A justo un año de cumplirse el cincuenta aniversario de la matanza del 10 de junio de 1971, es un imperativo ético tener presente la larga lucha del pueblo mexicano contra el autoritarismo. La masacre del “Jueves de Corpus” fue perpetrada por Los Halcones, grupo paramilitar creado desde la Presidencia de Luis Echeverría que atacó una manifestación estudiantil pacífica, resultando más de un centenar de muertos, centenares de heridos, desaparecidos y detenidos.
La lucha de la memoria popular contra el olvido ha sido clave para trascender la desinformación e impunidad con el que régimen priista quiso sepultar los acontecimientos.
Como escribió Jesús Martín del Campo, protagonista del movimiento estudiantil de 1971: “Se mantuvo viva la memoria por la actividad de miles de jóvenes estudiantes forjados en el trienio 1968-1971. En muchas escuelas, en sindicatos, en colonias populares, por medio de volantes y de viva voz, muchos conocieron sobre lo acontecido en las inmediaciones de la Normal”.
En San Cosme fue evidente que además del cuerpo de granaderos y la policía, se observó la actuación de un grupo paramilitar entrenado específicamente para la represión de los movimientos estudiantiles -en tácticas de “inteligencia” y violencia física-, denominado Los Halcones que aparecieron vestidos de civil, con palos y armas de fuego.
“Con los elementos del derecho penal contemporáneo podemos afirmar que la acción del 10 de junio de 1971 es un caso de terrorismo de Estado que se acredita, más allá de toda duda razonable, con el hecho de que, desde las entrañas mismas del Estado, se tomó la determinación de crear, estructurar bajo parámetros militares, financiar, equipar con armas de grueso calibre, operar, contratar y encubrir al cuerpo represivo Halcones.” (Martín del Campo, 2011).
Con el cambio de régimen en México, a raíz del triunfo del pueblo organizado en 2018, se desterraron del gobierno federal de México las prácticas ilegales para perseguir, espiar y reprimir a disidentes. Sin embargo, algunas rémoras descendientes de la estirpe de aquellos Halcones subsisten en gobiernos locales -emanados de grupos caciquiles y regionales de poder-, es el caso de Enrique Alfaro en Jalisco.
Desde el inicio de la pandemia del Covid-19 el gobernador Enrique Alfaro difundió un discurso caracterizado por el autoritarismo, con el llamado a medidas coercitivas, la solicitud de establecer toques de queda, la persecución personalizada de quienes no siguieran las medidas sanitarias, confundiendo atribuciones legales, desobedeciendo el marco federal, y fomentando odio, histeria y violencia social.
“Las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, quien no las cumpla será sancionado, la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir” dijo Alfaro en abril y llamó “pendejos” a quienes las incumplieran.
Entre las medidas que decretó, está el “uso obligatorio de cubrebocas para transitar por la calle”, una medida que supuestamente está detrás de la detención de Giovanni López el 4 de mayo. Según la familia y testigos, este joven de 31 años fue arrestado violentamente por policías municipales de Ixtlahuacán, cerca de Guadalajara y murió a golpes. Era un ciudadano que económicamente “vivía al día”.
La política de “mano dura” es parte de la ideología de Alfaro, fue acusado anteriormente de usar la fuerza pública para retirar vendedores ambulantes de Guadalajara cuando era alcalde y de reprimir protestas contra el alza de precios del transporte público. Resultado directo de su culto al fascismo se dieron las condiciones para el abuso mortal contra Giovanni López.
Al difundirse la muerte de Giovanni López (casi un mes después), un sector de la sociedad tapatía comenzó a movilizarse el jueves 4 de junio para exigir justicia. La respuesta del gobierno de Alfaro fue desatar mayores abusos de autoridad. En otra página negra, hubo enfrentamientos para disolver el mitin, posteriormente se ha sabido de decenas de desparecidos, detenidos y heridos en su mayoría jóvenes, principalmente entre el 4 y 6 de junio.
Son graves los indicios de un nuevo grupo de Halcones vinculados al gobierno de Alfaro. Medios alternativos han referido: “El jueves (4 de junio) por la tarde, policías operativos al mando de la Fiscalía Estatal estaban listos con palos y bats para reprimir una posible manifestación de jóvenes afuera de Casa Jalisco, de acuerdo con el testimonio de uno de los elementos ahí citados para la represión. La instrucción a los policías fue que dejaran sus armas y buscaran lo que encontraran para atacar a los jóvenes, y fue así que se hicieron de bats aunque ese día no los utilizaron, sino un día después, cuando se cometieron desapariciones forzadas en Guadalajara contra de manifestantes que exigían justicia.” (Polemón).
El viernes 5 se vivió una cruenta jornada de desapariciones forzadas a manos de estos nuevos Halcones en Guadalajara. Los testimonios comenzaron a inundar las redes sociales. Alfaro tuvo que retractarse de su postura inicial de querer culpar al gobierno de AMLO y a Morena de la violencia, difundiendo en un segundo momento la versión de que grupos de la fiscalía habían actuado por su cuenta o por orden del crimen organizado.
Ya no son los tiempos oscuros de 1971 -en los que parece estar atrapado Enrique Alfaro-, la verdad y la información fluye aunque quiera manipularse o bloquearse. La lucha de la memoria contra el olvido se ha dado en tiempo real. Algunos policías son los que han dado constancia de las indicaciones que les dieron sus mandos para actuar como Halcones:
“Los testimonios de los policías señalando al Fiscal y al Gobernador comenzaron a difundirse este domingo, luego de que el Gobernador ha buscado evadir su responsabilidad de los señalamientos hechos por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México. El coraje de los elementos de la policía ministerial es que la misma Fiscalía ha comenzado a detenerlos porque, según el Gobernador, actuaron de forma independiente y por órdenes de la delincuencia organizada.” (Polemón).
En la lógica de la criminalización de la oposición en Jalisco, el lunes 8 de junio el columnista Raymundo Riva Palacio en un texto titulado “Anarquía a la mexicana” pretendió involucrar a los jóvenes Sofía Lameiro y Alejandro Puerto -por el hecho de ser activistas en redes- con los hechos de violencia, ante tal difamación los jóvenes exigieron réplica, y un sector importante de voces solicitaron al periodista no prestarse a campañas sucias elaboradas desde el gobierno de Jalisco.
El martes 9 de junio se supo que 6 jóvenes fueron detenidos de manera ilegal durante las protestas realizadas en Guadalajara y fueron llevados al penal de Puente Grande. Se ha denunciado la “irregularidad del proceso” de detención de los jóvenes, ni los familiares ni los representantes legales de los detenidos fueron informados. Además se sabe que no se integró ninguna carpeta de investigación y su traslado se realizó antes de 48 horas. Todo indica que han sido chivos expiatorios de la represión que se padece, aunque ya fueron liberados.
Un elemento no menor: el actual Fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez fue procurador del estado en tiempos del panista Francisco Ramírez Acuña. En ese cargo, en mayo de 2004 se reprimió una movilización con el mismo modus operandi, se estigmatizó como “globalifóbicos” a los jóvenes que disentían de la III Cumbre de América, El Caribe y Europa, y no conformes con disolver la manifestación, en aquel año también buscaron a los manifestantes durante las horas posteriores, los siguieron hasta sus casas, los sacaron de cafés, restaurantes o locales donde se resguardaban, los rociaron con un aerosol para que no se confundieran entre la gente.
Este Fiscal de Jalisco, propuesto para el cargo por Alfaro y el MC, de acuerdo a sus atribuciones “investigará” la violencia del 4 y 5 de junio, no obstante que sobre su labor en la fiscalía pesan los testimonios de su papel en la reciente represión.
Cuando fue procurador de justicia estatal, entre 2001 y 2005 Gerardo Octavio Solís Gómez acumuló más de cinco mil denuncias ante la CEDHJ, por casos de violación de los derechos humanos, detenciones arbitrarias, lesiones a civiles y tortura de los operativos de represión contra los manifestantes el 28 de mayo de 2004. “La CEDHJ hizo entonces 31 observaciones al respecto, se acreditaron 19 casos de tortura, 73 casos de incomunicaciones, retenciones ilegales, tratos crueles y degradantes, entre otros”.
Al día siguiente de los enfrentamientos en Guadalajara, el viernes 5 y el lunes 8 se realizaron movilizaciones de grupos autodenominados “anarquistas” en la CDMX, también hubo confrontación, montajes y casos de abuso policiaco. Sin embargo, ante hechos de provocación similares a los de Jalisco el gobierno del CDMX actúo sin ceder a la tentación autoritaria, claramente se refrendó que la policía no debe usarse para reprimir al pueblo, y que no se tolerará ningún abuso de autoridad, por lo que se investigan a fondo los hechos.
En la CDMX es muy claro que no se va a permitir la represión, en Jalisco la alientan, ocultan, y justifican. En la CDMX se desapareció el Cuerpo de Granaderos como fue la demanda de los estudiantes que ofrendaron su vida en las luchas por las libertades democráticas de 1968 y 1971. En Jalisco diversos indicios apuntan a la operación de un grupo de Neo Halcones al amparo de la Fiscalía y de la mano dura del gobernador.
Los Halcones de Alfaro -vestidos de civil y embozados-, que el viernes 5 de junio de 2020 amedrentaron con bates y tubos a jóvenes, deteniendo ciudadanos ilegalmente en las calles de Guadalajara, tendiendo a jóvenes en el piso mientras los cacheaban, escudados en el discurso de odio promovido por el gobernador, son imágenes inauditas e inaceptables en el siglo XXI que parecen una lamentable calca de 1971.
Los Halcones de ayer y hoy nos remiten a la vigencia de las reivindicaciones de los jóvenes de 1971 y la necesidad de seguir luchando por ellas en espacios donde no se han conseguido. Democracia verdadera, respeto a las libertades, y el dialogo como única vía para resolver conflictos.
