Amargamente la desaparición de personas, con una alarmante cifra de 125 mil mujeres y hombres en esa situación, supera el ámbito de los derechos humanos y de la acción policiaca para ser ahora un factor de seguridad que gravita negativamente sobre las decisiones de inversión -no importa lo pequeña o grande que sea- en diversas regiones del país; pero aún más amargo es que funcionarios gubernamentales aprovechen las herramientas legales para búsqueda de personas para fines personales (y posiblemente aviesos) como es el caso de Gabriela Piña Trejo y Víctor Hugo Botello en la Fiscalía de Justicia de la CDMX.
En medio del proceso de elección de juzgadores a nivel nacional, la gran pregunta es sí acaso ello hará expedita la justicia para la ciudanía en general. Amargamente no parece lo será por lo que ahora le platico.
Piña Trejo es la encargada de la Unidad de Investigación de la fiscalía capitalina, en tanto que Botello es ministerio público; ambos adscritos al área de Atención en la Fiscalía de Delitos Cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde disponen o desarreglan la vigencia de las conocidas Alertas Amber, la herramienta institucional que pese a sus fallas es el que dispone la ciudadanía para alertar sobre la desaparición de menores. Piña y Botello, como ejemplo de abuso de esa herramienta, se niegan a retirar una Alerta Amber para la localización de un menor, hijo de Iris Liliana Flores, a pesar de que se encuentra con su padre, quien obtuvo en tribunales la custodia provisional tras separarse de la madre.
La dupla Piña-Botello escuda su decisión en echarle la pelota a “órdenes arriba” para no acatar una orden judicial. Es muy probable que la fiscal Bertha María Alcalde ni siquiera este enterada del tema, pero ambos funcionarios aceleran una confrontación con el poder judicial.
Y es que Piña-Botello contradice la resolución de un juez en materia familiar, quien resolvió a favor del padre luego de que se documentara violencia sistemática ejercida por Liliana Flores en contra del menor, a través de videos que fueron ofrecidos durante el proceso legal.
Amargamente ello expresa el rompimiento de tejido social y lo que podría calificarse como cobertura a violencia intrafamiliar y violencia vicaria… el pan de todos los días de millones de personas ansiosas de justicia.
Y más triste es que el pleito pasaría al ámbito penal por el hecho pues la inculpada habría intentado cobrar simultáneamente dos pensiones alimenticias distintas por un monto considerable, una de ellas por medio millón de pesos.
No, no es la danza de los millones, pero es el abigeo que esquilma el patrimonio de ciudadanos comunes con documentos y declaraciones falsas como en el caso específico determinó la jueza interina Socorro del Monte Díaz.
Las campañas de juzgadores a nivel nacional avanza… pero una reforma a fondo para la impartición de justicia -como lo muestra este caso- está lejos para el día a día de los mexicanos.
“Muertos vivientes”, invención oaxaquita de Jara
Son cada vez los casos de personas de la tercera edad que llegan a cobrar su pensión en las instituciones pública y resulta que ya están muertas: en el ISSTE que lleva Martí Batres nos reportan casos de personas que al llegar por su dinero les dicen en ventanilla que su CURP está dado de baja porque lo avala un acta de defunción fraudulenta pues el acreedor está ahí, vivito y coleando.
No dicen expertos en seguridad que el entramado de falsas actas de defunción emerge de los sistemas de Registro Civil estatales, destacando el caso de Oaxaca donde se registra el mayor número de casos desde que arribó al gobierno estatal Salomón Jara.
Una situación específica de tantas -que recurrió a este espacio- es de Patricia García Nieto, pensionada del ISSSTE a la que le negaron su pensión por que ya estaba muerta según un registro civil en Oaxaca. La afectada no descarta la colusión de los agentes de la aseguradora -¡que raro, esos ni roban!- Metlife que dirige en México por Mario Valdés que es la que cuenta con más reportes como generadora de “muertos vivientes”.
El infierno referido para aquellos que documentalmente han fallecido es el del Registro Nacional de Población (RENAPO) que encabeza Arturo Arce; ahí se les conduce a un laberinto de trámites burocráticos para comprobar su identidad que no tuvo ni Dante.
Así que los más vulnerables, personas de la tercera edad, al borde del colapso económico y del hambre, enfrentan la corrupción e incompetencia gubernamental.
Grupo Vazol, la evolución
La vida y obra de Don Olegario Vázquez Raña se plasmó en la formación del Grupo Empresarial Ángeles (GEA) en todas y cada una de sus divisiones. Hombre visionario y prevenido, sabedor de la estancia temporal en este plano terrenal, preparó, aconsejó y dio espacio para que su hijo Olegario Vázquez Aldir tomara decisiones, construyera y creara su propia ruta en el mundo de los negocios: desde 1998, Vázquez Aldir constituyó legalmente a GEA dada la vocación de servicios hospitalarios surgidos 12 años atrás por la adquisición del hospital Humana por Don Olegario.
Tras la compra de la cadena de Hoteles Camino Real a inicios de este siglo, sigue la diversificación con la compra de Grupo Imagen e inicia con el despegue de Grupo Financiero Multiva; poco después realiza rescate del histórico periódico Excelsior.
Y en las dos primeras décadas del siglo XXI sostiene el crecimiento de sus actividades en el sector turístico y hospitalario en medio del vaivén de la política nacional.
Ahora, con Olegario Vázquez Aldir al timón, el Grupo Vazol inicia otras dos diversificaciones estratégicas: crea su división farmacéutica (Laboratorios Kener) y la de ciencias de la salud con la misión de preservar, mejorar y extender la vida.
Lo único permanente es el cambio.
Aeroméxico encabeza Canaero
Ahora es Cuitláhuac Gutiérrez quien encabeza la Cámara Nacional de Aerotransporte. Los retos y oportunidades son amplias. Ojo.
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