Para el gobierno, las personas acusadas de delitos podrán perder su libertad pero no su derecho al voto, aceptando entonces sí, el argumento de la presunción de inocencia y los tratados internacionales. La resolución y mandato fue del Tribunal Electoral en el año 2019, y el Ejecutivo no se opuso, como sí lo ha hecho vehemente con justamente con quitar el trato de “presunto” inocente a mexicanos y no enviarlos de manera anticipada al infierno que son las cárceles en este país.
Esta semana hemos visto dos posturas difíciles de comprender en la conferencia matinal de la Presidencia, donde la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presumió que las personas privadas de la libertad no sentenciadas, podrán votar este año únicamente para la elección de Presidente de la República a partir del 6 al 20 de mayo con base en un amparo otorgado a dos presos, y que consideró dicha presunción de inocencia. Ese primer sufragio en los penales se da con ayuda del Gobierno Federal, los estatales y el INE.
Sin embargo, los internos no podrán elegir a sus supuestos representantes ciudadanos, es decir, a sus diputados, que en realidad sólo representan a los intereses del partido al que pertenezcan, como ha quedado más que constatado.
Pero en cuanto a salvaguardarles el derecho a la libertad a los reclusos, bajo el amparo de la presunción de inocencia como lo ha solicitado la Corte Internacional a México, en tanto son investigados, entonces allí no se puede, pese a que ejemplos hay en otros países donde se aplican medidas para evitar que se evadan. Claro que para hacer eso se requiere tener un Ministerio Público eficiente, y que es al mismo tiempo el causante de que se haya abusado de la prisión preventiva, con sus prácticas mafiosas.
Por otro lado, a través de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el Gobierno Federal consideró ayer jueves que eso es poner en riesgo al país, porque 68 mil “presuntos delincuentes”, no “presuntos inocentes”, saldrían a la calle. En esa recomendación los tratados internacionales no pesan.
Y Sepa La Bola, pero en este tema, hay mucho más que hacer que llevar papeletas electorales, pues los centros de reclusión son de las áreas más olvidadas por gobiernos de todos los colores, generadores principales de la violación de derechos humanos.
Las personas en esos lugares, conviven, sin diferenciación, entre acusados y/o sentenciados de delitos graves o no; y persiste eso de que la cárcel es el hotel más caro del mundo, con la “extorsión” diaria de los custodios, lo que se conoce como “pase de lista”, donde están obligados a dar cierta cantidad que ahora va de los 10 pesos para arriba, por el hecho de solo estar allí. Quienes no tienen dinero, entonces son obligados a actuar como esclavos, “monstruos”, les llaman, ya sea de los mismos celadores o de algún reo con dinero que se encargue de costear ese cobro, a cambio de que le sirva.
Las cárceles son un nutrido nido de corrupción, donde las drogas se venden descaradamente y todo se renta, se cobra o se concesiona, y las autoridades encargadas de su cuidado, son las que han sacado provecho, de la vulnerabilidad de esas personas, sobre todo de los más pobres y necesitados, exprimiendo las carteras de sus familiares, a cambio de darles “protección”.
