La economía de Tijuana enfrenta un momento crítico como resultado del  hostigamiento y la extorsión a comercios de diversos giros, que están provocado una caída de entre el 10% y el 50% en los ingresos de sectores clave, afectando la  estabilidad financiera de los negocios, el empleo y la captación de invertir en esta importante ciudad fronteriza.

A nombre de los empresarios, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Tijuana, Olivaldo Paz Gómez, exigió a las autoridades federales, estatales y municipales la implementación de acciones eficaces para poner fin a estas prácticas ilícitas.

Señaló que este problema tiene consecuencias graves como caída significativa en los sectores del turismo, comercio y servicios, pilares de la economía local, y pone en riesgo la confianza de inversión en Tijuana y la generación de empleo.

“Negocios como cafeterías, inmobiliarias, yonkes y vendedores de autos sufren presiones indebidas y cobros que debilitan sus operaciones, orillándolos al cierre o al abandono de sus negocios”, acentuó.

El dirigente empresarial subrayó que es creciente la preocupación de los comerciantes por el aumento de inseguridad, que afecta también a los visitantes y a miles de familias que dependen de los empleos que generan los empresarios en sus negocios.

En los últimos meses, puntualizó, en CANACO Tijuana han recibido infinidad de denuncias reiteradas de nuestros afiliados que confirman la gravedad de la situación.

“El turismo gastronómico, uno de los motores económicos de la ciudad, experimenta un descenso cercano al 50 por ciento, mientras que los bares y cantinas reportan una reducción de actividad de entre el 35 y 40 por ciento”, expuso.

Precisó que la extorsión, comúnmente conocida como “cobro de piso”, es una de las principales causas del cierre de locales comerciales.

Aunque el problema es alarmante, dijo, sólo el 10 por ciento de los afectados son capaces de denunciar de manera formal, por temor.

Llamó a la voluntad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para  implementar soluciones efectivas para salvaguardar la economía y la seguridad de Tijuana.

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Esta acción se derivó de trabajos de inteligencia, lo que permitió identificar un inmueble en el municipio de Playas de Rosarito, del mismo estado, donde se dio cumplimiento a una orden de cateo y fueron asegurados 10 vehículos modificados para el transporte de material ilícito y 10 cartuchos útiles.

Cabe destacar la coordinación interinstitucional en el seguimiento a objetivos prioritarios de células delictivas pertenecientes a grupos delincuenciales que operan en esa región, con el fin de fortalecer la seguridad para las familias mexicanas.

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente, con el fin de integrar la carpeta de investigación del caso y realizar las diligencias subsecuentes.

Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación con autoridades locales para inhibir la acción delincuencial y garantizar la seguridad en el país.

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En seguimiento a trabajos de inteligencia para detener a generadores de violencia, se ubicó un domicilio en la calle Manuel Flores de la colonia Los Altos, en el municipio de Tijuana, donde se resguardaba José Antonio “N”, encargado de una célula delictiva dedicada a la distribución y venta de droga, además de coordinar actividades de vigilancia y homicidio.

Para salvaguardar la integridad de la población, se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas con lo que se obtuvieron datos de prueba suficientes, que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó el mandamiento para intervenir la propiedad.

Los elementos de seguridad cumplimentaron la orden de cateo, donde detuvieron a José Antonio “N” de 42 años de edad, además aseguraron aproximadamente 15 kilos de droga, 500 pastillas, tres armas largas, cinco cargadores, 300 cartuchos útiles y dos vehículos.

Al detenido se le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fue puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República refrendan su compromiso al trabajar de manera conjunta y coordinada para velar por la seguridad de todas las familias mexicanas.

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La medida responde a una orden del gobierno de Donald Trump, que declaró la línea divisoria como zona militar.

Ante ello, activistas y organizaciones de derechos humanos mexicanas han expresado su preocupación por esta creciente militarización, advirtiendo que podría poner en mayor riesgo a las personas en situación de movilidad en la frontera.

El pastor Juan Fierro García, director del albergue Buen Samaritano en Ciudad Juárez, alertó este miércoles sobre las consecuencias que esta decisión podría tener en la seguridad de los migrantes.

“Los que día con día estamos viendo desde este periodo presidencial que se dio a partir de enero (con Trump) hemos visto que hay cada vez más obstáculos y más vigilancia de la patrulla fronteriza, de los militares que se encuentran, de la Guardia Nacional de Estados Unidos y la Guardia Nacional de México”, comentó a EFE en entrevista.

Según el líder religioso, la constante vigilancia ha obligado a los migrantes a buscar alternativas más peligrosas para cruzar la frontera ” y por lo tanto se ponen más en riesgo estas personas porque muchos de ellos tienen que buscar, ahora sí, al “coyote” (traficante de personas) para poder cruzar” afirmó.

Fierro explicó que muchas personas en movilidad son víctimas de engaños por parte de los traficantes de personas y advirtió que las nuevas condiciones en la frontera podrían llevar a los migrantes a enfrentar consecuencias legales sin tener conocimiento de las normas.

“Entonces estas personas pueden llegar a cruzar esta línea ya militarizada y quizás le traiga alguna condena o algún juicio para ellos y puedan ir a prisión por algún tiempo”, expuso.

Además, dijo que para los migrantes la situación “es peligrosa y dura porque no saben exactamente lo que están violando, sin embargo se les va a aplicar la ley”.

Desde su experiencia diaria en el albergue, Fierro aseguró que muchos migrantes buscan simplemente una mejor vida “buscan es un bienestar para su familia, hombres que quieren cruzar para poder juntar dinero y enviarle a su familia o familias que quieren cruzar para sobrevivir”.

Señaló que estas medidas están provocando desplazamientos hacia otras zonas fronterizas del país y el fenómeno no solo afecta a los migrantes, sino también a quienes operan redes de tráfico de personas.

“Por la presión y los obstáculos que se están dando se puedan también mover hacia otro lugar los que trabajan como ‘coyotes’ (traficantes) y ese movimiento podría extender el problema a otras regiones”, apuntó.

Fierro consideró que esta estrategia de seguridad puede tener consecuencias más amplias para el país.

“Esto cada día viene a complicar la situación fronteriza de México. ¿Por qué? Porque hay muchas fronteras a lo largo del norte de México y cada frontera tiene sus situaciones muy específicas” concluyó.

El endurecimiento de las políticas migratorias en la franja fronteriza, donde México envió a al menos 10.000 agentes de la Guardia Nacional para combatir el tráfico de drogas y migrantes, fue parte de un acuerdo con el presidente Trump para retrasar los aranceles, mientras que en la frontera sur hay operativos para detener a personas sin documentos.

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El convenio representa un paso significativo hacia la creación de un entorno más favorable para las PyMES de la localidad.

Desafiando paradigmas, se integran soluciones innovadoras, en un entorno seguro, bajo la experiencia de una atención personalizada, que trasciende en la administración diaria de sus negocios.

Este acuerdo permitirá que las PyMES de Ensenada, que estén constituidas como personas físicas con actividad empresarial y personas morales, tengan acceso a una oferta integral, ofreciendo soluciones financieras sencillas, transparentes y convenientes, SIN COSTO:

• Paquete PyME con la dispersión de nómina.
  • Banca Electrónica, transferencias (SPEI, Internacionales), pagos y consultas.
• Nómina, con administración e implementación en la empresa, autoservicio y sucursal.
• Crédito Amortizable: Hasta un 100% de bonificación comisión de apertura.
• Terminal punto de venta, sin cuota de afiliación y sin costo en la renta los seis primeros meses.
• Tienda en línea, desarrollo e implementación y sin cuota de afiliación por un año.
• Negocio Protegido, con 10% de descuento.
• Tipo de cambio preferencial en cambio de divisas por volumen de operaciones mensuales.
• Soluciones de Inversión, para hacer crecer su dinero.
• Acceso a conferencias y análisis de valiosa trascendencia.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes ING. Nicolás Ayub Martínez, Presidente de CANACO SERVYTUR Ensenada, Ing. Jorge Alberto Menchaca Sinencio, Vicepresidente CONCANACO, Lic. Juan Antonio Sánchez Zertuche, Vicepresidente Jurídico de CONCANACO y Roberto Enrique Baltazares Rocha, Director Divisional Noroeste de Banamex.

“En Banamex estamos muy contentos por este convenio con CANACO SERVYTUR Ensenada, ya que nos permitirá contribuir al desarrollo económico del municipio, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan seguir creciendo y operando con financiamiento accesible”, señaló Roberto Enrique Baltazares Rocha, Director Divisional Noroeste de Banamex.

Para más información y obtener los beneficios, los interesados en Ensenada pueden acudir a su sucursal Banamex más cercana y registrarse en www.banamex.com/pymes/solicitud-de-asesoria/ con el código promocional: ENSENADA.

La oferta concluye el 31 de diciembre 2025.

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En acciones encabezadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se ejecutaron dos órdenes de cateo en dos inmuebles en Baja California, donde se aseguraron diversos paquetes de drogas y vehículos.

En seguimiento a labores de gabinete y campo, además de diferentes carpetas de investigación por delitos contra la salud, a fin de evitar el paso de drogas a los Estados Unidos, los agentes de seguridad realizaron vigilancias fijas y móviles en dos predios que eran utilizados para almacenar sustancias ilícitas, con lo cual recopilaron datos de prueba suficiente que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo.

Por lo anterior, los efectivos implementaron acciones operativas para su intervención. En uno de los inmuebles ubicado en el fraccionamiento Punta Azul Rosarito, los elementos de seguridad aseguraron 238 bolsas de plástico con metanfetamina, además de localizar un contenedor de plástico que tenía en su interior la misma sustancia.

En un segundo predio ubicado en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez en Playas de Rosarito, los agentes incautaron 122 paquetes rectangulares embalados en plástico con cocaína, además de dos camionetas, un camión y un montacargas.

La droga asegurada y los vehículos fueron puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público correspondiente a fin de continuar con las diligencias correspondientes. En tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan el compromiso de combatir el trasiego de drogas.

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Empresarios de Tijuana reconocieron la especial “vulnerabilidad” de esta región fronteriza tras la entrada en vigor de los aranceles del 25 %, impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, por lo que advirtieron que podrían provocar un colapso de inversiones y fuga de empresas.

Así lo indicó Alejandro Jaramillo Osuna, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), al asegurar que la medida es un duro golpe contra los dos mayores socios comerciales de EE.UU., lo cual podría generar un caos en la industria con la pérdida masiva de empleos.

“Ahora mismo no es un momento propicio para recibir nuevas órdenes de trabajo, y esto no alienta a la inversión al atentar contra la certidumbre. Además, a mediano y largo plazo estaremos viendo la destrucción de empleo y empresas que se puedan ir del país”, dijo Jaramillo un día después del anuncio de Trump.

Tijuana es la mayor ciudad de la frontera entre México y EE.UU., con un constante flujo de mercancías y trabajadores desde y hacia el sur de California, especialmente a San Diego.

Casi la mitad del empleo en la industria de esta ciudad con dos millones de habitantes está vinculado directamente con el comercio exterior y más del 85 % de las empresas que exportan productos de allí a Estados Unidos son de origen estadounidense, según datos oficiales, por lo que el golpe de la guerra comercial es ineludible.

“No hay manera de minimizarlo. Somos especialmente vulnerables porque somos frontera y es una región industrial donde este sector tiene un gran peso y está muy orientada a la exportación”, resaltó.

Jaramillo aseveró que el objetivo de la patronal “es evitar que haya contracción en las plantillas laborales, queremos incentivar a las empresas a que tengan la mayor paciencia posible para no hacer recortes de plantillas ahorita y esperar un par de meses para ver si esto se disipa como todos esperamos”.

El líder empresarial también refirió que el actual tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se negoció con Trump por lo que, parte del problema, es que estos aranceles contravienen, paradójicamente, ese mismo tratado que el actual mandatario negoció en 2019.

“Con ello pasan dos cosas al mismo tiempo: por un lado, enrarecen el ambiente porque es difícil negociar con alguien que te acaba de romper el acuerdo anterior que hiciste y, en segundo, pues si lo aceleran es por que se tiene que encontrar una forma de enmendarlo”, dijo.

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La combinación de las tormentas Fabio y Emilia provocaría lluvias y oleaje de hasta 3 metros en la península de Baja California, en el noroeste de México, según ha indicado este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Las tormentas tropicales Fabio y Emilia muy próximas una de otra, se localizarán al oeste-suroeste de las costas de Baja California Sur, originando un amplio sistema ciclónico que podría fusionar ambos ciclones (efecto Fujiwhara) al finalizar este día”, ha expuesto el SMN en un aviso.

Aun así, el organismo aclara que Emilia “debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio nacional”, mientras que Fabio también se aleja de las costas mexicanas, por lo que ninguno de los ciclones tocaría tierra.

En el último comunicado, Emilia se localizaba 935 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y un desplazamiento al nor-noroeste a 26 kilómetros por hora.

Mientras que Fabio estaba a 865 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 1.280 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y un desplazamiento al oeste a 39 kilómetros por hora.

“Su circulación ocasionará lluvias con chubascos en Baja California Sur y oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental del citado estado”, ha indicado el SMN.

Además de estos ciclones, el país afronta el “monzón mexicano” en combinación con “inestabilidad en niveles altos” de la atmósfera, canales de baja presión al interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ha informado el organismo.

Esto ocasionaría lluvias “puntuales fuertes” en zonas del noroeste, occidente, centro, sur, sureste y en la península de Yucatán.

Las autoridades mexicanas pronosticaron en mayo hasta 41 ciclones con nombre en el océano Atlántico y el Pacífico, de los cuales al menos cinco impactarían al país, una cifra por encima del promedio en ambos casos.

Hasta ahora, tres ciclones han golpeado México, los tres en el Atlántico: el huracán Beryl y la tormenta Chris, que dejaron saldo blanco en julio, y la tormenta Alberto en junio, cuando dejó seis muertos en Nuevo León, estado de la frontera norte de México

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La Secretaría de Salud del Gobierno de México dio a conocer la muerte de un caso de rickettsia el pasado mes de junio, el cual se suma a la lista de defunciones a causa de esta enfermedad provocada por garrapatas.

El caso fue localizado en Los Cabos, Baja California; no obstante, se han detectado más defunciones en lo que va del año en municipios como Tijuana o Mexicali. El aumento en el número de muertos ha alertado a las autoridades y a la población en general.

De acuerdo con José Adriana Medina Amarillas, secretario de Salud de Baja California, se han registrado 18 muertes por rickettsia en la entidad durante lo que va del año. En Tijuana es el municipio con mayor número de defunciones (9), seguida de Mexicali (7). Mientras que San Quintín y Los Cabos (1).

Entre los casos más sonados de defunciones sobre esta enfermedad y, de acuerdo con los registros, están la muerte de una menor de 8 años y una mujer embarazada. Las autoridades ya han alertado de las complicaciones de esta afección, por lo que han pedido a la población tomar las medidas necesarias.

Según los medios locales, en menos de 15 días fueron registradas tres defunciones; no obstante, se han monitoreado que el mayor número de afectados son los niños y niñas, así como personal expuesto al cuidado de los animales.

Uno de los últimos casos registrados se trató precisamente de un niño de 8 años, quien ingresó en estado de gravedad al Hospital General de ZETA. De acuerdo con los médicos, falleció a las tres horas de atención. Otro deceso fue el de un hombre de edad media que fue diagnosticado con infección avanzada; murió a los 3 días de la hospitalización.

Por último, entre las personas más recientemente, se reportó una persona que trabajaba con ganado bovino, en una zona rural, quien murió ante la infección severa de la bacteria.

De acuerdo con las autoridades de salud de Baja California, se han detectado al menos 31 casos positivos de rickettsia, 15 de ellos en el municipio de Mexicali, 12 en Tijuana, cuatro en San Quintín, entre otros; no obstante, entre los estados también afectados por esta infección se encuentran Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Monterrey.

El pasado 23 de marzo, la Secretaría de Nuevo León informó sobre el registro de 6 muertes a causa de rickettsia en lo que va del año, así como también 10 casos confirmados con la afección. Se han detectado 120 personas sospechosas.

Qué es la rickettsia
De acuerdo con la Dra. Guadalupe Soto Estrada, integrante del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, esta enfermedad es causada por un conjunto de bacterias que conforman a dos grandes grupos de enfermedades: la tíficas y las de fiebre manchadas.

Esta enfermedad es transmitida especialmente por garrapatas; no obstante, los piojos, pulgas, ácaros y más, pueden ser los causantes de estas bacterias. Estos se encuentran comúnmente en animales, por lo que tener una buena higiene en ellos es de suma importancia.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la fiebre por arriba de los 39 C, dolor de cabeza intenso, erupciones en la piel, cansancio, fatiga, dolor muscular, náuseas, mareos, entre otras. Las autoridades de salud han advertido de presentarse en cualquier centro de atención médica ante cualquiera de estos síntomas, los cuales podrían agravar en caso de ser atentados. Se recomienda tener mayor atención a niños pequeños y personas en contacto con animales.

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Red de corresponsales

En 2015, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió más de 8.9 millones de pesos (mdp) provenientes de distintas dependencias del gobierno estatal de Baja California, según las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante una sesión extraordinaria ocurrida este 18 de julio, el Consejo General del Instituto confirmó que el monto millonario corresponde a recursos proporcionados por las dependencias locales y que, a su vez, se habían descontado vía nómina a los trabajadores de la administración.

Sumado a ello, las autoridades electorales identificaron que el PRI de Baja California no reportó un ingreso en efectivo de 259 mil 189 pesos en beneficio de la organización política, del cual “se tiene certeza que fue entregado por cuatro dependencias en el ejercicio 2015″, se estipuló en la sesión.

Derivado de lo anterior, Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, ratificó una sanción conjunta al PRI de un millón 284 mil 241 pesos.

La primera sanción, por 895 mil 456.93 pesos, debido a que se acreditaron aportaciones realizadas desde diversas dependencias locales y se comprobó que “los recursos provenían de descuentos realizados a los trabajadores del Gobierno de Baja California”, determinó el Consejo General.

Por otro lado, la segunda sanción contempla un monto de 388 mil 784.29 pesos, debido a las aportaciones en efectivo no reportadas por el partido.

Asimismo, la autoridad electoral comentó que el PRI no ofreció respuesta alguna en términos de alegatos o ampliación del objeto de investigación.

Cabe subrayar que el titular del Gobierno de Baja California en 2015 era el panista Francisco Vega de La Madrid, también conocido como “Kiko” Vega.

En noviembre 2019, tras tomar posesión como mandatario de Baja California, Jaime Bonilla Valdez presentó una denuncia contra “Kiko” Vega, así como contra varios de sus colaboradores, por su presunta responsabilidad en varios delitos, los cuales tienen que ver con un posible daño al erario de más de 1, 200 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente 0202-2019-42685 que integró la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la denuncia interpuesta es por la comisión de 10 delitos, entre los cuales se encuentran abuso de autoridad, cohecho, peculado y hasta falsificación de documentos.

Bonilla mencionó que en el caso estarían involucradas al menos 90 empresas registradas entre Baja California y la Ciudad de México, 40 de ellas con facturas falsas.

Por su parte, la Auditoría Estatal también presentó una denuncia el 2 de mayo de 2020 ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General, pero por 1,586 millones de pesos que presuntamente se habían utilizado para el pago de diversas asesorías que nunca se impartieron.

Dicha denuncia fue presentada días antes de que elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California catearan una de las casas de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.

En aquel entonces no se especificó el motivo del cateo, ya que además de las dos denuncias interpuestas hacia Vega de Lamadrid, había una adicional en contra de Brenda Ruacho de Vega, esposa del exgobernador, por un presunto desvío de recursos que habría beneficiado al CRIT de Tijuana.

Ante tal situación, Brenda Ruacho llegó a un acuerdo con las autoridades estatales en abril de 2021 para no pisar la cárcel.

De acuerdo con Amador Rodríguez Lozano, el entonces secretario general de gobierno, la también exdirectora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) devolvería al gobierno 6.8 millones de pesos presuntamente “robados”.

El acuerdo reparatorio solicitado al Ministerio Público fue autorizado por el entonces gobernador Jaime Bonilla.

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