La herencia que Manuel Bartlett Díaz dejó a Emilia Esther Calleja Alor al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) parece estar marcada por prácticas que han convertido a una institución de servicio público en un terreno fértil para presuntos actos de corrupción, negocios irregulares y posibles estafas que, además de afectar la operación de la empresa paraestatal, perjudican a cientos de empresarios que buscan convertirse en proveedores de la institución.
Hace apenas un par de semanas, el sitio periodístico EL CEO, dirigido por Mario Maldonado, publicó información relacionada con diversas denuncias por presuntos actos de corrupción en la Dirección de Administración de la CFE, a cargo de Yesica Luna Espino.
Las revelaciones difundidas por EL CEO propiciaron que otras empresas, que aseguran haber sido objeto de presuntos actos de presión o chantaje por parte de personal de la CFE bajo la promesa de facilitarles contratos de servicios, decidieran hacer públicas sus denuncias, con la expectativa de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, investigue los hechos y, en su caso, sancione a los funcionarios que resulten responsables.
La información que ha llegado al Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, SC, que preside Gerardo Cleto López Becerra, apunta incluso hacia empleados de niveles operativos de la CFE.
Uno de los casos señalados es el de Jorge Alejandro Renero Morales, quien, de acuerdo con su declaración patrimonial, ingresó a la CFE en noviembre de 2017 y se encuentra asignado a la Unidad de Proyectos de Edificación de CFE Corporativo.
Según los testimonios recibidos, Renero Morales presuntamente habría ofrecido a empresarios la posibilidad de acceder a contratos, relaciones e información privilegiada para convertirse en proveedores de la CFE.
Los encuentros, de acuerdo con las denuncias, se realizarían en oficinas externas a la institución. En dichas reuniones, el funcionario presuntamente explicaría a los empresarios las características de determinados servicios y las supuestas ventajas de contar con el respaldo de determinados funcionarios para participar en procesos de contratación.
Ante la expectativa de obtener contratos que representen ingresos para sus empresas, algunos empresarios habrían considerado el principal requisito del supuesto ofrecimiento: el pago de una inscripción a un registro. De acuerdo con los testimonios, las cantidades solicitadas podrían ser de 20 mil, 50 mil o hasta 100 mil pesos, dependiendo del servicio o supuesto beneficio ofrecido.
De confirmarse estos señalamientos, señala Gerardo López, estaríamos ante prácticas que no sólo vulnerarían los principios de transparencia, imparcialidad y legalidad que deben regir la actuación de los servidores públicos, sino que también generarían un grave daño a las empresas que buscan participar legítimamente en los procesos de contratación de la CFE.
El combate a la corrupción y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos no pueden postergarse. Por ello, resulta indispensable que las autoridades competentes investiguen a fondo estos señalamientos, determinen si existen responsabilidades administrativas o penales y, en su caso, sancionen a quienes hayan utilizado su posición dentro de la CFE para obtener beneficios económicos indebidos.
Las empresas que tienen en los gobiernos a uno de sus principales clientes no pueden quedar expuestas a presuntos intermediarios que, aprovechándose de la necesidad de generar contratos y empleos, condicionen el acceso a oportunidades comerciales al pago de cantidades de dinero.
Para el presidente de ConComercioPequeño SC, es claro que la CFE debe ser una institución al servicio de los mexicanos y de la economía nacional, no un espacio donde empresarios sean víctimas de presuntos negocios irregulares. La transparencia, la rendición de cuentas y el combate efectivo a la corrupción deben comenzar por investigar cualquier denuncia, sin importar el nivel jerárquico del funcionario involucrado.
