EDITORIAL
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), definirá en las próximas horas la validez o no del congreso extraordinario convocado por un grupo de militantes de MORENA y en dónde se nombró a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino del partido.
El alcance del fallo de la máxima autoridad electoral no se limita al impacto que provocaría en el organigrama del partido político que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República: La resolución va más allá; está en juego garantizar el efectivo Estado de Derecho en los procesos electorales del país.
Si la autoridad decide avalar la designación de Ramírez Cuéllar al frente del partido guinda, sentaría un pésimo y lamentable antecedente no solo en el respeto de los estatutos de MORENA, sino en la aplicación de justicia en los temas electorales del país por múltiples razones:
1)La Presidenta del Consejo Nacional, Berta Luján, violó la sentencia del TEPJF que invalidó la sesión del 30 noviembre 2019 que permitió convocar a un congreso extraordinario que, pese a todo, se llevó a cabo el 26 de enero.
2)El Consejo Nacional que Luján preside no tiene facultades para convocar a un Congreso Nacional.
3) No se respetaron los tiempos que establecen los estatutos del partido para la convocatoria de un congreso extraordinario: El marco legal define que mínimo sean 7 días antes para el llamado; para el congreso del 26 de enero pasado los organizadores convocaron en tan sólo 4 días de anticipación; cabe mencionar que tuvo tantos errores la convocatoria que se tuvo que hacer una fe de erratas.
4) El evento no contó con el quórum suficiente.
5) No se respetó el orden del día.
6) Se destituyeron a miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido sin audiencia previa y con un método carente de toda transparencia y legalidad: No existieron urnas ni casillas, pues el proceso fue a “mano alzada” y, por si no fuera suficiente, no se contabilizaron los sufragios.
7) Se designó a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino de MORENA, a pesar de que el 26 se enero todavía fungía como diputado federal, violando flagrantemente lo dictaminado por el partido, en el sentido de que un postulante a dirigente nacional no debe ostentar cargos públicos al momento de la elección.
De esta manera, con un eventual fallo de la autoridad electoral a favor del congreso mencionado, se estaría entregando el partido a los propios detractores del presidente de la República, en virtud de que el grupo de organizadores del ilegal congreso (encabezados por Bertha Luján), rechazaron la propuesta que planteó el propio López Obrador de que el próximo líder de MORENA sea elegido a través de una encuesta. Sería una artera traición para el fundador del partido.
Asimismo, la Sala Superior estaría dejando un mal precedente, al considerar que cualquier reunión de militantes de un partido político, sin mediar legalidad ante ello, puedan decidir cuestiones internas y el destino del mismo.
Por el contrario, un fallo en contra del congreso del 26 de enero y sus resoluciones implicaría que prevalezca la legalidad de los actos y la democracia del partido.
Es claro, las próximas horas son clave. Este 19 de febrero no sólo se festeja el Día del Ejército mexicano. Puede ser el día en que la máxima autoridad electoral del país finque una ejemplar e histórica señal del respeto al Estado de Derecho en el país (que tanta falta hace hoy en día), o aseste un duro golpe a la vida electoral y democrática, legitimando el mayor acto ilegal. El futuro de la democracia está en sus manos.
