Y Sepa la Bola… pero hay voces en la Embajada de Estados Unidos que señalan la existencia de una red de funcionarios de alto nivel dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) implicados en la manipulación de la distribución y comercialización de combustibles, lo que se conoce como huachicol.
Esta red opera con un sofisticado grado de control interno, generando ganancias ilícitas.
Al centro de esta estructura se encuentra un ex funcionario de alto rango en logística, un capitán, cuyo arresto, aunque presentado como un golpe a la corrupción, no ha interrumpido sus operaciones.
A pesar de su remoción pública, dicen que continúa ejerciendo influencia desde las sombras, manteniendo una red de contactos que le permite asegurar que las decisiones clave en la logística y transporte de hidrocarburos favorezcan a su grupo.
Pero ahí, hay algo que salta. Su estilo de vida, caracterizado por el lujo y la opulencia, que contrasta con su supuesta salida del poder.
Algunas fuentes señalan que se le ha visto en zonas exclusivas, utilizando vehículos de alto costo y rodeado de un séquito de escoltas, participando en reuniones con empresarios del sector energético y operadores clave de la industria.
Hay, dicen, fotografías que lo muestran junto a una funcionaria de Pemex y una alta funcionaria de gobierno en encuentros que, según fuentes cercanas, encubren negociaciones relacionadas con la distribución y almacenamiento de hidrocarburos, beneficiando a los mismos operadores de la red de huachicol.
Es de señalar que la corrupción dentro de Pemex se ha consolidado a través de alianzas y relaciones personales entre funcionarios de alto nivel. Estas conexiones, particularmente entre quienes controlan la comercialización y distribución de combustibles, han creado un círculo de protección que neutraliza cualquier intento de la presidencia por frenar sus actividades.
El robo de combustible tradicional, a través de tomas clandestinas, continúa, es un hecho, sin embargo, la corrupción interna ha elevado el saqueo a una escala sin precedentes y que se puede comprobar con las estadísticas de pérdidas de la paraestatal.
Mientras el gobierno federal destina recursos públicos al rescate financiero de Pemex, las pérdidas por estas maniobras se estiman en 700 millones de dólares.
Adicionalmente, se habla del “huachicol fiscal”, mediante la manipulación de fracciones arancelarias, subfacturación de importaciones y facturación simulada, permite la circulación de millones de litros de combustible sin ser rastreados.
Si bien la Federación ha intentado contrarrestar esta situación, con la Secretaría de Energía instruyendo a Pemex a buscar alternativas al transporte por ductos para reducir la vulnerabilidad al robo, una funcionaria clave se ha negado a acatar la orden, argumentando falta de infraestructura. Esta negativa sugiere que el cierre de la red entubada representaría pérdidas millonarias para quienes operan el esquema de robo desde dentro de la empresa.
Estados Unidos ha detectado el uso de las rutas de transporte de hidrocarburos para el tráfico de precursores químicos del fentanilo. La administración de Donald Trump ha advertido sobre la imposición de sanciones comerciales si México no toma medidas contundentes. A pesar de la extradición de 29 narcotraficantes de alto perfil, la presión estadounidense se centra ahora en la desarticulación de las redes de corrupción dentro de Pemex. La pregunta que surge, ante la inminente posibilidad de sanciones comerciales, es si alguno de los funcionarios involucrados en este esquema de corrupción se convertirá en el próximo extraditado.
