Redacción
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el sector privado acordaron impulsar ajustes a las iniciativas legislativas en materia fiscal incluidas en la propuesta de paquete económico 2020, sin “descafeinar” su objetivo ni bajar los ingresos esperados.
“Hemos llegado a acuerdos sobre algunos elementos de la miscelánea fiscal que creemos que sería importante hacer ajustes, cambiar los umbrales o hacer precisiones”, afirmó el titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez-
En conferencia de prensa, el funcionario informó que se alcanzaron consensos y se realizaron revisiones menores a estas iniciativas, con modificaciones de redacción y sin afectar los ingresos estimados por la miscelánea fiscal de 2020, de unos 30 mil millones de pesos.
En ese sentido, dijo que el objetivo de estos ajustes es dar certidumbre jurídica a los contribuyentes, pero también que aquellos que tienen obligación de pagar impuestos la cumplan, apuntó el encargado de las finanzas públicas del país.
Agregó que estos ajustes se someterán a consideración de los diputados para incorporarlos en el dictamen de la Ley de Ingresos 2020, a aprobarse como máximo el 20 de octubre.
Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que siempre ha apoyado y apoyará las acciones que permitan al Gobierno Federal atacar a los grupos delincuenciales que han hecho de la venta de facturas que documentan operaciones simuladas o inexistentes, su modus vivendi.
“Sin embargo -apuntó-, no coincidimos en que para lograrlo se tenga que hacer aplicable este régimen de excepción a cualquier contribuyente que esté acusado de defraudación fiscal o su equiparada, máxime cuando el proceso penal lo enfrentará en prisión (aun cuando no hubiera sido declarado culpable) y se le podrán asegurar sus bienes o el control de su empresa (delincuencia organizada)”.
En este sentido, consideró que sería factible alcanzar el objetivo que busca el Gobierno Federal de atacar a los grupos delincuenciales que se dedican a comercializar facturas, si se restringe la aplicación de este régimen a los delitos de venta de facturas (113 Bis del CFF) y a los de defraudación fiscal y su equiparada únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas, por lo que hacemos un llamado para ajustar la reforma y evitar con ello generar incertidumbre a la inversión productiva.
“Se prevé que este fin de semana se concluya el proceso para la elaboración de alternativas, a efecto de que puedan ser comentadas con los legisladores para que se incluyan en la dictaminación del paquete económico la próxima semana”, informó el CCE.
