Redacción
En sesión ordinaria, el Congreso de Quintana Roo votó a favor de castigar a quienes transgredan la tranquilidad de las y los quintanarroenses mediante el denominado “derecho de piso”, práctica delictiva que ha afectado no solo el patrimonio de los ciudadanos, sino también su tranquilidad y seguridad.
Fue el 10 de noviembre de 2022, cuando el Diputado Hugo Alday Nieto (Partido del Trabajo) presentó una Iniciativa destinada a modificar el Código Penal de Quintana Roo con el objetivo de abordar y penalizar de manera efectiva el flagelo del “derecho de piso” en el estado.
De esta manera, tras un largo análisis y debate, la iniciativa finalmente fue aprobada por el congreso local, como parte de la estrategia para combatir al crimen organizado.
La iniciativa propuesta por el Diputado Alday, busca un enfoque más certero en la persecución del delito, cambiando la consideración del bien jurídico tutelado de “patrimonial” a “contra la libertad y seguridad de las personas” además, introduce tres nuevas agravantes al delito de extorsión:
1. Cuando la víctima o un tercero cumple con las demandas del extorsionador.
2. Cuando se realiza un cobro ilegal de cuotas.
3. Cuando el extorsionador está armado o parece ser peligroso.
El propósito principal de esta enmienda es abordar el “derecho de piso” como una modalidad específica de extorsión que involucra la imposición de demandas económicas ilegales de forma constante.
Durante el proceso legislativo, la Comisión de Justicia, escuchó las demandas del sector empresarial y la sociedad en general para el estudio y análisis de la modificación al Código Penal respecto a esta problemática. Además, en colaboración con representantes del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se realizaron sesiones de trabajo para lograr una sanción más severa de este tipo de extorsión, teniendo en cuenta su impacto negativo en el patrimonio, la paz social y la libertad de las personas.
Por medio de un comunicado, el Legislativo local refirió que la extorsión es un problema significativo en el ámbito nacional, ocupando el primer lugar en incidencia en el sector económico. En Quintana Roo, a pesar de ocupar el tercer lugar, la mayoría de los casos no se denuncian o se clasifican como amenazas debido a la falta de disposiciones claras en el Código Penal.
Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, la extorsión representa el 17.5% de todos los delitos en el país, ocupando el tercer lugar en la incidencia de delitos a nivel nacional.
Por ello, la reforma busca abordar esta problemática y brindar una respuesta más adecuada a esta forma de extorsión, ya que es un delito que afecta no solo el patrimonio de las personas, sino también sus derechos humanos, incluyendo su libertad, paz social y tranquilidad emocional.
“La actualización del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo representa una oportunidad para que las autoridades encargadas de la impartición y procuración de justicia, las herramientas necesarias para combatir eficazmente la extorsión en todas sus modalidades, especialmente el derecho de piso. Esto contribuirá a cerrar el paso a la impunidad y garantizar que ningún ciudadano que trabaje honestamente se vea afectado en sus bienes y, sobre todo, en su integridad”, destacó el reporte.
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