Por Diana Dominguez

El Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño reveló que de no implementarse una estrategia de apoyo a las empresas familiares para solventar la renta de los locales, el 89 por ciento de las empresas están en riesgo de desaparecer ante la dificultad de cumplir con ese pago, a consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia del COVID19.

Por lo pronto, el 20 por ciento de los pequeños comercios ya tomó la decisión de no reabrir su negocio el próximo mes, mientras que alrededor del 30 por ciento contempla esa posibilidad.

Gerardo Cleto López Becerra, representante de la Asociación ConComercio en Pequeño, dijo si para septiembre no aumenta la confianza y el consumo local “será difícil mantener negocios abiertos, luego de sumar en agosto seis meses consecutivos de bajas ventas en lo que va de este año”.

El pago de la renta de los locales se encuentra entre los principales factores de cierre de negocios.

Según una encuesta que llevó a cabo el organismo entre 220 empresas familiares que tienen de dos a 50 empleados, ubicados en la Ciudad de México, Estado de México (zona oriente), Querétaro, Puebla, Hidalgo y Guanajuato, ” obtuvimos que las ventas bajas y el pago de la renta son dos de las principales presiones que giros del pequeño comercio tienen para seguir operando.

La encuesta reveló que las bajas ventas representan el 93 por ciento de la causa de cierre de los negocios, seguidos por el pago de rentas que es el 74 por ciento, el adeudo de proveedores y servicicos con el 63 por ciento, la inspección de autoridades que representa el 46 por ciento, el salario de los trabajadores es el 38 por ciento y la inseguridad que sumó el 29 por ciento.

Los sectores consultados entre los cuales se encuentran abarrotes, papelerías, estéticas, sastrerías, relleno de agua, verdulerías, hoteles, taquerías, farmacias, restaurantes y refaccionarias, entre otros se manifiestan en casi el 50 por ciento a favor de mantener abierto su negocio, mientras que dos de cada 10 decidieron ya no reiniciar actividades y tres de cada 10 aún no toma una determinación, la cual depende del desarrollo de la economía.

Según la encuesta, el 49 por ciento de los comerciantes tiene locales rentados, el 38 por ciento son propietarios de su local y el 11 por ciento tiene ambos.

“Del total de quienes rentan, el 89 por ciento aseguran que tienen dificultades para ponerse al corriente en el pago de la renta, pese a haber hecho convenios o lograr descuentos que en algunos casos han alcanzado el 50 por ciento del total en un mes.

De los que rentan, solo el 11 por ciento dice estar al corriente en el pago de sus rentas, siendo estas en su mayoría menores a los cinco mil pesos al mes.

La gran mayoría de los dueños de negocios que rentan un local han pedido la ampliación de plazos que les permita ir pagando los meses atrasados de acuerdo como se vayan incrementando sus ventas, tomando en cuenta que sus establecimientos eran solventes antes de que fueran afectados por la pandemia del COVID-19.

Por lo tanto, resolver el problema que significa el adeudo de rentas para las empresas familiares, es parte fundamental de la recuperación económica y de no establecer una estrategia que apoye a las empresas familiares, sean estas micros, pequeñas o medianas, la crisis económica se agravará, en virtud de que esto derivará en la suspensión de actividades mercantiles y la pérdida de empleos.

Pero, dijo Gerardo López, no basta con los acuerdos entre arrendadores y arrendatarios que se han venido dando, porque muchos de estos convenios están terminando en la entrega de los locales comerciales por la falta de liquides económica y es posible que en los próximos meses los tribunales se saturen con demandas, mientras que la economía y los empleos siguen en caída estrepitosa.

Tampoco es viable las “inventivas legislativas” que intentan abrir puertas falsas al pago de la renta.

El cuerpo jurídico de la asociación señaló que es urgente establecer un plan integral para la recuperción económica a nivel federal, con la inclusión de estados y municipios.

La estrategia debe incluir el financiamiento tanto para los arrendatarios como para los arrendadores y cuando la arredadora sea una empresa que la negociación del contrato se haga con intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Colegio de Corredores Públicos que genere el o los convenios modificatorios que pueden firmar arrendadores y arrendatarios par dar certeza de que las relaciones comerciales se pueden mantener mientras para la crisis y se ofrece seguridad jurídica y financiera a ambas partes.

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