En poco más de 15 días de gobierno, el gabinete de Claudia Sheinbaum sostuvo cinco mesas de trabajo con las representaciones empresariales nacionales y foráneas, así como con sus respectivos despachos de abogados asesores, para analizar y discutir las leyes secundarias para regular las reformas constitucionales obradoristas, a fin de encontrar caminos que las hagan viables antes de ocasionar un estrangulamiento y shock a la economía mexicana; los trabajos de gabinete previos permitieron que el Encuentro de Alto Nivel del pasado martes generara un ambiente de negociación tras un sexenio de trompicones, sainetes y atole con el dedo.

En dos semanas los representantes del sector privado analizaron e intercambiaron puntos de vista sobre las leyes secundarias de las reformas al Poder Judicial y Energética con Lázaro Cárdenas Batel (jefe de oficina de la presidencia), Ernestina Godoy (Consejera Jurídica), Marcelo Ebrard (Economía), Luz Elena González (Energía), y Arturo Saldivar (coordinador de política y gobierno).

Las y los funcionarios, nos aseguran, fueron atentos y receptivos a los comentarios empresariales cuyo objetivo primordial es obtener garantías de certeza legal, respeto a la propiedad privada y acceso a insumos esenciales para la inversión como electricidad, gas, infraestructura y agua.

De esa manera se obtuvo una tregua. Ahora falta lo esencial para cumplir la palabra presidencial empeñada: que se materialicen… no vaya a ser que se “atoren” o “se traspapelen” en las mayorías legislativas que pastorean Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

Aleccionador palo a gasolineros

La multa aplicada a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros que encabeza Pablo González es la más alta que la Comisión Federal de Competencia Económica, que encabeza Andrea Marván, aplica por prácticas monopólicas absolutas… pero esos 437 millones de pesos, aplicados a 52 grupos gasolineros y 18 directivos palidecen con el daño perpetrado contra 39 millones de hogares que en promedio gastan 1,680 pesos mensuales en gasolinas y las 5.5 millones de unidades económicas que requieren de combustibles.

Es probable que esa multa para dichos empresarios sea como quitarle un pelo a un gato, pero no así la sanción ética que significa: la investigación de COFECE que abarca los años 2014 al 2021 demostró que al inicio de la liberalización del precio de las gasolinas durante el gobierno de Enrique Peña -parte de la reforma energética para generar mercados competitivos y modular los precios a partir de las mejores prácticas empresariales- los agremiados de Amegas acordaron tácitamente mantener a siempre a tope el nivel máximo de precios a nivel nacional, usando para ello un sofisticado sistema de coordinación de registro-horarios de precios ante la Comisión Reguladora de Energía -hoy a cargo de Leopoldo Melchi-; también hubo cuatro acuerdos regionales de ese tipo en Mérida, Guanajuato, Chiapas e Hidalgo.

Está de más decir que con esa práctica se pervirtieron los objetivos de la Reforma Energética liberal, dando motivos políticos para que fuera cancelada por la reforma estatista y centralizadora que Andrés Manuel López Obrador encajó en la actual Cámara de Diputados.

Lo paradójico de la labor de la COFECE es que tras una minuciosa labor de investigación, análisis de megadata y confirmación de un grave daño a la economía nacional, esté ahora en el paredón de fusilamiento con las reformas obradoristas.

La eventual desaparición de la COFECE le sacará una amplia sonrisa los dueños de empresas gasolineras como Grupo Combustibles y la gasolinera Colón, a Megasur, Enerkom y Lodemo; felices, felices los dueños de Grupo Casimiro, Grupo Hernie, Express-Bajío, Grupo Insurgentes, Grupo Presidentes, Arandas y Villas, tanto como en Casper, Centauro y Grupo Hidrocarburos Hidalgo. El sentimiento de impunidad será grande, muy grande.

Zoé, Amafore y los Nobel de Economía

El próximo mes estará de nuevo en CDMX uno de los premios Nobel de Economía, James Robinson, coautor del ya clásico libro “Por qué fracasan los países”, como orador de la convención anual de la Asociación Mexica de Afores que encabeza Guillermo Zamarripa a celebrar los días 13 y 14 de noviembre. Lo acompaña la fama del libro que escribió junto Daron Acemoglu que analiza comparativamente los orígenes de la riqueza, de la pobreza y la distribución del poder. El libro inicia con una comparación odiosa pero cierta: Nogales, del lado mexicano vive en la estrechez, del lado de Arizona se prospera: es la misma tierra, la misma agua, el mismo aire y hasta la misma gente. La tesis de ambos autores es poderosa: los países ricos lo son porque tienen instituciones políticas y económicas inclusivas, y los países que son pobres lo son porque sus instituciones son extractivas.

Esa misma hipótesis fue expuesta en el senado de república en 2013 por Robinson al ser invitado por el entonces tribuno por el PRD -y hoy director del Instituto Mexicano del Seguro Social- Zoé Robledo, quienes mantuvieron diálogo franco donde Robison dijo las penurias del siglo XX provinieron de que “el PRI controlaba un Estado con un único partido al cual le faltaba inclusión política y el Estado postrevolucionario era también débil en muchos otros aspectos. Un ejemplo de esta debilidad es el sistema fiscal

Y agregó “Como parte del pacto entre los empresarios y el PRI, este último no impuso impuestos a las utilidades y al capital. Como resultado de este pacto durante los años setenta la recaudación por impuestos era solamente el 10 por ciento del ingreso nacional, recaudación que proveía insuficientes recursos para construir un Estado moderno”.

¿Qué dirá en su nueva visita Robinson, de los resultados de la “economía moral” y de las políticas “del bienestar” mientras elites y monopolios, lejos de haberse acotado, se expandieron con el régimen de Morena donde también se suprimió la división de poderes propios de régimen incluyentes?

@mfloresarellano

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