Grave impacto tendrá nuevo anuncio de regularización de vehículos “chocolates” en la cadena de valor automotriz de México

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A partir del primero de diciembre, el Gobierno Federal sumará al decreto  por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera a las unidades ilegales procedentes de Asia y Europa pero que en algún momento se Estados Unidos y Canadá.

 Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda), Guillermo Rosales Zárate, dijo que ello incrementará los impactos negativos en el sector, pues “es como sobreofertar el mercado de vehículos usados”.

Aclaró que el decreto, ya de por sí ha provocado  una reducción del 20 por ciento en el precio de los vehículos nacionales de similar año-modelo en todo el país, lo que finalmente impacta en la cadena de renovación vehicular, amén de mermar aún más la decadente operación del Registro Público Vehícular (REPUVE).

Y es que la mañana de este viernes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer la decisión e informó que se llevan regularizados un millón 874 mil 338 vehículos usados extranjeros desde el 19 de marzo de 2022 al 9 de noviembre de este año.

La funcionaria afirmó que la medida fue resultado de una petición que hicieron en Baja California alrededor de dos mil 500 propietarios de este tipo de unidades irregulares, sin embargo la medida al ajustarse al actual Decreto en la materia se ampliará a las 17 entidades donde ya opera la regularización, multiplicando el impacto de tal medida, ya que una vez emplacadas estas unidades podrán moverse al resto del país.

“Esta acción vendrá a incrementar el impacto al mercado interno, ya que no ha habido ninguna acción para acabar con la corrupción de funcionarios de todos los niveles que continúan permitiendo el ingreso ilegal de vehículos usados extranjeros al país, circular por ciudades y carreteras federales para su venta en vía pública y tianguis”.

Rosales Zárate insistió en que no hay necesidad de sostener una regularización casi nacional cuando el 51.6 por ciento de las regularizaciones se concentran en Tamaulipas, Chihuahua y Baja California.