Por Humberto Santos
El coordinador general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Guillermo del Rivero León, presentó una denuncia penal ante el vicefiscal de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado (FGE), Nicolás Bautista Ovando, en contra de la delegada de Liconsa en Tabasco, Edith Villarreal Ugarte y otros actores políticos, entre los que destaca Héctor Raúl Cabrera Pascacio; debido a que de manera ilegal condicionan el acceso a los programas sociales a cambio de beneficios electorales.
“Por indicaciones del gobernador Adán Augusto López Hernández, hemos presentado una denuncia penal en contra de la delegada de Liconsa en el Estado, Edith Villarreal y otros actores políticos, como Héctor Raúl Cabrera Pascacio, ya que están condicionando el acceso a los programas sociales, a cambio de beneficios electorales, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas, lo que nosotros consideramos como un crimen electoral”, advirtió.
Informó que lo que empezó como indicios, se convirtieron en pruebas, tales como videos y audios, mismos que dan muestra de esa ilegalidad.
En entrevista, hizo un llamado respetuoso, pero enérgico y legítimo, al titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle Fernández, para que cese de manera inmediata a la delegada de Liconsa en Tabasco, Edith Villarreal Ugarte.
“Estos personajes no conocen otra forma de hacer política, «no entienden que no entienden» pero no por eso vamos a dejar de denunciar estas prácticas ilegales, donde insisto, se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas”, afirmó al señalar que hasta el momento han encontrado irregularidades en los municipios de Centro y Teapa.
El funcionario estatal expresó que luego de presentar la denuncia corresponderá a la Fiscalía General del Estado realizar la investigación conducente, dado que se tiene la certeza de que Edith Villarreal en complicidad con más personas de Liconsa, están haciendo un auténtico proselitismo político.
Detalló que dentro de las personas involucradas, se encuentran exfuncionarios de lo que era la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El coordinador general de Asuntos Jurídicos recordó que la actual administración del Gobierno Federal presentó una reforma constitucional, en la que el uso de programas sociales con tintes políticos, ya se considera como un delito grave, dado que amerita pena de prisión preventiva de manera oficiosa. “Por eso estamos pidiendo nosotros la prisión preventiva oficiosa de los involucrados”, puntualizó.
Adelantó que también se presentará la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal para que también investigue en el ámbito de su competencia el actuar de la delegada de Liconsa en Tabasco.
