Mentirosa y peligrosa la alerta de COFEPRIS contra vaporizadores: MexVap

335

Redacción

La “Alerta Sanitaria Máxima” que lanzaron la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en contra de los vaporizadores constituye una medida mentirosa y perversa porque apalea la lucha para combatir el consumo de tabaco en México.

Juan José Cirión Lee, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando, lamentó que mientras autoridades de países como Reino Unido, Nueva Zelanda y Francia ya están en la etapa de utilizar a los vaporizadores en sus políticas públicas para combatir el tabaquismo, el gobierno mexicano sigue estancado en dogmas y desinformación, quitándole una oportunidad real y comprobada a todos aquellos que desean abandonar el tabaquismo.

En este sentido, el activista y Maestro en Derecho Civil no escatimó en sostener que la alerta emitida ayer representa un desatino total, pues aborda un tema de salud con fines políticos, utiliza información parcial, fomenta el “terrorismo judicial y administrativo” en contra de los proveedores formales de los dispositivos, alentará el mercado negro y, sobre todo, confunde a la población porque desde el 19 de octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya declaró inconstitucional prohibir la venta de dichos artículos.

“La alerta es una medida arbitraria y mentirosa, porque soslaya el fallo de la Suprema Corte que ya avaló la venta de vaporizadores, lo que, por un lado, confunde a la población y, por otro, dará elementos a las autoridades sanitarias del país para ejecutar un terrorismo judicial y administrativo en contra de comerciantes formales: A pesar de que las autoridades saben que perderán ante los tribunales, en el ínter podrán decomisar los productos a los comercios, lo que provocará un sensible desabasto, orillando a los consumidores (y sobre todo a quienes desean dejar de fumar), a buscar los dispositivos y sustancias en el mercado negro, con los altos riesgos que eso conlleva”, comentó.

El 19 de octubre de 2021 la SCJN determinó que es inconstitucional la prohibición para distribuir y comercializar vaporizadores, con lo que homologó su criterio, pues había una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Salas.  Así, a partir de dicha jurisprudencia que se volvió obligatoria para todos los jueces federales, cualquier persona que presente un amparo alegado cualquier acto de la autoridad que le prohíba vender los dispositivos, le van a conceder el amparo.

Sin embargo, con todo y el fallo de la SCJN, la COFEPRIS y la SEGOB anunciaron ayer que se “fortalecen las acciones de vigilancia, incrementando el número de visitas de verificación y aseguramiento de dispositivos”.

Juan José Cirión Lee agregó que resulta de suma preocupación que un tema de índole de salud sea pervertido por fines políticos, pues resulta profundamente “extraño” que a la Alerta Sanitaria se haya sumado la SEGOB, cuando no es área de sus atribuciones y cuyo titular es Adán Augusto López.

De igual manera, el activista evidenció que el gobierno mexicano insiste en utilizar información parcial y a modo, pues refirió que dentro de la alerta de ayer las autoridades sostuvieron que “un estudio realizado y compartido a la autoridad sanitaria por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) mostró la presencia de acetato de vitamina E en más de 35 muestras de personas fallecidas que consumían dispositivos de vapeo como cigarros electrónicos”.

Sin embargo, el dirigente de México y el Mundo Vapeando aseguró que tanto a la COFEPRIS como a la SEGOB se les olvidó revisar (o alevosamente la omitieron), la última información disponible de los CDC, en donde se establece que las lesiones pulmonares ocurridas en el otoño de 2019 en la Unión Americana obedeció al vapeo de sustancias ilegales y obtenidas en el mercado negro y no por la práctica propia del vapeo, pues incluso la institución “recomendó no agregar acetato de vitamina E a ningún producto de cigarrillos electrónicos o vapeo”.

“Los adultos que estén usando productos de cigarrillos electrónicos o vapeo que contengan nicotina como alternativa a los cigarrillos regulares no deberían volver a fumar cigarrillos regulares”, establecieron las autoridades estadounidenses.

En otras palabras, las autoridades estadounidenses concluyeron que, por un lado, los casos de intoxicación en Estados Unidos fueron por adulteración de sustancias para vapear y no por la actividad propia del vapeo y, por el otro lado, considera que los dispositivos electrónicos son una herramienta que utilizan personas que buscan deja de fumar, aspectos que el gobierno mexicano soslaya o prefiere no reconocer.

En este sentido, Juan José Cirión Lee externó su preocupación de que, ante la mayor ola de operativos arbitrarios que estarían ejecutando las autoridades mexicanas en contra de comercios formales de vaporizadores, los consumidores se varían orillados a recurrir al “mercado negro”, sector en donde, precisamente, se pueden encontrar sustancias de origen ilegal y que fueron las causantes de las lesiones pulmonares en Estados Unidos a finales de 2019.

Adicional a ello, Cirión Lee dijo que otra repercusión del mercado negro que detonaría la disposición, es la oferta de productos para menores de edad, con las respectivas consecuencias.

Por lo anterior, el presidente de México y el Mundo Vapeando confió en que el Ejecutivo Federal escuche las voces que ya se han levantado en las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, para avanzar en la formulación de una regulación exclusiva para los vaporizadores (diferente a la que aplica sobre los cigarros de tabaco, en virtud de que ambos son productos distintos: Uno produce vapor y el otro humo), lo cual podría derivar en diferentes beneficios para el país: Recaudación de impuestos; evitar la venta a menores de edad; comercios registrados; sustancias y vaporizadores cuyo origen esté plenamente identificado y, ofrecer una alternativa real y comprobada para todos aquellos mexicanos que deseen superar el consumo de tabaco.

Asimismo, afirmó que cualquier situación relacionada con los diferentes dispositivos alternativos de suministro de nicotina se debe apreciar, en función al respeto al derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, que se traduce en poder decidir qué quiere cada persona consumir y, a su vez, estar en la posibilidad de adquirirlo en un mercado legal.