Redacción
Autoridades del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) dieron a conocer una sentencia condenatoria de 70 años de cárcel en contra de Julio César Hernández Ballinas, exagente de la Policía Judicial, por el feminicidio de Mariana Lima Buendía, a quien asesinó el 28 de junio de 2010 en el municipio de Chimalhuacán.
El fallo del PJEM llegó luego de casi 13 años de que se perpetrara el crimen y ocho años después de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara una reconstrucción total de la investigación con perspectiva de género y derechos humanos, pues la muerte de Mariana Lima había sido considerada, en un primer momento, como suicidio.
Cuando Julio César Hernández decidió acabar con la vida de Mariana, quien fuera su esposa, el feminicidio aún no estaba tipificado en el Código Penal Federal.
Además, la principal línea de investigación de la extinta Procuraduría General de Justicia mexiquense estaba fundamentada en las declaraciones del feminicida hoy sentenciado.
De acuerdo con un documento de amparo de la SCJN, la mañana del 29 de junio de 2010 Julio César se presentó a las oficinas de la Procuraduría en Chimalhuacán para declarar que, al llegar a su domicilio, había encontrado a la víctima “colgada en su dormitorio”.
Minutos antes, había llamado a la madre de Mariana, la señora Irinea Buendía Cortez, para decirle que su hija “se había ahorcado”. Ella, sin embargo, sospechó desde un inicio que esa versión no era cierta, pues conocía las actitudes violentas de Julio César y sabía de distintas agresiones (físicas, verbales y psicológicas) que había cometido contra Mariana.
El caso de Mariana Lima Buendía dio lugar al primer pronunciamiento de la SCJN relacionado con un feminicidio.
El 13 de julio de 2010, tras una breve investigación que excluyó múltiples pruebas fundamentales, peritos del Instituto de Servicios Periciales determinaron que la causa de muerte había sido “asfixia por ahorcamiento” y que no había “lesiones típicas de lucha y forcejeo”. Fue así que consideraron que todo correspondía a “maniobras de origen suicida”.
Casi cinco años más tarde, el 25 de marzo de 2015 la SCJN ordenó una nueva integración de la investigación para esclarecer el feminicidio de Mariana. La Ministerio Público encargada de encabezar las indagatorias fue Brenda Celina Bazán Varela, actual Fiscal de Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México.
Este caso, y las resoluciones de la Corte al respecto, sentaron el precedente de que toda muerte violenta de una mujer en México debía ser investigada bajo los protocolos de feminicidio y con perspectiva de género.
Además, el máximo tribunal estableció que en todos los casos se debe recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si vivía en un contexto de violencia. Igualmente, determinó que la inacción e indiferencia de las autoridades puede derivar en revictimización y discriminación, por lo que los responsables de entorpecer las investigaciones también deben ser sancionados.
Tras darse a conocer la sentencia, la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) aplaudió el compromiso de Irinea Buendía y su lucha a lo largo de los años para esclarecer el feminicidio de su hija.
“[ONU Mujeres] reconoce la incansable labor de Irinea Buendía y de las miles de mujeres que como ella luchan día a día para que se haga justicia en los casos de violencia feminicida”, escribió la agencia en sus redes sociales.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) aseguró que el fallo condenatorio contra Julio César Hernández “es un gran paso para alcanzar la justicia por la que tanto hemos luchado”.
