El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que declaraba temas de interés nacional a las obras de infraestructura que realiza el gobierno federal.
El 22 de noviembre de 2021, el presidente de México emitió el conocido “decretazo”, cuyo propósito era blindar la información de sus obras insignia y reservarla con base en la Ley Federal de Transparencia.
Eso, luego de que Latinus, diera a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había otorgado 966 contratos a empresas fantasma, a compañías acusadas de desvío y hasta una tlapalería se convirtió en el principal contratista del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, información que fue proporcionada por la Sedena vía transparencia.
El ministro ponente José Luis González Alcántara Carrancá de al SCJN argumentó que el acuerdo emitido por el presidente permitió a las dependencias gubernamentales reservar la información sin fundar ni motivar la clasificación, además de crear un régimen de autorizaciones provisionales que no cumplen con las obligaciones en materia de transparencia.
Dijo que genera un efecto inhibidor en los ciudadanos para solicitar información y señaló que el proyecto del ministro Alcántara Carrancá obtuvo el apoyo de ocho ministros, quienes consideran que sí hubo afectación al derecho de acceso a la información con la reserva anticipada y generalizada de los datos de los megaproyectos de este gobierno.
