El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes su propuesta de “Plan B” tras el rechazo de su reforma electoral en el Congreso de la Unión, mismo que será enviado al Senado de la República.

La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, explicó que con esta iniciativa se buscará reducir los “privilegios” en el Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales y órganos electorales, se fijará un tope de entre siete y 15 regidores por municipio y también a nivel presupuestal en los congresos locales.

De acuerdo con la funcionaria, los recursos ahorrados por esta reducción a nivel local serán destinados a obras públicas de municipios y estados.

Asimismo, los consejeros del INE, magistrados y altos funcionarios electorales no podrán ganar más que la presidenta y se reducirá el gasto del Senado de manera progresiva hasta llegar a un 15 por ciento.

Se eliminarán los bonos, seguiros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales.

La propuesta presidencial plantea la posibilidad de que la revocación de mandato se lleve a cabo en 2027 o en 2028.

Asimismo, las leyes secundarias que pretende modificar son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley General de Partidos Políticos.

Con esto, el gobierno federal plantea fijar un tope a las remuneraciones de los consejeros y altos funcionarios del INE, de los OPLES y magistrados de tribunales electorales; el inicio de los cómputos federales tras la conclusión de la jornada y la posibilidad de firmar convenios para la fiscalización de partidos y candidaturas.

Además, los dirigentes de partidos deberán transparentar sus remuneraciones y los partidos tienen que reportar sus operaciones financieras en tiempo real y se prohibirán los recursos ilícitos desde el extranjero y aportaciones en efectivo.