El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, exhortó a los legisladores en el Senado de la República, a detener la aprobación de la Reforma al Poder Judicial y llevar la discusión hasta una vez esté en funciones el siguiente gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum.
Y es que “esta modificación negativa, en caso de consolidarse”, dijo, se traduciría en un abuso en todos los ámbitos, lo que llevaría necesariamente al freno de posibles inversiones.
A un par de días en que el Senado de la República lleve a la votación en el pleno sobre la polémica reforma, el presidente de Amda y líder del sector automotriz en México pidió en conferencia de prensa “que el Senado de la República frene la aprobación con mayoría calificada y se abra la oportunidad para una amplia convocatoria con un nuevo gobierno, a todos los poderes y por su puesto escuchar al propio Poder Judicial de la Federación”.
Refirió entonces los documentos que presentó ayer domingo la misma presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), Norma Piña, y que dijo, deberían de tomarse en cuenta
Norma Alicia Piña presentó ayer una contrapropuesta de reforma alterna que surge desde la judicatura federal y local con el argumento de que “la demolición del poder judicial no es la vía, como se pretende” con la iniciativa presidencial.
El documento se titula “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafío y propuestas” y fue elaborado sobre la base de que la propuesta de López Obrador es inconstitucional y viola el principio de independencia judicial.
“(…) Es necesario que se abra una verdadera oportunidad de escuchar a la academia, organismos que representan al sector empresarial, sociedad civil, víctimas, quienes representan a madres buscadoras de sus hijos familiares, hermanos (…) que esta reforma no aborda (…)”.
Y es que insistió en que “en los términos planteados, hablar de la elección directa de jueces, magistrados y ministros, no contribuye a las mejoras”.
Y señaló que la modificación propuesta por el Ejecutivo, en caso de consolidarse, habría un impacto negativo en el ámbito fiscal. “Si hoy enfrentamos abusos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en muchas de las acciones de auditoría y que hasta hoy los contribuyentes acuden a la justicia para combatir los resultados de estas prácticas.
“Todo esto estaría en un riesgo muy importante y que sólo sea la voz del Ejecutivo que se imponga por encima del legítimo derecho de los contribuyentes y en general a lo que corresponde de la vida en sociedad”, advirtió.
