El trasfondo es la guerra por el litio. Bolivia se volvió a colocar desde el último lustro en el mapa del intervencionismo estadounidense y despertó las ambiciones de la oligarquía local que ha sido históricamente entreguista. Desde que el liviano metal se puso en el centro de los intereses comerciales por su papel preponderante como insumo para la fabricación de baterías de teléfonos móviles y autos eléctricos, el golpismo se reactivó hasta derrocar el gobierno de Evo Morales, que quizá navegaba con errores y problemas pero que era constitucional y legítimo.
En el cambio de matriz energética mundial el litio es estratégico para la disputa por la hegemonía entre empresas transnacionales y potencias económicas. Bolivia cuenta con las mayores reservas de litio que aún no ha sido extraído. Los salares para la extracción de litio paradójicamente ubicados en la provincia del Potosí, que lleva su nombre por el cerro Orck´o Potocchi que significa “cerro que brota plata” y símbolo de la veta de plata más rica y saqueada de la historia de la humanidad durante la colonia hoy significan la manzana de la discordia. Días previos al golpe de estado se revirtieron los planes de Bolivia para fabricar y comercializar baterías de litio junto a la empresa alemana ACI Systems GmbH con una sociedad industrial mixta auspiciada desde el enfoque nacionalista de la gestión de Evo.
El 20 de octubre de 2019 el pueblo boliviano acudió a las urnas para elegir presidente. Evo Morales compitió por su 4ª reelección, en el marco constitucional del Estado Plurinacional, con el expresidente y candidato de derecha Carlos Mesa.
Durante las campañas electorales se puso en marcha una intensa estrategia de desestabilización, los viejos actores políticos neoliberales -los mismos que auspiciaron el frustrado golpe contra el primer mandatario indígena en 2012- expresaron en público su respaldo a Carlos Mesa, ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Losada, quien salió huyendo de Bolivia por corrupto y represor. Mesa participó en la llamada Guerra del Gas del 2003 y colaboró para que Sánchez de Losada abandonara Bolivia, dejando una estela de 70 muertos en la ciudad de El Alto, después le sucedió en el cargo. De ninguna manera Mesa significaba una figura renovadora del ambiente político boliviano.
Envalentonados por la presencia de misiones internacionales para favorecer el intervencionismo yanqui, los opositores a Evo anunciaron antes de las elecciones que si el mandatario era reelecto, desconocerían el resultado popular, para iniciar la supuesta desobediencia civil, lo que finalmente fue una amenaza velada y cumplida.
El 25 de octubre se dieron a conocer los resultados finales y Evo Morales fue declarado oficialmente como ganador (47.08% de los votos frente a 36.51% de Mesa). La oposición, la OEA (con un informe amañado de las elecciones), la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia y Argentina exigieron la segunda vuelta, aun cuando con estas cifras Evo superó los 10 puntos porcentuales de diferencia necesarios para ser declarado presidente electo.
Entonces se intensificaron los actos de desestabilización, continuaron los bloqueos en las ciudades y se multiplicaron los ensayos golpistas, aderezados con campañas de polarización, mentiras y odio. Apareció la violencia en las calles al tiempo que los cuerpos de policía se amotinaban.
El 10 de noviembre Evo Morales anunció su dimisión y convocó a nuevas elecciones generales tras la oleada violenta perpetrada por grupos opositores desde octubre. “Tengo la obligación de buscar la paz y duele mucho que entre bolivianos nos enfrentemos, por esta razón envío mi carta de renuncia a la Asamblea Plurinacional de Bolivia“, indicó acompañado de su vicepresidente Álvaro García Linera, quien también dejó el cargo.
El 12 de noviembre se consumó el golpe de Estado. Apoyada por los altos mandos del ejército y sectores de la oligarquía, Jeanine Áñez usurpó el cargo como presidenta interina de Bolivia, ella y sus aliados entraron al palacio presidencial con la Biblia en alto y gritando “la Biblia vuelve a palacio”. Evo Morales después de un periplo se asiló en México y luego en Argentina.
En el entramado golpista previo a las elecciones, Jeanine Añez tuiteaba: “Aferrado al poder el pobre indio”, el texto iba acompañado de una caricatura de Evo Morales y la frase “últimos días”. Aunque hizo la promesa de realizar elecciones generales en abril, Añez no ha cumplido hasta la fecha y la pandemia del Covid-19 ha sido empleada por el gobierno espurio para escalar la represión contra la población y perseguir a sus críticos.
El 6 de julio de 2020 la Fiscalía Departamental de La Paz imputó a Evo Morales, por el caso de un supuesto “audio-terrorismo” acontecido en noviembre de 2019, cuando se perpetraba el ilegal golpe de Estado en su contra. El fiscal anunció “la resolución de imputación formal ante la autoridad jurisdiccional por los delitos por terrorismo y financiamiento a esta actividad ilícita, y la solicitud de detención preventiva correspondiente”. Evo Morales ha rechazado la acusación aludiendo falta de pruebas, “de manera ilegal e inconstitucional, se pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado”.
Con la judicialización del conflicto, la acusación falaz de terrorismo contra Evo Morales remite a la última fase de la receta golpista que tuvo éxito en Brasil, se ha ensayado en Venezuela, y hace sus pininos en México, que conjuga la restauración de los privilegios de oligarquías locales y la reanudación de políticas entreguistas, para sostener un status quo corrompido pero funcional al neoliberalismo.
Es muy relevante lo que ocurre en Bolivia, es un imperativo ético la solidaridad con un pueblo boliviano que hoy padece represión, racismo desde el gobierno de facto (62.2% de la población en Bolivia es indígena), y los estragos de la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia. Todo un laberinto sin salida.
Como sentenció Marcos Roitman: “Los logros sociales, económicos, étnicos, culturales, de género que hicieron de Bolivia un ejemplo en programas de salud, educación y vivienda serán demonizados, considerados los causantes del golpe de Estado. Vuelven los tiempos de oscuridad. Por ahora las noticias no son alentadoras. Sólo cabe resistir”.
La derecha en México condena hipócritamente el encuentro de AMLO con Donald Trump que consolida el nuevo acuerdo comercial, no solo porque los golpistas mexicanos quisieran ser los convidados a la mesa, sino porque en el fondo hacen lobby con los demócratas y su candidato Joe Biden, para más allá de toda ideología garantizarse los favores necesarios para que la vía del derrocamiento ilegal avance en México, y con ello revivan sus negocios al amparo del poder.
Sin anacronismos, será vital reflexionar de las lecciones de Bolivia para el caso mexicano:
- No subestimar a la minoría golpista, ni el impacto verdadero en la sociedad de su discurso de odio y sus expresiones de racismo abierto o soterrado.
- Observar que las fuerzas armadas de Bolivia no sufrieron transformaciones reales en su concepciones sobre su papel en la vida pública en años de gobiernos y perspectivas ideológicas emanadas del MAS.
- La ausencia de cuadros para el relevo generacional se hace notoria en la actual situación excepcional donde el dirigente del proceso boliviano ha tenido que abandonar el país.
- El proceso de concientización de los logros sociales no tuvo la profundidad esperada, un sector de beneficiarios de las políticas económicas de Evo titubeó ante el golpismo y se corrieron al conservadurismo.
Los golpistas acusan falazmente terrorismo. Solidaridad con el pueblo de Bolivia en esta mala hora.
