Redacción
Donald Trump fue informado por la justicia federal que es investigado personalmente por el manejo de archivos clasificados de la Casa Blanca, un nuevo reto para el ex presidente estadounidense que postula a un nuevo mandato en 2024.
Según varios medios de comunicación, entre ellos The New York Times y CNN, fiscales federales notificaron a los abogados del ex mandatario que la investigación ya no se limitaba a sus más cercanos colaboradores, sino que lo apuntan directamente.
Los fiscales le reprochan haber conservado cajas enteras de documentos, incluso algunos clasificados como “top secret” tras su partida de Washington en 2021, y de haber rechazado restituirlos, violando leyes federales.
Los medios estadounidenses no precisan cuándo fue informado el ex presidente, pero sus abogados se reunieron el lunes con responsables del Departamento de Justicia, en particular el fiscal especial Jack Smith, encargado de supervisar la investigación de manera independiente.
Trump, que adelanta por ahora ampliamente a los otros candidatos tras la investidura republicana, siempre se defendió de toda malversación y se presenta como víctima de “persecución política”.
“Cómo podría el Departamento de Justicia inculparme cuando no he hecho nada”, escribió el lunes en su plataforma Truth Social, al momento en que sus abogados eran recibidos por responsables de este ministerio.
En Estados Unidos, una ley de 1978 obliga a todo presidente a transmitir el conjunto de sus cartas, correos electrónicos y otros documentos de trabajo en los Archivos Nacionales. Otra ley, sobre espionaje, prohíbe a cualquiera conservar documentos confidenciales en lugares no autorizados y no asegurados.
Al dejar la presidencia para instalarse en una lujosa residencia Mar-a-Lago, en Florida, Trump se llevó sin embargo cajas enteras de documentos.
En enero de 2022, tras varios recordatorios, accedió a devolver 15 cajas que contenían más de 200 documentos clasificados.
En un correo, sus abogados aseguraron que no había otras.
La Policía Federal estimó, sin embargo, que no había devuelto todo y que conservaba aún muchos en su club de Palm Beach.
Los agentes del FBI acudieron allí el 8 de agosto y se incautaron otras treinta cajas que contenían 11.000 documentos, entre ellos algunos muy delicados sobre Irán y China.
Al denunciar fuertemente una operación mediática, sus abogados reprocharon ampliamente al FBI su publicación, según ellos innecesaria, una foto que mostraba documentos confiscados estampados con la mención “Top Secret”, sobre una alfombra floreada.
Para acallar las acusaciones de juego sucio, el fiscal general Merrick Garland nombró al fiscal especial Jack Smith para supervisar esta investigación, así como otra sobre el papel de Trump en el asalto al Capitolio.
Otro fiscal especial investiga en paralelo documentos clasificados confidenciales encontrados al inicio de año en una antigua oficina en el domicilio del presidente demócrata Joe Biden por sus abogados.
Estos hallazgos, así como otros en una residencia del ex vicepresidente Mike Pence, permitieron a Trump relativizar su conducta, aunque Biden siempre cooperó con la justicia, al restituir por voluntad propia los documentos, mucho menos numerosos.
El multimillonario republicano también se sirvió de esos hallazgos para unir a sus seguidores cuando lo alcanza la justicia.
Así ocurrió especialmente en abril, cuando la justicia del estado de Nueva York le acusó de falsificar documentos contables en relación con el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016, a cambio de su silencio sobre una supuesta relación.
Era la primera vez en la historia de Estados Unidos que un ex presidente era objeto de un proceso penal.
