- Empresarios regionales alertan sobre menores empleos y lenta recuperación económica
Redacción
La entrada en vigor de la reforma sobre outsourcing o subcontratación en México se da en el momento menos oportuno para las empresas de las diversas regiones del país, consideraron empresarios regionales.
José Manuel Urreta Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales, señaló que si bien existe un mayor número de empleadores no significa que haya más empleados.
“Pensamos que va a ser muy complicado, hay mucha confusión, el sector automotriz de Puebla nos expresó que esperan una reducción considerable en el número de empleos, lo mismo en la industria de la construcción a nivel nacional”.
A su parecer, debió extenderse la prórroga para la entrada en vigor de las modificaciones en subcontratación, para que las empresas cumplieran con la totalidad del proceso. Ahora se corre el riesgo de que varias compañías caigan en la ilegalidad, se hagan acreedoras a multas de 173 mil a 4 millones de pesos y que los colaboradores pierdan su fuente de ingresos.
Además, con las nuevas disposiciones se viola el derecho de libre asociación ya que quienes se inscriban al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) no podrán celebrar contratos con empresas con objeto social afín o cuya actividad preponderante sea similar.
“Para la industria de la construcción es un golpe letal para la cadena productiva porque se va a criminalizar la contratación formal que cumple con impuestos y contribuciones en dicho sector. Por otro lado, no habrá libre asociación y no está en la voluntad de la Secretaría del Trabajo que las empresas puedan con más tiempo registrarse”.
Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Riviera Maya, indicó que en Quintana Roo 300 mil trabajadores han migrado del sistema del outsourcing y se han dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, según datos de las autoridades.
El presidente de CCE Riviera Maya indicó que, de no cumplirse estas disposiciones serán sancionadas las empresas de 250 a 5 Mil UMAS, “lamentamos que no se haya ampliado la prórroga en base al impasse que por la pandemia entró el Servicio de Administración Tributaria, y por la situación económica debido al COVID-19 esperamos que no se sancione a todas las empresas que empezaron su trámite en tiempo y forma y no hayan concluido.”
La industria marítima también será afectada, pues las grandes navieras o petroleras subcontratan o contratan de forma directa diversos trabajos. “Se le llama subcontratar, pero realmente es una contratación directa porque cuando la gente sube a hacer un servicio no se subordina porque no recibe órdenes de un tercero”, concluyó Urreta Ortega.
Ante la reforma de ocho leyes (Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR, la Ley del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como la Ley Reglamentaria) los empresarios regionales del país admitieron que por un lado existe el beneficio de que los empleados sean contratados directamente por un patrón, para generar antigüedad y gocen de prestaciones (según datos de INEGI estados como Oaxaca tienen índices de informalidad de hasta 80.7% o Chiapas 76.6%); pero, por el otro, la tramitología es engorrosa, hay empresas que requieren servicios que un mexicano no puede dar y necesitan de compañías extranjeras, entre otros.
