La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, consideró que los datos biométricos en posesión del Instituto Nacional Electoral (INE) pueden ser aprovechados por el Estado en el caso de las personas desaparecidas, en la investigación de delitos y para facilitar trámites y servicios del gobierno, y no sólo para garantizar los derechos políticos electorales.
La legisladora cuestionó ¿por qué las empresas y las redes sociales pueden aprovechar estos datos para bombardearnos de publicidad y el Estado tiene negado utilizarlos para cumplir con sus funciones?
Creo, acotó, que nos podríamos ahorrar muchas discusiones si pensamos en hacerle la vida más fácil a las personas.
Fernández Balboa participó en el foro la “Revolución digital de nuestra era, ¿una oportunidad para la economía global?”, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Ahí dijo que el enfoque de los derechos humanos es la base de referencia para abordar las diferencias en esta materia entre el INE y la Secretaría de Gobernación.
En esta discusión, asentó, tenemos una oportunidad de reivindicar a lo público: “No podemos caer en la tentación de abonar a la desconfianza de las instituciones. El INE, al igual que la Secretaría de Gobernación son entidades del Estado mexicano que merecen nuestro respeto y confianza.
Dijo que siempre habrá riesgos y quienes advierten sobre la utilización de los datos biométricos tienen razón en señalarlos, “pero no podemos permitir que la desconfianza limite las capacidades del Estado para responder a las demandas de la sociedad y cumplir con sus obligaciones”.
La presidenta del Senado de la República confío en que a través del diálogo se llegará a una solución que permita avanzar en la creación de una cédula que garantice el derecho a la identidad de las personas, sin dejar de asegurar los datos personales.
Explicó que los datos personales constituyen bienes de las personas, de sus titulares, no un patrimonio de las instituciones. Todo lo que se determine, agregó, debe partir de este derecho y el Estado, llámese órgano autónomo o gobierno, tiene la obligación de protegerlos.
