Redacción

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el 19 de octubre de 2021 que es inconstitucional prohibir la venta de vaporizadores en México, el gobierno federal viola dicha disposición por la serie de operativos que ha emprendido en contra de negocios establecidos que venden ese tipo de productos, lo que afecta a miles de personas que utilizan los dispositivos para abandonar el consumo de tabaco.

El presidente de la organización, México y el Mundo Vapeando, Juan José Cirión Lee, denunció que durante la última semana se han ejecutado, al menos, 20 acciones contra igual número de comercios de vaporizadores, localizados en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, de la Ciudad de México, así como en la zona de Lomas Verdes en el Estado de México, lo que derivó en decomisos que alcanzaron hasta dos millones de pesos en valor de mercancía. En Michoacán, se decomisaron más de mil unidades.

El especialista en Derecho Mercantil explicó que las autoridades que han ejecutado los arbitrarios operativos son el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), lo que violenta la resolución de la SCJN porque no hay elementos jurídicos para prohibir la venta de los dispositivos electrónicos.

“La serie de operativos que han emprendido autoridades federales contrapone lo que resolvió la Máxima Casa de Justicia del país el 19 de octubre de 2021, la cual unificó una contradicción de tesis que había entre la Primera y Segunda Salas, lo que derivó en jurisprudencia y que se vuelve obligatoria para todos los jueces federales, por lo que a partir de ello, cualquier persona que solicite un amparo, alegando cualquier acto de autoridad que le prohíba comercializar dichos productos, le van a conceder la protección federal”, explicó.

Adicional a ello, resulta que los productos decomisados corresponden a artículos que ingresaron al país por la vía de amparos, por lo que se trata de productos legales, a diferencia de los que se venden en tianguis, puestos ambulantes y vía pública, los cuales se introdujeron al país a través del contrabando, por lo que no existe garantía ni seguridad en su composición y su venta está al alcance de menores de edad.

Cabe mencionar que la COFREPRIS, en su alerta sanitaria del cinco de noviembre de 2021 sobre los vaporizadores, no tipificó que la venta de dichos dispositivos estuviera prohibida en México.

Juan José Cirión Lee afirmo que aun y cuando es seguro que los comerciantes afectados ganarán en tribunales las querellas en contra de los operativos (frente al fallo de la SCJN), el problema radica en que, mientras se desarrolla el proceso legal, la autoridad les retiene el producto, lo que afecta la liquidez financiera de los comerciantes.

Por ello, Cirión Lee afirmó que los operativos tienen tres implicaciones: Por un lado, figura el tema jurídico, es decir, la violación a lo aprobado por la Suprema Corte de Justicia, a lo que se suma, el tema económico, es decir, el daño patrimonial que provocan este tipo de medidas a los pequeños locatarios. Y finalmente el tercer punto, es decir, el duro golpe que provocan los decomisos a la batalla en contra del tabaquismo en México.

Sobre este último punto, el abogado recordó que los vaporizadores forman parte de las políticas públicas de gobierno de países como del Reino Unido, Nueva Zelanda y Francia para combatir el fenómeno del tabaquismo, en virtud de que el vapeo es 95 por ciento menos dañino que fumar tabaco.

De tal manera, aseguró que los decomisos dejan en una posición vulnerable a miles de usuarios que encuentran en los dispositivos electrónicos un instrumento seguro y confiable para abandonar el tabaquismo, por lo que existe el riesgo de que se vean en la necesidad de buscarlos en el “mercado negro”, con los severos riesgos que conlleva.

Ante dicho escenario, el activista afirmó que el gran reto hoy en día, tras el fallo de la SCJN, es avanzar en la definición de una regulación específica para el vapeo, es decir, ajena totalmente a la Ley General para el Control del Tabaco, pues dejó en claro que los vaporizadores y los cigarros convencionales son productos totalmente diferentes, a pesar de que su consumo provoca una confusión visual.

Y lo que sucede, es que, en efecto, existe una confusión que asocia a los vaporizadores con los cigarros de tabaco por el aerosol que ambos generan, pero lo cierto es que son artículos totalmente diferente, pues los cigarros convencionales producen humo por la combustión (quema), de tabaco; mientras que los vaporizadores generan vapor (como su nombre lo dice), derivado de la evaporación de sustancias.

Por ello, Juan José Cirión Lee consideró que si el Congreso de la Unión avanza en la definición de una regulación al vapeo, se lograrían importantes avances en la materia, como evitar operativos arbitrarios, definir un trato fiscal a los dispositivos, identificar los comercios que los vendan y garantizar que su comercialización sea única y exclusivamente para adultos, pues recordó que la falta de un marco legal ha derivado en diversos fenómenos, como la colocación de maquinas despachadoras en la vía pública o plazas comerciales, lo que permite que un menor de edad pueda adquirir un vaporizador.

“Hacemos un respetuoso llamado a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para plasmar en ley lo estipulado por la Suprema Corte; no dejemos de desaprovechar esta invaluable oportunidad que tenemos para avanzar en la lucha contra el tabaquismo; en estos momentos, en los que hemos sostenidos diálogo con legisladores no podemos permitir que las autoridades administraciones golpeen a los pequeños empresarios del ramo”, afirmó el dirigente de México y el Mundo Vapeando.