Un juez del Estado de México ordenó detener al empresario Oscar Rodríguez Borgio y al abogado Óscar Israel García Córdova, presuntos involucrados en el fraude cometido por más de 400 millones de dólares contra Banamex en el caso Oceanografía.
La autoridad judicial también autorizó la búsqueda, localización y aprehensión de Miguel Álvaro Mateos Pérez por fraude en agravio de la empresa Desarrollo en Educación Especializada, S.A. de C.V., legalmente representada por Víctor Rodolfo Gamboa Martínez.
Se conoce que Oscar Rodríguez Borgio es uno de los ex socios de la empresa Oceanografía y dueño de la cadena de casinos Big Bola que operan en los estados de Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y Ciudad de México.
El hermano de Rodríguez Borgio, Francisco, también tiene la titularidad de los casinos, además de que ha estado envuelto en investigaciones de lavado de dinero de sus empresas como Grupo Gasolinero Mexicano, que presuntamente vendía gasolina robada por grupos criminales en el estado de Querétaro.
El pasado 24 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de la cadena Big Bola y de Francisco, como resultado de una investigación por posible lavado de dinero.
Por su parte, Oscar Israel García Córdova era apoderado legal de la empresa naviera Shipping Group México, a quien autoridades mexicanas dieron la propiedad del buque Caballo Maya en julio de 2015 y que es considerada clave en el plan de reestructuración de la empresa Oceanografía.
Shipping Group es la empresa que arrendaba los buques a oceanografía y que a principios de agosto de 2015 sustrajo el barco Caballo Maya de Campeche, lugar en donde se encontraba bajo resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna, era una de las mayores contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Durante 12 años de gobiernos panistas en México, la empresa obtuvo de la paraestatal al menos 106 contratos que juntos sumaron 45 mil 986 millones de pesos.
Pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en los contratos que Pemex entregó a Oceanografía, la empresa ignoró las alertas del órgano fiscalizador durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Fue hasta el 11 de febrero de 2014, bajo la administración del priista Enrique Peña Nieto, que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía para realizar contratos con el Gobierno Federal.
En ese momento, Banamex inició una revisión detallada del financiamiento que otorgó a esa compañía y del programa de cuentas por cobrar durante los años recientes.
Oceanografía había recibido préstamos que supuestamente estaban garantizados con facturas por cobrar a Pemex, aunque luego se demostró que esas operaciones eran simuladas.
Con base en esa investigación, la entonces Procuraduría General de la República inició el 28 de febrero de 2014, una investigación por desvío de recursos y fraude por más de 585 millones de dólares en contra de los directivos de oceanografía.
Ocho meses después Yáñez Osuna fue aprehendido, aunque luego liberado bajo fianza en abril de 2017 y tres meses después se levantó el aseguramiento de Oceanografía y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes le devolvió la compañía, aunque en proceso de quiebra, con la flota en grave deterioro y multimillonarios pasivos y miles de empleados que demandaron su salario.
