Redacción

Con respecto a la marcha del día de hoy, para exigir justicia por parte de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), reconoce las legítimas demandas de los manifestantes, pues se trata de una expresión ciudadana que como institución respetamos. Sin embargo, debemos recordar que los derechos de unos no pueden estar por encima de otros contemplados en nuestra Carta Magna.

En este contexto, el presidente de Canaco CDMX, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, indicó que, con la intención de preservar su patrimonio y evitar daños a sus negocios, 7 mil 802 establecimientos (de los cuales 4,595 son comercios y 3,207 son servicios), ubicados en la ruta de la manifestación y cercanías, optaron por cerrar sus puertas, lo que generó afectaciones por ventas no realizadas por casi 20 millones de pesos.

Rodríguez Cárdenas estimó que la manifestación afectó a 6,861 micronegocios, 772 pymes y 169 empresas grandes, los cuales emplean a casi 62,000 personas.

El líder empresarial añadió que, además de, al menos, una persona lesionada, se reportaron actos vandálicos en decenas de establecimientos comerciales, mobiliario urbano y diversos edificios ubicados en el corredor Paseo de la Reforma-Centro Histórico y agregó que, de acuerdo con estimaciones de Canaco CDMX, la cifra por daños materiales ascendió a más de 30 millones pesos, ello, a pesar de que algunos establecimientos colocaron vallas.

Ante este panorama, el líder del comercio organizado de la CDMX manifestó su extrañamiento por la nula vigilancia tanto de las autoridades del gobierno capitalino, como del gobierno federal, lo cual propició que manifestantes destrozaran completamente diversos establecimientos, por lo que exigió que sea el propio gobierno quien resarza dichos daños.

Finalmente, José de Jesús Rodríguez Cárdenas lamentó que, a diferencia del pasado reciente, no se haya notado esfuerzo alguno de autoridades de la CDMX ni de autoridades federales por contener a los grupos radicales que aparecieron durante la marcha solo para vandalizar establecimientos.