Para evitar que el país padezca una crisis hídrica en las próximas décadas debe tomar acciones de forma urgente como actualizar la Ley General de Aguas de México y modernizar las concesiones, su monitoreo y vigilancia, así como definir las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento para la infraestructura hídrica.
Así lo dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al precisar que 12 millones de mexicanos carecen de acceso a agua potable.
Recordó que, a una década de haber aprobado, en febrero de 2012 la propuesta de elevar a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4°, aun está pendiente su publicación y solo se divulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ya que se concedió un plazo de 360 días para la expedición de la nueva Ley General de Aguas, que reemplazaría a la Ley de Aguas Nacionales de 1992.
A través del tiempo no solamente carecen de acceso al agua las personas, sino que se ha intensificado las sequías en la última década y, la sobreexplotación de los acuíferos se ha incrementado en 15%, agregó.
Piden actualizar títulos de concesión
Ante este escenario, el centro de investigación en política pública considera que en la discusión sobre la nueva Ley de Aguas se debe abordar algunos temas de manera urgente para mejor la gestión del recurso hídrico.
Entre los temas prioritarios que señala el IMCO, es la actualización de las disposiciones para otorgar títulos de concesión del agua, cuya explotación tiene una vigencia de 5 a 30 años, sin transparencia para cederla a un tercero, en caso de que el usuario original ya no requiera utilizarla.
“Ello promueve malas prácticas entre los usuarios, como hacer uso de un volumen mayor al concesionado, traspasar el título a otros usuarios con opacidad, o cambiar el uso sin la actualización de la concesión”, señaló.
Citó de ejemplo, que, al momento de obtener la concesión, le daban uso agrícola al agua, pero que hoy en día se utiliza para alguna otra actividad industrial, comercial o de servicio. Esta práctica se da porque las concesiones para uso agrícola no están obligadas a pagar por el agua, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Derechos.
El pago, agregó, solo se origina si el volumen extraído supera el estipulado por la concesión que se otorga de acuerdo a las necesidades del usuario, “el monto a pagar es de 17 centavos por metro cúbico. Mientras que la industria, comercios y servicios pagan entre 23.48 y 35.86 pesos el metro cúbico dependiendo la región.
Sin medidor 97% de títulos para aprovechar el agua
Explicó que otro de los temas que se debe atender al actualizar la Ley General de Aguas de México, es hacer monitorear adecuadamente los títulos para el aprovechamiento de agua registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), pues el 97% no tienen medidor y 93% de los medidores instalados no han sido verificados, lo cual incentiva el uso desmedido de agua y a las tomas clandestinas, a través de las cuales se llega a perder hasta un 15% del agua potable en México.
Asimismo, destacó que en los últimos cuatro años se redujeron a más de la mitad las visitas que realiza la autoridad para vigilar el correcto uso del agua.
La gestión del agua es un tema polémico, como cualquiera relacionado con los recursos naturales que posee el país, por lo que la discusión de la nueva Ley no ha sido la excepción. Desde septiembre de 2012 se han presentado 14 iniciativas para la nueva Ley General de Aguas.
A lo largo de la última década, actores de la sociedad civil y de partidos políticos se han opuesto a las distintas iniciativas para la nueva Ley bajo el argumento de que su objetivo es, en el fondo, la privatización del recurso. Dada la dificultad para llegar a consensos, la discusión está estancada, resaltó el IMCO.
Se requiere inversión de 600 mil mdp
Refirió que desde 2021, la Comisión de Recursos Hídricos ha buscado revivir el tema con la propuesta para crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica que cumpla los compromisos de inversión hídrica hacia 2030. Se trata de 600 mil millones de pesos para atender las anomalías de los recursos hídricos en el país.
E incluso, en enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas.
La presente administración, así como distintas bancadas en el Congreso de la Unión, han reiterado que la discusión y eventual aprobación de la Ley es una prioridad para la actual legislatura, sin tomar pasos concretos para lograr ese objetivo. El Día Mundial del Agua, agregó, debe servir como un recordatorio de la urgente necesidad de modernizar la gestión del agua en México y hacer efectivo el derecho humano a su acceso.
Desde el ámbito de gestión pública de los recursos naturales, algunas acciones necesarias incluyen la evaluación y actualización de la delimitación de cuencas a nivel nacional, utilizando criterios geofísicos en lugar de geopolíticos. Aún más, la administración y el monitoreo efectivos de las concesiones es urgente en todos los sectores.
Finalmente, las autoridades deben considerar el uso de tecnología de monitoreo en tiempo real para identificar las fugas de agua en los sistemas de tuberías.
Así como un marco legal y regulatorio más moderno no resolverá por sí solo los retos de la gestión del agua, pero es una condición indispensable para encaminar al país hacia sistemas hídricos más eficientes que garanticen el acceso al agua para todos los mexicanos.
