Francisco Romero
El presidente Andrés Manuel López Obrador informo que se logró un “muy buen acuerdo” con las empresas constructoras de gasoductos en el país, el cual permitirá un ahorro para la hacienda pública de cuatro mil 500 millones de dólares en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que garantiza el abasto de gas y energía eléctrica.
“Se habían acordado condiciones que nosotros consideramos dañinas para la hacienda pública, y por eso se acudió a los dueños de las empresas, para que haciendo a un lado los compromisos legales, se llegara a un acuerdo en beneficio de todos”, comentó.
Con la presencia de Carlos Slim, presidente de Grupo Carso; Carlos Salazar, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Antonio del Valle, dirigente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el jefe del Ejecutivo federal recordó que hizo un llamado a los empresarios para buscar un acuerdo.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional a donde también asistieron Carlos Ruiz Sacristán, presidente ejecutivo de IEnova; Tania Ortiz Mena, directora General de IENova, y Robert Jones, director de TransCanadá, el presidente López Obrador afirmó que los empresarios actuaron con mucha responsabilidad.
Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que con este acuerdo se garantiza el abasto de gas para la industria eléctrica, “para que no tengamos apagones en muchos años y para el fomento de la industria nacional; vamos a tener gas suficiente en México”.
Acompañado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, López Obrador admitió que había discrepancias con las compañías e “incluso se estaba a punto de acudir a tribunales internacionales por los contratos que se suscribieron en la construcción de gasoductos”, debido a la controversia que hubo desde el inicio de la administración por los costos del servicio de transporte de gas.
Por lo anterior, el mandatario federal agradeció la voluntad de los empresarios para llegar a un acuerdo mediante el diálogo, “poniendo por delante el interés nacional y considerando también el interés legítimo de las empresas”.