Brisa Lomelí
La Ley Nacional de Extinción de Dominio vulnera garantías constitucionales, por lo que el Ejecutivo federal “no debe publicarla” en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que se le agreguen modificaciones, consideró la diputada federal morenista, Lorena Villavicencio.
En entrevista, la legisladora e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados admitió “la buena intención” de esa legislación de declarar la pérdida de los derechos sobre bienes de personas físicas o morales a favor del Estado cuando estén vinculados a la comisión de un hecho ilícito como corrupción, encubrimiento, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, entre otros.
“Lamentó que los diputados que no hayan tomado en cuenta muchas de las reservas que consideramos prudentes para perfeccionarla y no vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos”, consideró.
Sin embargo, consideró que la ley vulnera garantías constitucionales como las de legalidad, certeza jurídica, debido proceso, presunción de inocencia, fundamentación y motivación, consagradas en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política mexicana.
De esta manera, entre los artículos “controvertidos” de esa ley mencionó el que establece que “la carga de la prueba corresponderá al propietario o poseedor de los bienes cuestionados de ilegalidad y no al Ministerio Público quien acusa”.
Desde su perspectiva, también se atenta contra el principio de presunción de inocencia, ya que aun cuando no exista una sentencia en materia penal que determine la responsabilidad sobre alguien, pero hay duda del origen de sus bienes, el Ministerio Público puede solicitar la extinción de dominio.
