En caso de que se mantenga sin cambios, el sistema de pensiones constituye una grave “bomba de tiempo” con sensibles secuelas en finanzas públicas, sociales y de justicia.
De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias,, mientras que en 2017, el costo que representaba el pago de pensiones para el Estado Mexicano equivalía a 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), para 2020 subió a 4.7; en 2022 habría alcanzado 5.2 y para 2024 escalará a 6.5 por ciento.
Con ello, tomando en cuanta el ritmo de crecimiento de dicho gasto así como el proceso de envejecimiento de la población mexicana, el pago de pensiones será mayor a lo que se destina en rubros muy importantes como es el de salud (2.5 por ciento del PIB), educación (3.1), e infraestructura (2.9 por ciento), de acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“Para pagar pensiones le estamos quitando recursos a la inversión en capital humano y físico en perjuicio del desarrollo, lo que representa una gran injusticia intergeneracional”, consideró.
Asimismo, el instituto Yglesias alertó que existe una sensible inequidad entre la población pues el monto de las pensiones que reciben los trabajadores de paraestatales (PEMEX, IMSS, CFE, ISSSTE y LyFC), excede a las pensiones de la generación de transición y los de las AFORE.
“Somos una población que está envejeciendo, que demanda recursos crecientes para su mantenimiento y que tiene una expectativa mayor de vida.; cada vez es menor el número de personas en edad laboral y mayor el de retiradas; para 2050, las mujeres vivirán 86 años y los hombres 82, según la CONAPO”, apuntó el instituto.
Asimismo, agregó que un problema que preocupa al CEEY en materia pensionaria, es el de la cobertura limitada que tiene la población vulnerable conformada por mujeres y la población rural.
“La brecha entre hombres y mujeres es notable, ya que sólo tres de cada 10 mujeres poseen una cuenta de ahorro para el retiro, mientras que la mitad de los hombres poseen una cuenta de este tipo: por lo que toca a la brecha urbano/rural, vemos que el porcentaje de personas que tiene AFORE es mucho mayor para habitantes de las zonas urbanas (47.4 por ciento) que por parte de los habitantes de zonas rurales (24.8 por ciento)”, apuntó.
¿Qué hacer?
Ante el importante reto que implica el sistema de pensiones, el CEEY ha propone soluciones de fondo al problema pensionario:
- Establecer un sistema de seguridad social universal fondeado con impuestos generales que brinde una pensión mínima de vejez a todos los jubilados, que funcione en complemento con las AFORE y los seguros dotales para disminuir el gasto en salud de los jubilados.
- Crear una ley de pensiones y un Instituto de Pensiones que otorgue institucionalidad y gobernanza a todo el sistema, que diseñe los cambios al mismo y que coordine su administración.
- Hacer un inventario de todos los esquemas pensionarios y calcular su déficit actuarial, con el fin de conocer a fondo el problema del pasivo pensionario y poder tomar medidas para administrarlo.
- Blindar legalmente el gasto público en educación, salud e infraestructura a fin de que no se utilicen estos recursos para pagar pensiones y así evitar se afecte el crecimiento incluyente con movilidad social del país.
- Crear un Sistema Nacional de Cuidados con el fin de incorporar a las mujeres al mercado laboral, en vez de cuidar exclusivamente a los dependientes del hogar, y así logren alcanzar las semanas de cotización requeridas para pensionarse.
