Por Francisco Romero

Ante el planteamiento que ha propuesto el Gobierno Federal con respecto a las fases de vacunación contra el Covid 19 y los intentos del crimen organizado por sacar ventaja de la crisis sanitaria mediante la falsificación de pruebas para detectar el virus y la vacuna, Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), consideró que el Estado no debe perder de vista la forma en que está manejando su campaña,  ya que la población muestra un descontento importante y eso podría traer consigo riesgos no contemplados.

De primera instancia, el experto mencionó que una de las mayores controversias con la opinión pública será el manejo que se hará sobre dos bienes jurídicos tutelados  más importantes para cualquier ser humano; el derecho a la salud y el derecho a la vida, pues nadie, ni siquiera el Gobierno Federal, puede anteponerse a dichos derechos humanos y decidir de manera omnipotente quién y  cuándo debe ponerse la vacuna de la cual dependen vidas humanas.

El problema se vislumbra complicado, pues además de la catarsis colectiva por querer obtener la vacunación, no se puede perder de vista al crimen organizado, ya que ha sido el mismo CNSP quien desde hace varias semanas emitió una alerta ciudadana sobre las pruebas falsas para detectar Covid por parte de la delincuencia y considera que con la llegada de la vacuna, los hampones querrán ampliar sus ventanas de oportunidad.

“El mercado negro de medicamentos se ha vuelto muy redituable para los criminales ya que cada año obtiene en promedio una ganancia de 2 mil millones de pesos por el robo de medicamentos, esto debido a que existen al menos 8 millones de personas consumen medicinas robadas, adulteradas o caducas, lo cual representa un grave riesgo para la salud y el cual comenzará  a agravarse con la pandemia  y los estragos económicos y  de seguridad que ya se perciben con mayor fuerza en el país”, afirmó el Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

Datos proporcionados por  la Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios Genéricos (Dilameg) han determinado que organizaciones delincuenciales como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación están apoderándose del mercado del huachicoleo de medicamentos mediante el asalto a transportistas de ese sector, sobre todo en estados como Michoacán, Puebla y Estado de México.

Ese tipo de acciones dentro del contexto de la pandemia están llevando a la delincuencia organizada a un nuevo nivel de temeridad, donde ya no les está bastando falsificar pruebas ni resultados de Covid-19, sino que ahora  desea volcarse sobre la falsificación y a la venta ilegal de la vacuna.

Desafortunadamente, la comercialización de todas estas vacunas falsas podría enmascarar aún más los indicadores que actualmente presenta la Secretaría de Salud y disparar de manera exponencial la cifra negra en el número de contagios y defunciones por Covid-19, argumentó, pues ya proliferan cientos de miles de anuncios en internet que promueven las estafas y que, sin duda, van a multiplicarse con la adición de nuevos clasificados sobre la venta ilegal de la vacuna por parte de grupos delincuenciales.

El experto manifestó que,  tras el anuncio de la Interpol sobre la detección de grupos criminales que ya están ejecutando planes de robo, adulteración y venta ilegal de la vacuna contra el Covid-19, la comunicación, distribución, logística y aplicación de los 34.4 millones de vacunas que el Estado ha comprado a los laboratorios Pfizer, va a tener una competencia ilegal monstruosa, no considerada por el momento por ninguna de nuestras autoridades y que ya no es cuestión de analizar cómo se falsificará la vacuna, sino la rapidez con la que reaccionarán los grupos delictivos para promoverla como lo han hecho ya en semanas anteriores con la de la influenza.

 

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