La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, por violaciones graves a los derechos humanos de mujeres internadas en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, en Tlacolula de Matamoros, Valles Centrales del estado.
Además, solicitó al mandatario estatal que, de manera inmediata, gire instrucciones para que cesen los tratos crueles, inhumanos y degradantes que tienen lugar en esa prisión, creando para ello mecanismos claros, específicos y reglamentados, además de tomar las medidas necesarias para impedir que se tomen represalias contra estas mujeres.
De acuerdo con la recomendación 55VG/2022, las mujeres privadas de la libertad, así como hijas e hijos que viven con ellas, son sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, por prácticas de trabajo forzoso y condiciones indignas de internamiento.
“En suma, la investigación desarrollada permitió evidenciar que las mujeres privadas de la libertad en el penal de Tanivet sufren violencia institucional por estar sujetas a prácticas de discriminación, al impedirles o anularles el reconocimiento o ejercicio de sus derechos.
“Carecen de una vida digna, servicios de salud y alimentación adecuados, insuficiencia de actividades, restricciones de su derecho al contacto con el exterior y la práctica de trabajos forzosos, ante lo cual no se observaron acciones de las autoridades penitenciarias para cambiar dicha situación”.
Este informe deriva de dos supervisiones realizadas por personal de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, entre octubre y diciembre de 2021, en las que los visitadores corroboraron una serie de irregularidades.
Entre ellas, señalan la falta de médicos para el turno de la noche y fines de semana, así como de especialistas en ginecología que atiendan adecuadamente la salud de las mujeres privadas de su libertad; además, no hay agua corriente y hay presencia de fauna nociva.
La alimentación, abundan, es poca debido a la falta de presupuesto, en ocasiones no es fresca y las personas recluidas no tienen recipientes para ingerir sus alimentos.
La CNDH también remarca que la falta de personal suficiente para el tamaño de la población del penal puede favorecer la existencia de cogobierno y autogobierno; señala la presencia de negocios propiedad de algunas presas y la libre circulación de dinero.
También compartieron denuncias de mujeres presas, quienes comentan que tienen que pagar para acceder a su derecho de visita familiar, cosa que no pueden realizar si cuentan con dinero; mientras que algunas presas tienen el control de las llamadas telefónicas.
Mujeres indígenas señalan que no se les permite hablar en su lengua, mientras que integrantes de la comunidad LGBTQ+ no cuentan con un área específica.
