuesta es la misma de siempre: “Esto es una vil persecución en mi contra”. Con esta cantaleta ha logrado capear el temporal y su vida transcurre con la misma impunidad de siempre.

Es muy claro que la rendición de cuentas debe ser obligatoria para todos los funcionarios públicos, no solo para los opositores del régimen. No basta con declarar ante los medios que todo es legal. La democracia de un país se mide por la transparencia de sus políticos, y por el hecho de que den explicaciones claras y argumentos sólidos de sus bienes y ganancias. No hay de otra.

Gerardo Fernández Noroña tiene derecho a defenderse. Puede y debe explicar su patrimonio y rechazar cualquier afirmación que considere falsa, pero precisamente porque ocupa una posición pública relevante, tiene la obligación política, ética y moral de aceptar el escrutinio público.

Debe quedar muy claro que quienes viven del dinero de nuestros impuestos no deberían sentirse ofendidos cuando se les fiscalizan sus gastos, sus propiedades y su riqueza.

Esta debe ser una obligación mínima de quien ocupa un cargo público. Rendir cuentas no es una agresión y, mucho menos, el investigado es una pobre víctima de este injusto sistema.

Así las cosas y mientras nada cambie en este país: ¿A este sujeto quién le pedirá cuentas y lo meterá en cintura? ¿Y cómo él, cuántos más existen en México?

El cargo ¿Y a este sujeto, quién le pide cuentas? / Por José Hermilo Amezcua (JHAD) apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.

Quien controla el relato controla la percepción. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum parece haber entendido que, en el tema de huachicol fiscal, necesita con urgencia cambiar los nombres de figuras de Morena asociadas al problema para recuperar el control de la narrativa.

Durante meses, el huachicol fue construyendo una asociación incómoda para Morena. Las investigaciones, acusaciones y señalamientos envolvieron en una avalancha imposible de detener a personajes del gobierno y/o partido, entre ellos Rubén Rocha Moya, Mario Delgado, Andy López Beltrán y Rafael Ojeda, entre muchos otros.

La narrativa colocó a estos personajes, a la corrupción, al combustible ilegal y a las redes de poder dentro de una misma historia. Inevitablemente se prendieron las luces de alarma en el gobierno porque, si esa asociación terminaba consolidándose en la opinión pública, el huachicol se convertiría en un estigma político del que difícilmente se podría desprender el partido en el gobierno y cuyas consecuencias electorales serían difíciles de dimensionar.

Por eso resulta relevante observar hacia dónde comenzaron a desplazarse las acciones de la Fiscalía General de República, así como, la narrativa de todo el gobierno hacia personajes y territorios ajenos a su movimiento: primero Ernesto Ruffo Appel y ahora una terminal de almacenamiento ubicada en Guanajuato, un estado gobernado históricamente por el PAN.

El 16 de julio, la Fiscalía General de la República informó la detención del exgobernador de Baja California por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Ruffo no es un personaje menor dentro de la historia política mexicana: fue gobernador de Baja California por el PAN y el primer gobernador de oposición en el país.

Pero el caso tiene un elemento relevante desde la comunicación política. El abogado de Ruffo, Fernando Gómez Mont, asegura que tras revisar las aproximadamente 20 mil páginas del expediente no encontró “una sola prueba” que vincule directamente a su cliente con los delitos que se le imputan, en el expediente no existen llamadas o testigos que demuestren que Ruffo conociera o participara en las operaciones ilícitas atribuidas a Ingemar.

La FGR sostiene lo contrario y afirma tener numerosas pruebas, pero hasta ahora no ha hecho públicos elementos que permitan a la opinión pública dimensionar la solidez del caso. y aunque se podría argumentar que lo están haciendo para no violentar el debido proceso, en casos similares se filtran pruebas a la opinión pública por medios que no son oficiales para contrarrestar la narrativa del acusado.

No sabemos todavía cómo terminará el proceso contra Ruffo. Pero sí sabemos algo que la comunicación política conoce desde hace mucho tiempo: una acusación puede modificar la percepción de un personaje o caso mucho antes de que exista una sentencia.

La historia mexicana reciente ofrece un antecedente que vale la pena recordar. En 2018, Ricardo Anaya convirtió la lucha contra la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto en uno de los ejes de su campaña. Llegó incluso a proponer una fiscalía autónoma para investigar al presidente y, en caso de encontrarlo responsable, llevarlo a prisión.

Cuando Anaya comenzó a crecer en las encuestas y a consolidarse como segundo lugar, estallaron las acusaciones relacionadas con la compraventa de una nave industrial y un supuesto esquema de lavado de dinero. El País documentó entonces que las acusaciones aparecieron después del crecimiento de Anaya y que el propio candidato acusó al gobierno de Peña Nieto de utilizar las instituciones para atacarlo. Un sondeo de Parametría registró posteriormente la caída de Anaya en intención de voto en unos pocos días.

Meses después, la entonces PGR decretó el no ejercicio de la acción penal en la investigación que involucraba a Anaya al no encontrarse pruebas suficientes.

El caso Anaya dejó una lección que trasciende aquella disputa, en política, el daño de una acusación suele producirse antes de que llegue la resolución jurídica. Y eso es precisamente lo que podrían estar intentando replicar con el huachicol, el mismo López Obrador repetía constantemente durante sus mañaneras, “La calumnia, cuando no mancha, tizna”.

El 17 de septiembre, el gobierno anunció el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en San José Iturbide, Guanajuato, presentado como el mayor decomiso de este tipo registrado en los últimos años. La operación colocó en el centro de la conversación a Grupo SIMSA y a una terminal de almacenamiento ubicada en un estado gobernado históricamente por el PAN.

Grupo SIMSA sostiene que la terminal opera legalmente y cuenta con el permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016, cuya vigencia es de 30 años y que ha sido objeto de diversas modificaciones regulatorias. Gonzalo Monroy, especialista en energía, cuestionó también que pudiera calificarse automáticamente como huachicol el combustible almacenado en la terminal. Señaló que la instalación presta servicios a empresas como Valero, Mobil y hasta a Pemex y que la terminal almacena y distribuye combustible, mientras que la importación corresponde a sus clientes. La FGR mantiene abierta la investigación sobre el origen y la legalidad del combustible, pero el golpe mediático ya está dado.

Piénsalo así: pase lo que pase con estos casos en el futuro, comunicacionalmente el efecto ya ocurrió. El huachicol volvió a ocupar un espacio importante en la conversación pública, pero esta vez aparece asociado a actores que no pertenecen a Morena. Y eso cambia el relato, en esta nueva versión de la historia, Morena ya no aparece como parte del problema, sino como el partido que está combatiendo la actividad ilícita.

Primero un exgobernador panista. Después empresarios y una instalación ubicada en Guanajuato. El problema comienza a presentarse como una red de corrupción que atraviesa partidos, gobiernos, empresas y distintas etapas de la historia reciente del país. Y ese cambio modifica también la posición del gobierno dentro de la narrativa.

En la percepción pública, el huachicol fiscal comienza a dejar de aparecer como un delito vinculado principalmente a Morena y la conversación empieza a encuadrarse alrededor de otra pregunta: ¿quién está combatiendo un problema de huachicol fiscal que viene de gobiernos anteriores y que involucra a distintos actores?

Hoy, una acusación contra Ernesto Ruffo ya colocó a un exgobernador panista dentro de la conversación sobre el huachicol; y el caso de Guanajuato incorpora ahora a empresas y a un territorio históricamente asociado con la oposición.

Personalmente, hace tiempo que dejé de creer en las coincidencias cuando se trata de política. Después de más de dos décadas estudiando comunicación política en México, estoy convencido que hay elementos para pensar que el desplazamiento actual no es solamente judicial, sino político y electoral. Mientras aparecen investigaciones contra figuras o empresas vinculadas con la oposición, incluso en casos donde la solidez de las acusaciones está siendo cuestionada, las investigaciones sobre personajes de Morena señalados públicamente por posibles vínculos con estas redes no parecen avanzar y, como diría don Teofilito, “ni lo harán”.

Estamos frente a una estrategia de comunicación y propaganda más amplia: redistribuir el costo político de un problema que comenzaba a asociarse cada vez más con Morena. No se trata necesariamente de justicia ni de venganza; están tratando de diseñar quien terminará cargando, en la percepción pública, con el costo político de un problema de corrupción y huachicol cuyas redes han sido objeto de investigaciones también en Estados Unidos y que, hasta ahora, habían quedado asociadas principalmente con figuras de un solo grupo político.

Tendrán que ser las investigaciones y, eventualmente, la historia las que determinen si fue correcta mi interpretación. Pero desde la perspectiva de la comunicación política hay algo que sí puede observarse con claridad: el gobierno no solamente está persiguiendo combustible; está disputando el significado político del huachicol en tu mente.

Y cuando cambia quién aparece dentro del problema, también puede cambiar quién termina pagando el costo político de ese problema.

El cargo El huachicol necesita un nuevo culpable / Por Jorge García apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.

En ocho días, los hutíes cambiaron el mapa de Yemen. Entre el 3 y el 11 de septiembre avanzaron sobre unos 5,400 kilómetros cuadrados, tomaron seis distritos de Taiz y Hodeida, Moca y Dhubab, alcanzaron las islas del estrecho y se colocaron sobre Bab el-Mandeb, una de las rutas marítimas estratégicas del planeta. Para dimensionar la velocidad del avance: Rusia asegura haber conquistado alrededor de 5,300 kilómetros cuadrados en Ucrania desde enero. A los hutíes les tomó ocho días ocupar una superficie semejante. Y no partían de una posición marginal: aunque controlaban una porción menor del territorio yemení, bajo su autoridad vivían alrededor de tres cuartas partes de la población, incluida Saná, la capital.

Pero la importancia de la ofensiva no está solamente en cuánto territorio ganaron, sino en cuál. Hoy los hutíes controlan toda la costa yemení del mar Rojo y se han colocado sobre Bab el-Mandeb. No cerraron el estrecho. Hicieron algo bastante más preciso: anunciaron que la navegación comercial podía continuar para todos, excepto para Arabia Saudita. El mensaje no iba dirigido al comercio mundial. Tenía nombre, bandera y destinatario. Todos menos tú.

¿Por qué debería importarle a México lo que está ocurriendo a más de 12 mil kilómetros de distancia? Porque Arabia Saudita está descubriendo el costo de depender demasiado de un solo aliado. México debería mirar con atención. Mientras vuelve a explorar una relación bilateral más estrecha con Estados Unidos, sigue dejando pendiente una tarea mucho más urgente: diversificar sus mercados y reducir una dependencia comercial extraordinaria de un solo país.

No se trata de sustituir a Estados Unidos ni de negar una integración económica construida durante décadas. Se trata de tener alternativas. Arabia Saudita creyó tenerlas y hoy descubre hasta dónde llegan cuando los intereses de Washington dejan de coincidir con los suyos. Para México la advertencia es sencilla: tener un socio principal es una ventaja; depender de él para casi todo es una vulnerabilidad.

Arabia Saudita pidió ayuda. Mohammed bin Salman acudió directamente a Donald Trump en busca de una intervención militar estadounidense contra los hutíes. Washington ofreció inteligencia y apoyo para identificar objetivos, pero no los ataques que Riad esperaba. Después hizo algo mucho más revelador: se sentó a negociar directamente con los hutíes en Omán. El acuerdo esencial fue sencillo: los barcos estadounidenses no serían atacados y Bab el-Mandeb permanecería abierto a la navegación internacional. Arabia Saudita tendría que resolver su propio problema.

Arabia Saudita había preparado una salida para una crisis como ésta. El oleoducto Este-Oeste cruza unos 1,200 kilómetros de la península y lleva el petróleo desde los campos orientales hasta Yanbu, en el mar Rojo, evitando el estrecho de Ormuz. Pero tres de sus estaciones de bombeo fueron atacadas y la ruta quedó fuera de servicio. Con Bab el-Mandeb bajo control hutí y el paso vedado a los buques saudíes, Riad volvió a depender de Ormuz. Mohammed bin Salman pidió entonces ayuda a Washington: llamó dos veces a Donald Trump el 10 de septiembre para solicitar una intervención militar contra los hutíes y siguió presionando durante los días siguientes. Trump ofreció inteligencia y apoyo para seleccionar objetivos, pero se negó a intervenir directamente. Después llegó a ordenar los preparativos para un ataque y volvió a cambiar de decisión cuando la operación ya estaba en marcha. Arabia Saudita había construido una alternativa a Ormuz; lo que no había construido era una alternativa a Estados Unidos.

México lleva treinta años recibiendo advertencias sobre el riesgo de concentración y hoy, en 2026, sigue profundizando la concentración. La primera gran crisis del jitomate llegó en 1996, cuando productores de Florida acusaron a los exportadores mexicanos de vender por debajo de su valor y presionaron para que el Departamento de Comercio de Estados Unidos abriera una investigación antidumping. El conflicto produjo un acuerdo que no resolvió el problema: volvió a negociarse en 2002, 2008, 2013 y 2019. Hubo cuotas, amenazas de cierre, inspecciones, camiones detenidos durante horas en la frontera y productores mexicanos obligados una y otra vez a esperar una decisión tomada en Washington para saber si podrían vender su cosecha. En 2025 Estados Unidos volvió a terminar el acuerdo e impuso una cuota compensatoria de 17.09%. En 2026 tocó otra vez al aguacate: Washington suspendió las inspecciones necesarias para exportarlo desde Michoacán. Cambian el producto, el año y el gobierno estadounidense; la vulnerabilidad permanece.

Treinta años después de la primera crisis del jitomate, 83% de las exportaciones mexicanas siguen teniendo un solo destino: Estados Unidos. Más de ocho de cada diez dólares que México vende al exterior dependen de un mercado sobre el que no tiene ningún control. No es que falten alternativas ni instrumentos para construirlas. México tiene tratados comerciales con más de 50 países, pertenece a APEC y mantiene relaciones económicas con China, Japón, Corea del Sur y las principales economías europeas. Su propio Programa Sectorial de Economía establece como objetivo diversificar los mercados y destinos de las exportaciones nacionales.

Sin embargo, el 2 de julio pasado, cuando Marcelo Ebrard, secretario de Economía, fue consultado expresamente sobre la posibilidad de negociar un acuerdo comercial con China, respondió que México no preveía nuevos tratados de libre comercio, ni con China ni con otros países. La prioridad, explicó, era defender la posición mexicana en su principal mercado: Estados Unidos. Mientras Estados Unidos atraviesa una de las presidencias más inestables de su historia reciente, México sigue apostando ocho de cada diez dólares de sus exportaciones a una sola puerta.

Y no es falta de capacidad. México es el primer exportador mundial de cerveza; Bimbo se convirtió en la mayor panificadora del planeta; CEMEX construyó una de las grandes cementeras internacionales; América Móvil extendió sus redes por América Latina y Europa; Gruma llevó sus productos a decenas de países y Coca-Cola FEMSA es el mayor embotellador del sistema Coca-Cola por volumen de ventas. Hay infraestructura, capacidad industrial, experiencia logística, controles de calidad, conocimiento de los mercados internacionales y productos capaces de competir fuera de nuestras fronteras. Las empresas mexicanas llevan décadas demostrando que pueden salir al mundo.

Pero México sigue obstinado en concentrar su comercio exterior en Estados Unidos, cuando buena parte del mundo entendió ya que diversificar mercados, proveedores, rutas y socios no es una declaración ideológica sino una forma elemental de reducir riesgos. Y la contradicción empieza a rozar el absurdo: mientras Marcelo Ebrard declara que México no busca nuevos tratados comerciales con China ni con otros países, los OXXO ya aparecen en Brasil, Chile, Colombia y Perú y el Dr. Simi cruzó hace tiempo la frontera mexicana. El empresariado mexicano parece haber descubierto que el mundo no termina en Estados Unidos. Falta que se entere la política comercial mexicana.

México conoce incluso el otro lado de la historia. En 2023 cerró su mercado al camarón fresco y congelado de Honduras después de un litigio promovido por productores de Sinaloa. México era entonces el segundo mercado del camarón hondureño y entre 70 y 80% de lo que Honduras enviaba a nuestro país correspondía precisamente al producto congelado que quedó bloqueado. Para febrero de 2024, el valor de las exportaciones hondureñas de camarón había caído 79.4%. Bastó que un país cerrara una puerta para poner en problemas a toda una industria. La dependencia no tiene nacionalidad: México la padece frente a Estados Unidos y puede imponerla sobre economías más pequeñas.

Arabia Saudita acaba de aprender la misma lección. Cuando sus intereses dejaron de coincidir con los de Washington, Estados Unidos protegió los propios. Riad no dejó de ser aliado, socio estratégico ni uno de sus principales compradores de armamento. Simplemente descubrió que ninguna de esas palabras sustituye una alternativa.

México todavía puede aprender sin pagar el mismo precio. Diversificar no significa romper con Estados Unidos, sustituirlo por China ni escoger un nuevo patrón. Significa tener opciones. El resto del mundo parece haberlo entendido: diversifica mercados, proveedores, monedas, rutas y alianzas porque sabe que la dependencia funciona hasta el día en que deja de funcionar.

Mientras Estados Unidos atraviesa una de las presidencias más inestables de su historia reciente y enfrenta, al mismo tiempo, una de las crisis más profundas de su hegemonía global, México sigue apostando ocho de cada diez dólares de sus exportaciones a una sola puerta.

Porque cuando otro tiene la llave de la única puerta, no eres socio. Eres dependiente.

Y si, además, te colocas voluntariamente el yugo, eres el cordero.

El cargo El cordero de Trump / Por Lucía Deblock apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.

Algo terrible, turbio y maloliente ocurre desde hace muchos años en este hermoso estado llamado Morelos. El asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, de apenas 21 años, tras un supuesto robo en esa entidad federativa vuelve a poner el dedo en la herida que lleva mucho tiempo abierta.

Este no es un hecho aislado. En los últimos meses, varias estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han sido asesinadas sin que, hasta el momento, los motivos se hayan aclarado y, lo peor, es que se siguen cometiendo crímenes con una impunidad absoluta.

Morelos lleva años hundido en la violencia con un crimen organizado cada vez más fuerte, una rampante ola de corrupción e impunidad que duele y lastima a la población morelense. Y ante todo este deterioro, conviene preguntar: ¿dónde están los políticos responsables del cataclismo de este hermoso estado?

Gobernadores van y vienen no importando el partido que representan. Son señalados, investigados y cuestionados sin que la lumbre les llegue siquiera a los talones. Viven con grandes lujos, comodidades y una tranquilidad que contrasta brutalmente con la de las familias de las víctimas.

En nuestro país parece que gobernar mal tiene muy pocas consecuencias. Simplemente dejan el cargo y siguen adelante sin importarles nada. La justicia puede esperar, para ellos no hay prisa. Lo terrible es que los muertos ya no pueden seguir adelante y menos defenderse. Eso es lo lamentable y doloroso.

Claudia Tacoronte vino a México a estudiar. No vino a morir y, lamentablemente, murió como tantas jóvenes lo han sufrido en cada rincón de nuestro país.

¿Está podrido Morelos? Tal vez la pregunta correcta sea: ¿cuánto de nuestro México está igual de podrido? Mientras tanto, los responsables de esta pudrición social siguen felices por el mundo, impunes, porque en este país la justicia no existe.

El cargo ¿Está podrido Morelos? / Por Jose Hermilo Amezcua Domínguez (JHAD) apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.

Imagina que pasa 21 años trabajando en un mismo lugar y que, de la noche a la mañana, te dan las gracias. Sin liquidación, sin mayor explicación y con el argumento de que “se perdió la confianza”. Pues eso es, según trabajadores, lo que ha ocurrido con servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quienes desde hace meses han sido despedidos y se van con las manos vacías.

Es increíble que esto suceda en un organismo que, justamente, existe para defender los derechos humanos, entre ellos los laborales.

La Comisión sigue envuelta en movimientos de personal que, de acuerdo con versiones internas, alcanzan distintas áreas de la institución.

Mientras unos trabajadores son separados de sus cargos bajo el argumento de pérdida de confianza, otros cuestionan las decisiones administrativas y el rumbo que ha tomado el organismo.

Otro de los puntos que genera inconformidad es el estado de los ombudsmóviles, unidades que permanecen detenidas y deteriorándose, pese a que fueron adquiridas para acercar los servicios de la Comisión a la ciudadanía. El reclamo es claro: hay recursos públicos inmovilizados mientras se reducen espacios y personal.

También está bajo la lupa el gasto realizado para la elaboración del Informe 2025. Al interior de la Comisión hay quienes cuestionan cuánto costó ese ejercicio y si era una prioridad en medio de los recortes y despidos que enfrenta la institución.

Como si eso no bastara, también circulan señalamientos sobre la presencia de familiares de funcionarios dentro de la Comisión, lo que alimenta dudas sobre los criterios de contratación y permanencia. Entre despidos, recursos desaprovechados y cuestionamientos por posibles vínculos familiares, la Comisión de Derechos Humanos enfrenta un desafío que no puede ignorar: demostrar que los derechos que exige para otros también los respeta al interior de su propia casa.

Y Sepa La Bola pero también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nació para ser un contrapeso del poder y una voz para las víctimas, hoy enfrenta uno de los momentos más cuestionados de su historia. Uno fe los ejemplos mas emblemáticos fue la recomendación sobre el caso Ayotzinapa ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos por eximir de responsabilidad al Ejército y desacreditar el trabajo de expertos independientes y colectivos que durante años han acompañado a las familias de los 43 normalistas.

El documento, de más de 800 páginas, no solo ha provocado críticas por su contenido, sino también por el tono con el que cuestiona a organizaciones civiles y organismos internacionales como el GIEI.
Lo preocupante es que la discusión ya no gira únicamente sobre Ayotzinapa, sino sobre la credibilidad de la propia Comisión. Un organismo defensor de derechos humanos pierde fuerza cuando sus resoluciones generan más dudas que confianza. La autonomía, la verdad y la defensa de las víctimas son el patrimonio más importante de la CNDH; sin ellos, su papel como institución queda inevitablemente bajo escrutinio.

El cargo ¿Quién defiende contra las comisiones de DH? / Por Claudia Bolaños apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.

Es un milagro moderno. Por primera vez en la historia del capitalismo salvaje, los magnates de una industria multimillonaria están viajando por el mundo suplicando a los gobiernos que, por favor, los regulen. “La Inteligencia Artificial podría extinguir a la humanidad”, dicen con cara de preocupación los directivos de las grandes tecnológicas, mientras firman contratos gubernamentales masivos, venden infraestructura a Estados y levantan rondas de inversión de miles de millones de dólares.

Qué conmovedor. Lástima que también sea una gigantesca maniobra de relaciones públicas.

Detrás del teatro del “riesgo existencial” y los apocalipsis de ciencia ficción, se esconde una de las estrategias de negocios más viejas y efectivas: la captura regulatoria. Las corporaciones no quieren que el gobierno las controle a ellas; quieren que el gobierno controle a su competencia.

El “Foso del Fin del Mundo” y la Guerra contra el Código Abierto

En la jerga del análisis tecnológico, a esta jugada se le conoce como el “Doomsday Moat” (el foso del fin del mundo). Funciona así: convences a los legisladores de que los modelos de lenguaje son tan peligrosos como el material radiactivo. Como resultado, los gobiernos proponen leyes que exigen auditorías externas carísimas, infraestructura específica, reportes interminables y protocolos de seguridad hiperestrictos.

¿Quién tiene ejércitos de abogados, lobby regulatorio y capital para pagar esa pesadilla burocrática? Exacto: las mismas empresas que pidieron la regulación. ¿Quién no puede pagarlo? Las startups emergentes, las universidades, los laboratorios pequeños y, sobre todo, el mayor terror de Silicon Valley: la comunidad de código abierto (open source).

El verdadero pánico de los oligopolios de la IA no es que Skynet despierte, es que desarrolladores independientes construyan modelos gratuitos y potentes, destruyendo sus márgenes de ganancia. Ya lo vimos con la polémica iniciativa SB 1047 en California: buscaba imponer obligaciones de seguridad a modelos de frontera, y en sus versiones iniciales llegó a generar discusión por declaraciones bajo pena de perjurio y cargas legales que después tuvieron que suavizarse. El mensaje para el ecosistema pequeño era obvio: si antes de publicar un modelo necesitas contratar abogado, gestor y seguro contra demandas, el código abierto se queda sentado en la banca y el monopolio corporativo gana sin sudar.

No se trata de defender una jungla sin reglas. Se trata de entender quién puede sobrevivir cuando las reglas se vuelven trámite de ventanilla: copia por duplicado, cita imposible y regreso mañana porque “faltó una firma”. Una buena regulación debería hacer lo contrario: crear piso parejo en la industria, abrir competencia real y obligar a que la mejor oferta llegue al usuario, al comprador y al cliente final. Si la ley solo encarece la entrada al mercado, no protege al consumidor; le cuida el changarro al que ya estaba instalado.

El Impacto en México: Copiar, Pegar y Burocratizar

Por supuesto, en México nuestros políticos no podían quedarse sin salir en la foto. Si algo le gusta al Congreso es subirse a tendencias tecnológicas que apenas comprende para proponer leyes “salvadoras”.

Actualmente, México acumula un catálogo creciente de iniciativas legislativas sobre inteligencia artificial. Hay propuestas para reformar el artículo 73 constitucional y darle al Congreso facultades explícitas en la materia; iniciativas de leyes nacionales y generales de IA; proyectos para regular usos éticos, menores de edad, desinformación automatizada, protección de artistas y hasta la creación de órganos o comisiones especializadas. El problema no es que se discuta. El problema es que, muy a la mexicana, acabemos confundiendo regulación con trámite: una fila más larga, un sello más caro y una nueva oficina donde nadie sabe bien qué está autorizando.

En julio de 2026, desde el Congreso se retomó el debate nacional. Ricardo Monreal urgió a legislar y regular la IA, mientras desde el Senado se hablaba de crear un “modelo mexicano” que no copiara errores de otras regiones. La frase suena bien. La prueba real será si el modelo mexicano entiende que regular no es ponerle un candado importado a una industria que todavía ni termina de nacer aquí.

Si México aprueba leyes que exigen certificaciones costosas de “uso ético”, “supervisión humana” y auditorías de riesgo para cualquier lanzamiento serio, las empresas y universidades mexicanas jamás podrán desarrollar tecnología soberana. Terminarán condenadas a ser simples clientas de licencias extranjeras, porque solo las gigantes multinacionales tendrán la chequera para cumplir con los requisitos del gobierno. Básicamente, legislamos para proteger el negocio extranjero bajo la excusa de la ética.

El objetivo correcto debería ser mucho más simple y mucho más difícil: reglas claras contra daños concretos, transparencia cuando afecte derechos, responsabilidad cuando haya fraude, discriminación o abuso, y espacio real para innovar. P

iso parejo, no charola servida para los mismos de siempre.

El Mundo ya Está Regulando, Pero no Todos Regulan Igual

La Unión Europea eligió el camino más ambicioso: una ley integral basada en niveles de riesgo. Algunas prácticas quedan prohibidas, los sistemas de alto riesgo cargan obligaciones pesadas y los modelos de propósito general enfrentan deberes de transparencia, seguridad y documentación. Es el paquete completo: anexos, excepciones, responsabilidades y la alegría de tener al abogado sentado junto al programador desde el día uno.

Estados Unidos, en cambio, se mueve con una obsesión distinta: ganar la carrera. Trump lo dijo sin adornos: “quien gane con la IA, gana”. Su rechazo a frenar el desarrollo no viene de una súbita fe libertaria en los desarrolladores independientes, sino de una lógica geopolítica: si Washington pisa el freno, Beijing acelera. Mike Johnson, líder republicano en la Cámara Baja, lo planteó en la misma clave: una moratoria de emergencia podría hacer que Estados Unidos pierda ventaja frente a China, lo que, para ellos, ya no es un problema tecnológico sino de seguridad nacional.

Y ahí la regulación se vuelve todavía más resbalosa. Porque cuando una ley se escribe con lenguaje de “seguridad”, “competitividad” y “amenaza china”, puede terminar sirviendo para dos cosas al mismo tiempo: proteger a la población de riesgos reales y proteger a las grandes empresas nacionales de competidores extranjeros, startups locales y proyectos abiertos. China, por su parte, tampoco juega a la inocencia. Regula con una lógica de control político, seguridad nacional, gestión del contenido y registro de servicios generativos. Al mismo tiempo, acusa a Estados Unidos de usar el discurso del riesgo para contener su avance tecnológico. Todos hablan de humanidad; todos están haciendo cuentas de fábricas, chips y contratos públicos.

Canadá intentó avanzar con una ley de IA dentro del paquete C-27, pero su proceso legislativo ha tenido tropiezos y pausas. La Unión Europea presume su modelo de derechos y riesgo. Estados Unidos presume velocidad. China presume soberanía y control. Cada potencia regula según sus intereses. México haría bien en notar ese detalle antes de importar una receta ajena y creer que con ponerle chile ya quedó nacional.

La lección para México no es copiar al primer país que salga en un panel internacional. La lección es elegir qué problema queremos resolver. Si el problema es proteger derechos, regulemos usos dañinos. Si el problema es competencia, impidamos concentración. Si el problema es soberanía tecnológica, no le pongamos candado al taller antes de comprar las herramientas. En una carrera global donde Estados Unidos y China usan la IA como poder industrial, una regulación mexicana mal diseñada puede dejarnos en el peor lugar posible: ni protegidos, ni competitivos, ni dueños de nuestra propia tecnología.

Agua, Luz, RAM y Chamba: lo que Sí nos va a pegar

También hay que hablar de lo que casi nunca sale en las conferencias bonitas: la IA no vive en una nube mágica. Vive en centros de datos que consumen electricidad, agua, tierra, permisos y paciencia vecinal. En México el tema ya dejó de ser futurista. Querétaro se está volviendo un valle de centros de datos, con inversión, promesas de empleo y el mismo problema de siempre: cuando llega el proyecto grande, a la comunidad le toca preguntar si también le van a dejar agua, luz y beneficios reales, no solo el discurso de “progreso”.

Ahí la regulación mexicana debería ponerse seria. No basta con pedirle a una app que sea “ética” si al mismo tiempo no sabemos cuánta agua va a usar el centro de procesamiento que la mantiene viva. Si vamos a recibir data centers por estar pegados a Estados Unidos, entonces hay que hablar de disponibilidad eléctrica, acuíferos, permisos municipales, impacto ambiental, transparencia en consumo y tarifas. Porque una cosa es traer inversión y otra muy distinta es que el pueblo ponga el terreno, la luz y el agua para que otro cobre en dólares.

La vecindad con Estados Unidos nos mete de lleno en la carrera. México ya aparece como pieza clave en la cadena de hardware para IA: servidores, ensambles, componentes y exportaciones que cruzan al norte. Eso puede ser oportunidad industrial, claro. Pero si solo armamos fierros mientras otros diseñan chips, modelos y propiedad intelectual, otra vez nos toca la parte menos rentable del negocio. Como quien pone la carne asada, y cuando al fin se sentó a comer le tocó puro chorizo y dos nopales ya bien secos.

Y luego está el costo escondido de la memoria. La fiebre por entrenar y correr modelos disparó la demanda de chips de memoria: DRAM, NAND, HBM, RAM para servidores. Eso no se queda en Wall Street. Termina pegando en computadoras, celulares, servidores, agencias, universidades y pymes. Cuando el precio de la RAM sube porque medio planeta está alimentando data centers, el diseñador, el editor de video, el estudiante y el taller de la esquina también pagan la cuenta.

La regulación tampoco está lista para cuando la IA salga de la pantalla y se meta a la calle. ¿Quién responde si un robot de reparto atropella a alguien en una banqueta llena de puestos? ¿Quién regula un taxi autónomo en una ciudad donde a veces ni el semáforo sirve y el bache parece patrimonio cultural? ¿Qué pasa con repartidores, choferes, taxistas, ilustradores, locutores, redactores, fotógrafos y trabajadores a pie cuando la automatización empiece a comerse encargos, rutas y propinas?

Ese es el debate que México necesita: no una ley escrita para presumirse en un foro, sino reglas que entiendan la vida diaria. La IA no solo afecta “al país” en papel. Afecta al recibo de luz, al tinaco, a la laptop, al empleo, al taxi, al repartidor, al artista que ve su voz clonada y al cliente que terminará pagando una tecnología más cara, más concentrada y menos competida si dejamos que los de siempre hagan la regla a su medida.

Mientras Tanto, la IA ya Está en la Guerra

La parte más absurda del debate es que muchos gobiernos hablan del apocalipsis de la IA como si el mayor peligro fuera que un estudiante haga la tarea con ChatGPT. Mientras tanto, la inteligencia artificial ya está entrando al campo militar.

El Pentágono impulsa programas para desplegar miles de sistemas autónomos en distintos dominios. La OTAN adoptó una estrategia de IA para integrar estas capacidades en defensa, ciberseguridad y toma de decisiones. En Ucrania, la guerra de drones ha acelerado el uso de sistemas con navegación autónoma, selección asistida de objetivos y resistencia a interferencias. En Gaza, investigaciones periodísticas han señalado el uso de herramientas de IA para acelerar análisis de inteligencia y selección de blancos, con fuertes cuestionamientos sobre errores, sesgos, supervisión humana y responsabilidad por daños civiles.

Ahí está el verdadero dilema: no si una app genera un resumen bonito, sino quién responde cuando un sistema automatizado ayuda a decidir a quién vigilar, detener o bombardear. Curiosamente, esa conversación avanza más lento que trámite con tres copias del INE.

El Escudo Legal Definitivo

Las regulaciones propuestas a nivel mundial tienen otro truco escondido. Las IAs que hoy usamos fueron entrenadas absorbiendo enormes cantidades de texto, código, imágenes y datos de internet, en medio de demandas y acusaciones por derechos de autor, privacidad y uso no autorizado de obras.

Al incrustarse en paneles de asesoría y ayudar a redactar las nuevas reglas, las grandes empresas buscan algo más que seguridad: buscan legitimidad. Si el gobierno termina diciendo que sus modelos cumplen con el estándar oficial, obtienen una ventaja narrativa y legal frente a competidores, creadores y usuarios. No necesariamente un perdón absoluto, pero sí una armadura regulatoria que solo ellos pudieron pagar.

La próxima vez que veas a un magnate tecnológico pedir a gritos que el Estado intervenga por el bien de nuestros hijos, no le agradezcas tan rápido. Pregunta quién escribió la regla, quién puede pagarla y quién queda fuera. Porque tal vez no intentan salvar a la humanidad: quieren que el futuro pase por su caseta, y que el gobierno sea quien les cobre la entrada a todos los demás.

Fuentes consultadas

         •        Canal del Congreso, “Alista Congreso debate para la regulación de la Inteligencia Artificial”, 19 de julio de 2026. https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/10195

         •        Observatorio IA México, seguimiento de iniciativas legislativas sobre IA en México. https://www.observatorio-ia-mexico.com/proceso-legislativo

         •        Sistema de Información Legislativa / SEGOB, iniciativa con proyecto de decreto sobre IA, 30 de abril de 2025. https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2025/04/asun_4896460_20250430_1747757009.pdf

         •        Comisión Europea, AI Act / marco regulatorio europeo de inteligencia artificial. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

         •        AI.gov, America’s AI Action Plan. https://www.ai.gov/

         •        Casa Blanca, “Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security”, 2 de junio de 2026. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/06/promoting-advanced-artificial-intelligence-innovation-and-security/

         •        China Law Translate, Interim Measures for the Management of Generative AI Services, 2023. https://www.chinalawtranslate.com/en/generative-ai-interim/

         •        Parlamento de Canadá, Bill C-27 / Artificial Intelligence and Data Act. https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/44-1/c-27

         •        Gobernador de California, veto a SB 1047, 29 de septiembre de 2024. https://www.gov.ca.gov/2024/09/29/governor-newsom-vetoes-sb-1047/

         •        Departamento de Defensa de Estados Unidos, Replicator Initiative, 26 de enero de 2024. https://www.war.gov/News/News-Stories/Article/Article/3656446/defense-innovation-official-says-replicator-initiative-remains-on-track/

         •        OTAN, innovación y adopción tecnológica / estrategia de IA. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_184303.htm

         •        ONU, resolución A/RES/80/58 sobre inteligencia artificial en el ámbito militar, 5 de diciembre de 2025. https://docs.un.org/en/A/RES/80/58

         •        Associated Press, investigación sobre uso de modelos de IA comerciales por el ejército israelí en Gaza y Líbano, 2025. https://apnews.com/article/737bc17af7b03e98c29cec4e15d0f108

         •        +972 Magazine, “‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza”, 3 de abril de 2024. https://www.972mag.com/lavender-ai-israeli-army-gaza/

         •        Financial Times, “How AI guided Ukraine’s drones to hit Russian airfields”, 2025. https://www.ft.com/content/ccd83e2a-521f-4e35-a5f0-2ec1ef63749e

         •        EFE, “Trump se niega a detener el desarrollo de la IA: el nuevo conflicto entre demócratas y republicanos”, 13 de septiembre de 2026. https://efe.com/ciencia-y-tecnologia/2026-09-13/trump-niega-detener-desarrollo-ia-inteligencia-artificial-riesgos/

         •        Associated Press, “Beijing bristles at AI executive’s ‘fearmongering’ about China”, 15 de septiembre de 2026. https://apnews.com/article/china-anthropic-ai-us-amodei-3da458d2c078da3e60900728d59f1ae8

         •        Associated Press, “Tech CEOs ask for AI regulation. Trump and Congress are not rushing to act”, 15 de septiembre de 2026. https://apnews.com/article/ai-regulation-trump-congress-tech-politics-d2d1bac8e8666c681937665596a4f603

         •        The Wall Street Journal, “Trump Says AI Doesn’t Need More Guardrails and Calls Safety Fears a Hoax”, 14 de septiembre de 2026. https://www.wsj.com/tech/ai/trump-says-ai-doesnt-need-more-guardrails-despite-industry-warnings-b94263fa

         •        Context / Thomson Reuters Foundation, “Resistance blooms in Mexico’s data centre valley”, 4 de febrero de 2026. https://www.context.news/ai/long-read/resistance-blooms-in-mexicos-data-centre-valley

         •        Agência Pública, “In Mexico, the promised land of data centers”, 30 de octubre de 2025. https://apublica.org/2025/10/the-promised-land-of-data-centers/

         •        White & Case, “Mexico and Brazil lead Latin America’s data center boom amid US demand”, 2026. https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/latin-america-focus-2025/mexico-brazil-latam-data-center-boom

         •        S&P Global Market Intelligence, “Mexico’s Server Boom Reshapes AI Data Center Supply Chains”, 12 de agosto de 2026. https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2026/08/picture-this-mexico-server-boom-ai-data-center-supply-chains

         •        fDi Intelligence, “Mexico’s trade is being transformed by AI products”, 5 de agosto de 2026. https://www.fdiintelligence.com/content/665a4427-f3db-4dae-9e4a-11bfea4191a9

         •        J.P. Morgan Global Research, “The AI-Driven Memory Shortage: DRAM Prices, Inflation and the Data Center Buildout”, 2026. https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/technology-media-telecom/ai-driven-memory-shortage

         •        IEEE Spectrum, “How and When the Memory Chip Shortage Will End”, 12 de febrero de 2026. https://spectrum.ieee.org/memory-chip-shortage

         •        Financial Times, “Automation is coming for the gig economy”, 14 de septiembre de 2026. https://www.ft.com/content/a2c33eed-7aef-4e68-9252-3a1dddf61b5a

         •        Axios Twin Cities, “Minneapolis council members propose requiring drivers in driverless cars”, 10 de septiembre de 2026. https://www.axios.com/local/twin-cities/2026/09/10/minneapolis-autonomous-vehicles-waymo-city-license-safety-monitor

         •        Baker McKenzie, “Mexico: Regulates Use of Voice, Image and AI”, 28 de mayo de 2026. https://connectontech.bakermckenzie.com/mexico-regulates-use-of-voice-image-and-ai/

         •        OECD, “Recent policy developments on AI in the labour market”, julio de 2026. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/07/recent-policy-developments-on-ai-in-the-labour-market_52d4afe2/c0ffced7-en.pdf

El cargo Mentiras en regulación de IA: Cómo salvar al mundo asegurando tu monopolio / Por Ian Aceves Mejía Bringas apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.