Por Diana Domínguez Galván
Las diferentes asociaciones que conforman a la industria automotriz repudiaron la intensión de que en Baja California legisle para regularizar vehículos ilegales y con ello se erija el “Instituto Regularizador de Vehículos Chuecos”, lo que, alertaron, enviaría un mensaje de impunidad a todo el país.
Y es que mañana miércoles el Congreso del Estado pretende aprobar el censo de vehículos ilegales a través del pago de mil pesos por trámite e identificación mediante calcomanías.
Las asociaciones Mexicana de la Industria Automotriz (Amia), Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), pidieron por ello la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para impedir que se regularice la corrupción y la impunidad.
En comunicado, explicaron que la iniciativa local pretende otorgar derechos a través de un esquema registral al contrabando y dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación.
El censo abarcaría automóviles, camiones, omnibuses, motocicletas y cualquier que fuese su tipo de combustible así como de remolques.
“La iniciativa de Ley que pretende legalizar el contrabando de vehículos en Baja California contraviene el marco jurídico federal, por lo que implementar
un Instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización”.
Explicaron que con ello se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley; sistematizando así un procedimiento que da luz verde y fomenta una constante situación de ilegalidad, plasmando con ello un mensaje de impunidad en el país.
Actualmente y c onforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es facultad privativa de la Federación gravar y fiscalizar las mercancías que se
importen o exporten.
Por lo anterior, el 11 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California.
Con base en lo anterior, la entidad mediante federativa tiene la obligación de verificar la legal estancia de los vehículos y en caso de no acreditarla tiene facultad para embargarlos.
También debe negar el registro estatal a los vehículos que no acrediten la legal estancia.
Por otra parte, cuando la entidad federativa otorgue documentación o placas a vehículos que no acrediten la legal estancia, será sancionada además de la responsabilidad federal en materia de contrabando, con un descuento de los incentivos o de las participaciones de la entidad.
Sin embargo, el gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, remitió al Congreso del Estado el 30 de diciembre de 2019 la “Iniciativa de ley que
crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California” que en realidad significa un procedimiento para regularizar los vehículos ilegales.
En este sentido, la industria automotriz expresó que “hemos visto con beneplácito la actual política de combate a la corrupción, consideramos que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así, la oficialización de un perverso incentivo a la impunidad.
“Por todo lo anterior, solicitamos la expedita intervención del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y del Secretario de Hacienda y
Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez, para hacer respetar el Estado de Derecho de nuestro país, que sea observada la supremacía normativa
existente, así como el cumplimiento de los Acuerdos signados entre el Gobierno de Baja California y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
De pasar la iniciativa, el estado de Baja California viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, cuando
pretende regular la ilegalidad y el contrabando.
Baja California al amparo del convenio de colaboración sólo cuenta con facultades para embargar vehículos ilegales, su obligación es salvaguardar el estado y no violentar la facultad privativa de la federación al omitir el embargo de vehículos objeto de contrabando, expresaron.
Asimismo, consideran que el Ejecutivo debe advertir y en su caso sancionar a los funcionarios públicos de Baja California, ya que en caso de aprobarse la iniciativa en serán acreedores a las sanciones del delito de contrabando y la aplicación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
