En la iniciativa se señala que el Fondo procurará complementar las pensiones de aquellos trabajadores que resulten elegibles, aunque el monto del apoyo que podrían recibir se desconoce, está sujeto a las reglas que en su momento defina Hacienda
La propuesta de crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar, como se plantea en la iniciativa de reforma legal presentada el 4 de abril, conlleva implicaciones de diversa naturaleza, tanto para los trabajadores como para las finanzas públicas, afirma el Instituto Mexicano para la competitividad (IMCO).
En el análisis elaborado por el Centro de investigación en política pública considera que los principales desafíos para los trabajadores es que si bien la iniciativa señala que los trabajadores y sus beneficiarios tienen el derecho imprescriptible a recibir los recursos de sus subcuentas que hayan sido transferidos a dicho Fondo, el mecanismo de devolución de dichos recursos –junto con los intereses generados– por parte del IMSS, ISSSTE o Infonavit, según corresponda, aún no está definido.
“Este mecanismo podría implicar trámites excesivos, largos tiempos de espera y posibles complicaciones administrativas que podrían desmotivar a dichos trabajadores a ejercer su reclamo”, indica.
Otro de los riesgos que considera el IMCO para los trabajadores es que los rendimientos que obtengan sean inferiores a los que podrían recibir si sus recursos siguieran siendo administrados por las Afores y el Infonavit, pues se especifica que el ahorro de los trabajadores que sea transferido al Fondo generará intereses a partir de las inversiones que este realice de conformidad con el régimen de inversión que en su momento defina su comité técnico.
El Fondo podría disponer de alrededor de 35.4 mil mdp
La creación de un Fondo como el que se propone podría beneficiar a algunos trabajadores que reciban un apoyo que complemente sus pensiones, agrega.
Añade que de acuerdo con la valoración de impacto presupuestario de la iniciativa realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, el Fondo podría disponer de alrededor de 35.4 mil millones de pesos a partir de sus fuentes de financiamiento, las cuales no incluyen los ahorros de los trabajadores, ya que la información pública disponible acerca de las cuentas individuales no presenta el nivel de desagregación suficiente.”
“Si se considera que una proporción de los recursos del Fondo provendría de ingresos no recurrentes, por ejemplo, de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo y la venta de propiedades del ISSSTE, o que no necesariamente se materialicen en tiempo y cantidad las utilidades de paraestatales como el Tren Maya y el AIFA), existe la posibilidad que los recursos del Fondo no sean suficientes para cumplir con su objetivo”, señala.
Frente a este escenario, el Centro de investigación en política pública considera posible que el gobierno Federal realice aportaciones adicionales al Fondo, las cuales distraerían recursos de otras áreas, como educación, salud, seguridad o inversión pública.
Iniciativa requiere evaluación meticulosa
Los especialistas del IMCO consideran que la iniciativa de reforma legal en materia de pensiones requiere una evaluación meticulosa y basada en evidencia por parte de los integrantes de ambas cámaras del Congreso, la cual deberá centrarse en sus implicaciones para las finanzas públicas y los recursos que los trabajadores mexicanos han acumulado a lo largo de sus trayectorias laborales en las Afores y en el Infonavit.
Para alcanzar este objetivo, el IMCO exhorta los legisladores a sostener un diálogo constructivo y participativo mediante un ejercicio de parlamento abierto en el que se involucre a expertos, sectores relevantes y a la sociedad en general, con el fin de enriquecer el debate y mejorar el funcionamiento del sistema de pensiones en beneficio de todos los mexicanos.
Actualmente coexisten en la Cámara de Diputados dos iniciativas que proponen la creación de un “Fondo de Pensiones para el Bienestar”: una iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo el 5 de febrero y una iniciativa de reforma legal presentada por diputados el 4 de abril.
En la iniciativa del 4 de abril se señala que el Fondo procurará complementar las pensiones de aquellos trabajadores que resulten elegibles, aunque el monto del apoyo que podrían recibir no se especifica.
Complementarán pensiones jubilación menor o igual a 16 mil pesos
El 4 de abril de 2024, los diputados Moisés Ignacio Mier Velazco y Angélica Ivonne Cisneros Luján presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para la creación de un “Fondo de Pensiones para el Bienestar”, el cual tiene como objetivo complementar las pensiones de trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual a 16 mil 361 pesos. Este fideicomiso es similar al fondo del mismo nombre que fue propuesto por el Ejecutivo federal el 5 de febrero de este mismo año a través de una iniciativa que busca reformar el artículo 123 de la Constitución.
A diferencia de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, en esta iniciativa el Estado mexicano no asume el compromiso de garantizar que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización (tasa de reemplazo del 100%) hasta por un monto equivalente al salario promedio mensual de los trabajadores afiliados al IMSS. El monto del apoyo que recibirían los trabajadores se desconoce, al estar sujeto a las reglas que en su momento defina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La iniciativa también establece que SHCP deberá constituir un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar en el Banco de México (fiduciario).
Los recursos que se transfieran al Fondo de Pensiones para el Bienestar serán utilizados por el Gobierno para complementar las pensiones de aquellos trabajadores cuyo monto de jubilación sea menor o igual al salario promedio mensual de los empleados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual fue de 16 mil 361 pesos en 2023.
Beneficios solamente si hay recursos suficientes
Dicho apoyo no se extenderá a todos los trabajadores del país que cumplan con el requisito antes mencionado. Únicamente beneficiará a los empleados del sector privado que comenzaron a cotizar en el IMSS a partir de julio de 1997 y a los funcionarios públicos que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde abril de 2007. Es decir, aquellos empleados que empezaron a trabajar a partir de la creación de un sistema de cuentas individuales que gestionan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), siempre y cuando se pensionen y el Fondo cuente con los recursos suficientes.
Los trabajadores que podrían recibir el apoyo son aquellos que cumplan con los siguientes tres requisitos:
- Coticen desde julio de 1997 en el IMSS o desde abril de 2007 en el ISSSTE.
- Se pensionen (cumplan la edad y semanas cotizadas requeridas).
- Su pensión sea menor o igual al salario promedio mensual de los trabajadores afiliados al IMSS (16 mil 361 pesos en 2023).
Es importante destacar que la iniciativa no establece el monto del apoyo que recibirán los trabajadores que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente, ni garantiza que lo obtengan. Esto se debe a que los apoyos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos en el Fondo.
La iniciativa contempla diversas fuentes de financiamiento para que el Fondo pueda cumplir su propósito, como son: los recursos ahorrados por algunos trabajadores a lo largo de su trayectoria laboral –tanto en el sector privado formal como en el sector público– y que son gestionados por las Afores y el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Afores e Infonavit deberán transferir recursos al Fondo
Para los trabajadores que cotizan en el IMSS, se establece que tanto las Afores como el Infonavit deberán transferir al Fondo los recursos disponibles en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como en la subcuenta de vivienda, al momento en que los trabajadores alcancen la edad de 70 años, siempre y cuando no tengan una relación laboral activa. En el caso de los trabajadores afiliados al ISSSTE, la transferencia de los recursos de la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de la subcuenta de vivienda, se realizará una vez que dichos empleados cumplan 75 años y no mantengan una relación laboral.
Es importante señalar que esta transferencia de recursos desde las Afores y el Infonavit hacia el Fondo de Pensiones para el Bienestar está condicionada a que los trabajadores alcancen las edades señaladas y no mantengan una relación laboral en ese momento –este punto acerca del estatus laboral se agregó al proyecto de dictamen pues no se contemplaba en la iniciativa original–. Esto contrasta con la legislación actual, que permite al IMSS, ISSSTE e Infonavit disponer de los fondos de estas subcuentas 10 años después de ser exigibles por parte de los trabajadores
A pesar de esta transferencia de recursos, la iniciativa mantiene el derecho imprescriptible de los trabajadores y sus beneficiarios a recibir el saldo acumulado en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de vivienda, que administran las Afores y el Infonavit, respectivamente. En otras palabras, este derecho no caduca por lo que los trabajadores pueden demandar el acceso a estos recursos sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su transferencia al Fondo.
Para poder garantizar la imprescriptibilidad de los recursos de estas subcuentas, se señala que el Fondo contará con una reserva para devolver los recursos a los trabajadores (o sus beneficiarios) que así lo soliciten, junto con los rendimientos que se generen de conformidad con el régimen de inversión que establezca el comité técnico del Fondo.
Fuente de recursos del Fondo
Además de los recursos de las subcuentas de los trabajadores, se prevé que el Fondo pueda obtener recursos de otras fuentes. Entre ellas: 25% de las utilidades netas de las entidades paraestatales sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; del Tren Maya, Mexicana de Aviación, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); 75% de los ingresos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Los recursos que se obtengan por la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
Los ingresos derivados de la venta entre 2024 y 2025 de bienes inmuebles pertenecientes al ISSSTE (el ISSSTE tiene la facultad de no transferir estos recursos al Fondo).
El Fondo estará supervisado por un comité técnico encargado de formular las reglas operativas relacionadas con la recepción, administración, inversión, distribución y rendimiento del patrimonio del Fondo, el cual no podrá utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario. Es decir, no podrá destinarse a cubrir déficits presupuestarios o necesidades de financiamiento del Gobierno. Los detalles específicos sobre el funcionamiento del Fondo serán determinados mediante un decreto del Ejecutivo federal, el cual deberá emitirse a más tardar 60 días después de la entrada en vigor de la iniciativa.
