La obesidad administración en la impartición de justicia provoca que en México cuatro de cada 10 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del país no tengan sentencia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
A través del reporte de Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal, el organismo precisó que al cierre de 2022, 226 mil 116 personas se encontraron privadas de la libertad/ internadas en los centros penitenciarios y centros especializados (224 mil 805 adultos y mil 311 adolescentes).
De ese total, 207 mil 140 (91.6 por ciento) correspondieron al ámbito estatal y 18 mil 976 (8.4 por ciento), al federal. Además, 94.4 por ciento correspondió a hombres y 5.6 por ciento, a mujeres. Con respecto a 2021, se registró un aumento de 2.6 por ciento en el total de la población privada de la libertad/ internada.
De acuerdo con el estatus jurídico de las personas privadas de la libertad/ internadas en los centros penitenciaros y centros especializados, 88 172 se encontraban sin sentencia, 23 mil 653 con sentencia no definitiva y 111 mil 162 contaron con sentencia definitiva.
“Esto implica que 39 por ciento de la población privada de la libertad/ internada no contó con una sentencia: para las mujeres este porcentaje fue de 49.3 y para los hombres, de 38.4. Comparado con 2021, la población privada de la libertad/ internada con sentencia aumentó 8.7 por ciento, mientras que la población sin sentencia disminuyó 5.0 por ciento”, apuntó INEGI.
El reporte agregó que en 2022, del total de población privada de la libertad sin sentencia, 50.2 por ciento estaba en prisión preventiva oficiosa; 23.9 por ciento, en prisión preventiva justificada; 11.4 por ciento, en otro supuesto jurídico y, para 14.5 por ciento, no se identificó el tipo de estatus jurídico. Por entidad federativa, estado de México y Michoacán de Ocampo reportan que 100 por ciento de su población privada de la libertad sin sentencia se encontraba en prisión preventiva oficiosa.
