Durante la conferencia de prensa matutina presidencial de este viernes, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, acusó de corrupción a la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar.
Durante su exposición en donde resolvió algunos cuestionamientos que se habían hecho en conferencias anteriores sobre los contratos de la paraestatal, el funcionario acusó que Casar incurrió en un delito cuando declaró que su esposo se había accidentado en el edificio de Pemex, cuando fue un suicidio.
“Este es un caso importante porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción o por quien encabeza a Mexicanos, ellos dicen que son en contra de la corrupción, pero en realidad son a favor de la corrupción”, denunció.
Romero Oropeza dijo que en octubre de 2004, Carlos Fernando Márquez Padilla García, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración, murió al caer del piso 12 de la Torre A de Pemex, por lo que Casar solicitó el pago del seguro, ayuda de gastos funerarios, pensión post mortem para sus hijos y ella por 124 mil pesos mensuales, mismos que se le otorgaron.
El director de Pemex explicó que todo ello fue antes de que hubiera un dictamen pericial, por lo que los directivos de la paraestatal le dieron el trato de accidente omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público que finalmente resolvió que había sido un suicidio.
Romero Oropeza denunció que María Amparo Casar y el escritor Héctor Aguilar Camín fueron a ver al entonces procurador de la Ciudad de México para pedirle modificar el dictamen y que no pareciera un suicidio, sino un accidente, a fin de que procedieran los pagos.
Al detectar la situación, se suspendieron las prestaciones que habían estado pagándose a favor de Casar y se realizaron las denuncias correspondientes contra los funcionarios de Pemex que participaron en ello.
“Hay diversas acciones en trámite porque estamos intentando recuperar los montos indebidamente pagados que están estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a los servidores púbicos involucrados”, dijo.
