La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda) rechazó la ampliación por tres meses más del Programa para la Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera, por considerarlo contrario a la meta de eficiencia energética que se ha propuesto el país.
En comunicado, el presidente de la Amda, Guillermo Rosales Zárate, dijo que “la meta de eficiencia energética es vulnerable para el país al seguir permitiendo la penetración de vehículos siniestrados y sin las medidas de seguridad adecuadas comprometiendo la integridad física de los ciudadanos”.
Aseguró el actual proceso de regularización de vehículos de desecho nulifica los objetivos planteados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el proyecto de “Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica” publicado en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el 20 de junio.
Y es que este día, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, anunció la ampliación del programa hasta el próximo mes de septiembre y comentó que “la realidad es que no habrá ampliación que alcance para terminar con este fenómeno mientras continúe la entrada masiva de este tipo de unidades que solamente beneficia a mafias que lucran con su introducción y comercialización”.
Y es que el próximo 30 de junio concluiría tal facilidad, el problema es que ahora hay más unidades en situación de irregularidad esperando su legalización de las que había antes del 19 de enero de 2022 cuando se publicó el decreto.
Esta ampliación será la quinta, ya que inicialmente el Decreto contemplaba concluir el 20 de julio de 2022. “Cada ampliación es una evidencia más de su fracaso, ya que no es posible que después de casi 1.6 millones de vehículos regularizados sigan ingresando diariamente vehículos en contrabando, habiendo lista de espera y ninguna penalización clara para los propietarios que no legalicen sus unidades, por lo que este fenómeno continuará como la regularización sin fin”, destacó.
Guillermo Rosales señaló que “es grave que el Registro Público Vehicular no verifique el cumplimiento de lo exigido en el Decreto respecto a regularizar sólo vehículos que se encontraran ilegalmente en el país antes del 19 de octubre de 2021, así como no regularizar aquellos que esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México; o que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables”.
Con este nuevo anuncio, apuntó Rosales Zárate, se cumplió el principal temor de los distribuidores de automotores en cuanto a que el Decreto continuará, incluso, hasta finales del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto, aseguró, seguirá alentando la cadena delictiva del contrabando automotriz. “Es preocupante que en la recta final del actual Gobierno de la República seguimos esperando el diálogo para desarrollar políticas públicas en favor del financiamiento automotriz y profundizar un programa de renovación del parque vehicular”, dijo
