Y Sepa La Bola… pero donde se sigue concentrando la impunidad, el abuso y la indiferencia de servidores públicos es en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que encabeza el ex diputado de Morena, Eleazar Rubio Aldarán, donde miles de expedientes siguen archivados sin ningún avance, y donde los titulares de las juntas se prestan a la corrupción de abogados sin escrúpulos, de empresas abusivas de sus trabajadores, y donde la justicia literalmente no existe.

El poder de las grandes empresas como las de comunicación y de aquellas que poseen servicios integrales como radio, televisión y/o periódico, como una en particular que viene de Monterrey y que se ubica en Morelos, colonia Centro, tiene acumulados decenas y decenas de expedientes, de extrabajadores que ven con preocupación y tristeza la impunidad y el favoritismo de los presidentes de cada una de las juntas, sobre todo la Especial 2.

En las juntas hay cerca de 130 mil expedientes sin resolver, algunos de los años 80, otros de los 90 y otros que cumplieron ya media década, y que no se resuelven por las corruptelas que hacen las empresas con la Junta Local, como el que personal de esa área cobre a la mano 150 pesos por copia para el afectado, o tratarlo de manera denigrante, a pesar de que fue despedido sin justificación, y para ejemplo, lo que pasa en la Junta Especial 2 que concentra los casos que son “especiales”, es decir, que tienen la orden de no tener solución jamás, nos dicen.

Es claro que la Junta no quiere resolver y además apoya a las empresas para que los juicios se hagan interminables por dos cosas: cansar al trabajador y se desista, y para que no desaparezcan estos juzgados y que queden solo los nuevos juzgados normales.

El propio José Luis Rodríguez, secretario del Trabajo de CDMX, se quejó de que haya expedientes que tienen más de 40 años, sin un laudo, sin una resolución, u otros con media década, lo que implica una dilación en la justicia laboral.

Y Sepa La Bola… pero el proceso electoral que concluye este domingo 2 de junio quedó marcado como el más violento e inseguro, para la clase política mexicana que participa en los diferentes partidos que contienden por los cargos de elección popular.

Cerró con el asesinato del candidato de la Coalición PAN, PRI, PRD, Alfredo Cabrera Barrientos, en Coyuca de Benítez Guerrero.

El crimen organizado impuso su sello en este largo proceso electoral en el que no respetó ni al partido oficialista, ni a los de oposición que democráticamente contendieron para ocupar los 20 mil cargos disponibles en todo el país.

Los asesinatos como el del priista, Alfredo Cabrera Barrientos, posiblemente queden en la impunidad, pues los crímenes no son de actos delincuenciales comunes, sino de grupos del crimen organizado que manifiestan inconformidad o venganza contra aquellos que negaron someterse a sus exigencias.

Ejemplo de ello, fue precisamente el crimen del aspirante a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Alfredo Cabrera Barrientos, cuyo sicario fue abatido por su escolta, lo que no permitirá conocer, de parte de quién fue.

PAN, Morena, PRI, PRD, PT y Verde Ecologista sufrieron bajas de políticos relacionados con gobiernos municipales o estatales, que cayeron ante las balas de diferentes organizaciones criminales que operan en todo el país.

Esto ha generado preocupación en observadores internacionales, que ven los actos de violencia que embargan y ensombrecen las campañas electorales  más concurrentes en la historia del país.