Redacción
En la actualidad, en México existen muchos problemas que afectan a la sociedad. Uno de ellos, que quizá es de los que más daño ha hecho al país en los últimos años, es el narcotráfico. Prueba de ello es la detención de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo de El Chapo Guzmán, hecho que provocó que se desatara una ola de violencia en diversos puntos de Culiacán, Sinaloa, ciudad donde fue detenido por el Ejército Mexicano.
Y es que las drogas han significado un problema en México desde hace muchos años, y su prohibición ha provocado que delincuentes amasen grandes fortunas con ellas. Si embargo, no siempre han sido ilegales en el país.
Fue durante la primera mitad del siglo XX, entre 1912 y 1929, que en México se promulgaron diversas leyes que regularon, prohibieron o criminalizaron la producción, posesión, distribución, prescripción médica, venta y consumo de diversas sustancias.
Pero de ese momento a la fecha, hubo un breve periodo en el que las dogas fueron legales en México. Y es que la regulación de las drogas es considerada una respuesta progresista de frente al castigo del uso de sustancias psicoactivas por personas mayores de 18 años así como una alternativa viable y menos agresiva, en comparación con los resultados de la llamada guerra contra las drogas y su saldo de decenas de miles de personas muertas, desaparecidas y desplazadas por la violencia.
Los argumentos que apuntan a una regulación de las drogas en nuestro país hablan de una realidad que para algunos es lejana o incluso inimaginable en la actualidad. El corto periodo en el que se regularon las drogas en México, incluyó medidas de reducción de daños. Pero los paradigmas prohibicionistas dominantes del momento a nivel internacional y la presión por parte de Estados Unidos coartaron un proyecto que buscaba una alternativa a la criminalización de las drogas y sus usuarios.
En 1940, durante el último año del mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río, se promulgó un Reglamento Federal de Toxicomanías en el que se eliminaron diversos decretos punitivos que consideraban el consumo, posesión y venta de drogas como un delito.
El paradigma de este reglamento dejó de considerar a las personas con problemas de abuso de drogas como criminales y las pasó a la categoría de enfermos. Asimismo, esta nueva normativa hizo que el Estado monopolizara la venta de fármacos considerados drogas, por lo cual el tráfico ilícito continuó siendo perseguido por la ley.
Con la puesta en marcha del Reglamento Federal de Toxicomanías, se abrieron dispensarios que estaban a cargo del Departamento de Salubridad Pública y cuya meta era suministrar dosis, a manera de tratamiento, a las personas que tenían dependencia a alguna sustancia psicoactiva. El primero de estos dispensarios se ubicó en la Ciudad de México.
El historiador Benjamin Smith señala que los bajos precios de las drogas que se ofrecían en ese tipo de clínicas, pronto causaron estragos en el comercio ilegal, el cual además ponía a la venta sustancias sin garantía sobre su pureza.
Según el periodista e historiador Froylán Enciso, autor del libro “Nuestra historia narcótica: Pasajes para (re)legalizar las drogas en México”, esto sucedió debido a que en lugar de que los consumidores recurrieran a contrabandistas para acceder a sustancias psicoactivas, éstos podían acudir con un profesional de la salud para que les suministrara dichas drogas enmarcadas en un tratamiento que buscaba superar su adicción.
Uno de los personajes que hizo posible que la regulación de las drogas en México fuera posible fue el doctor Leopoldo Salazar Viniegra quien realizó una serie de exhaustivos estudios que apostaban por acabar con los prejuicios y mitos construidos en torno a diversas drogas, entre ellas la marihuana.
Su postura se centraba en dejar de considerar las adicciones como un delito, y comenzar a abordarlas como un problema de salud pública, por lo que sugería un proyecto de reinserción social que incluía educación, tratamiento y apoyo psiquiátrico.
Pese a que las críticas a la nueva estrategia del gobierno de Lázaro Cárdenas vinieron principalmente de la prensa y los sectores conservadores, y a que el gobierno de México, responsabilizó a la escasez de narcóticos por la guerra en Europa como la causa del declive del proyecto de legalización, el verdadero motivo por el que la iniciativa se replegó, apenas cinco meses después de su puesta en marcha, fue la presión provenientes del gobierno de Estados Unidos, en particular de Harry J. Anslinger, el primer comisionado del Buró Federal de Narcóticos, agencia encargada de la sanción del uso de drogas que se caracterizaba por poner en marcha políticas prohibicionistas.
