De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad en 2021 el Banco del Bienestar favoreció la adjudicación directa: 9 de cada 10 pesos fueron adjudicados sin competencia.
Red de corresponsales
El Banco del Bienestar es uno de los proyectos insignia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la información gubernamental “El Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es el principal dispersor de recursos de programas sociales del gobierno federal” y tiene el próposito de promover y facilitar el ahorro así como el acceso a créditos.
Sin embargo, tras realizar una investigación, el Instituto Mexicano para la Competitividad denunció que dicho banco presenta un rezago de la meta de construcción de sucursales del 55% y que, a la par ha habido poca transparencia en las compras públicas así como una planeación deficiente en el uso de recursos.
Según los datos publicado en su reporte, en 2021 el Banco del Bienestar favoreció la adjudicación directa: 9 de cada 10 pesos fueron adjudicados sin competencia. Además, tanto la institución como la Secretaría de la Defensa (Sedena) “han cancelado contratos para la operación de transacciones bancarias y cajeros automáticos, lo cual ha generado costos adicionales y refleja una administración deficiente de los recursos” denuncia el reporte.
A estos señalamientos, el IMCO suma fatos que refleja que los estados con mayor porcentaje de rezago en la construcción son Jalisco (80%), Quintana Roo (79%), Guerrero (78%) y Nayarit (70%).
Paradojicamente, en estados con menos desigualdad como Baja California Sur (0%), Sinaloa (22%), Zacatecas (22%) y Durango (26%) se han construido todas o la mayoría de las sucursales proyectadas.
Otro punto que destacó el instituto fue que, “aunque el objetivo planteado fue incrementar la inclusión financiera entre la población vulnerable, no es posible identificar un criterio específico para la evaluación del cumplimiento de este”, explica el instituto.
A la fecha, los 26 municipios del país con mayor porcentaje de población en pobreza no cuentan con ninguna sucursal del Banco de Bienestar en operación.
Esto pese al “ambicioso” avance del proyecto puesto que en 2021 no se cumplió la meta de 2 mil 700 sucursales. De acuerdo la la informacipon oficial, para 2023 se pretende construir 2 mil 744 sucursales a lo largo y ancho del país.
De acuerdo con la meta planteada, la Sedena debía construir 2 mil 700 sucursales para finales de 2021. Sin embargo, a febrero de 2022 únicamente han sido construidas mil 212 sucursales.
Además, de acuerdo con el reporte, el alto monto contratado por adjudicación directa y la cancelación de contratos por más de 27 mil millones de pesos para la adquisición de cajeros automáticos y servicios de transacciones bancarias genera costos adicionales y “reflejan una administración deficiente de los recursos”.
Como ejecutora del plan de expansión del Banco, la Sedena adquirió bienes para todas las sucursales sin que estuvieran construidas en su totalidad. Esto indica falta de coordinación en su labor: el ritmo de construcción, más lento de lo planeado, no ha sido coherente con las dinámicas de compras públicas de equipamiento para las sucursales.
Finalemente, la falta de planeación y gestión del proyecto “impacta en la plantilla laboral puesto que hay 674 personas encargadas de atender la totalidad de las sucursales, un número bajo de personal al considerar las sucursales actualmente en operación.
Falta de transparencia
El IMCO ha retiterado que existe una falta de transparencia en el proceso: según sus investigaciones, se deconoce en qué se ha gastado 74% del presupuesto asignado para la construcción de sucursales.
“Aunque existe la obligación de publicar la información de compras públicas, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en Compranet el nivel de publicación de los documentos es insuficiente”, denuncia el IMCO.
Esto reifere a que el 49% de los contratos de la Secretaría de la Defnesa (Sedena) y 26% del Banco del Bienestar en 2021 no fueron publicados en las plataformas oficiales de compras públicas.
“El proyecto refleja irregularidades en la información, construcción a marchas forzadas, cancelación de contratos, riesgos de corrupción en la compra de bienes y servicios, mayores costos y desafíos operativos”, asegura.
