Adicional a factores como problemas en las cadenas de proveeduría a nivel internacional, detrás de los elevados precios que azotan hoy en día a la economía mexicana se encuentra el crimen organizado que somete a productores, comerciantes y empresarios en general, quienes se ven o obligados a trasladar al consumidor las cuotas o sobreprecios que les fijan los delincuentes.
En este sentido, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), denunció que en últimas fechas se ha informado de casos en los que bandas de criminales se han propuesto apoderarse de las cadenas de abasto y suministro de productos esenciales de alta demanda, como la tortilla, el pollo, huevo, cerveza, entre otros, con el objetivo de establecer el precio final de los productos, decretando sobreprecios desmedidos.
Adicional a ello, agregó el dirigente de la organización, Cuauhtémoc Rivera, “la cultura” de la extorsión ya es una realidad para miles de negocios en el país, pues su incremento en los últimos meses ha provocado que el proceso de reactivación gradual postpandemia de la sociedad sea lento, tedioso y, en algunas, ocasiones imposible, generando un círculo que abona a otros factores a resentir con más fuerza la inflación que flagela a la sociedad mexicana.
Sobre este punto, refirió que, según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2021 se denunciaron 829 mil casos de extorsión por cobro de piso en punto de venta, por vía telefónica y/o medios electrónicos; predominando la extorsión por cobro de piso, uno de cada dos.
“De los diferentes delitos de los que es víctima la actividad comercial, industrial y de servicios, es la extorsión el que predomina en el abanico de ilícitos cometidos por las pandillas de delincuentes que azotan al país, un flagelo que mina la actividad comercial y económica del país”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.
En este sentido, resulta que los Estados en donde más se ha dejado sentir esta problemática corresponden con la geografía de violencia que impera en la nación, es decir, en entidades como Sonora, Zacatecas, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa y, para coronar el elenco, la propia capital, CDMX.
De tal manera, el INEGI reveló que 24 por ciento, de los casi 4.8 millones de negocios que operan en el país, fueron víctimas de un delito, debiéndose observar que en el país impera el miedo y la desconfianza para hacer una denuncia por las consecuencias que puede haber y por la sospecha, muchas veces fundada, de la colusión existente por parte de autoridades con las pandillas de delincuentes
“Tal vez México es de los pocos países en el mundo en donde se ha instalado un impuesto ilegal al trabajo y al éxito económico, de tal suerte que con una precisión meridiana, los bandoleros saben clavar el aguijón de la extorsión en aquellos negocios que con mucho esfuerzo van logrando recuperarse y ponerse en pie nuevamente después de los estragos de la cuarentena de la pandemia del COVID que vivimos por dos años y medio; y así, casual, se aparecen en los puntos de venta, demostrando al comerciante y/o empresario que tienen pleno conocimiento de sus vidas y rutinas, por lo que están en posición, de ser necesario, de perjudicarles y poner en riesgo la seguridad de sus seres queridos”, agregó.
