*Por Frida López Rodríguez
La globalización entendida como la más reciente y ambiciosa utopía económica ha fracasado y con ella ha caído la famosa sentencia sobre el “fin de la historia” de Francis Fukuyama. Aquella tesis que abogaba por el fin de la lucha de clases con la extensión del libre mercado y la democracia liberal por todo el mundo ha llegado a su ruina; ante una crisis global como lo es la pandemia ocasionada por el COVID ha quedado al descubierto que la desigualdad se ha agravado en las últimas décadas y que las organismos internacionales como la OMS y la ONU están lejos de encabezar aquella solidaridad global con eficacia.
Las fronteras geopolíticas así como la desigualdad entre las clases sociales todavía son vigentes a pesar de las múltiples ficciones que se consolidaron junto con el libre comercio y la ideología neoliberal. En este año 2020 no hemos sido testigos del resplandor de la globalización ni del libre mercado, al contrario, se evidenció que la gran mayoría de la población en todo el mundo no tiene acceso a las garantías mínimas para el bienestar.
La ausencia de seguridad laboral, de servicios de salud y del derecho a la vivienda es la realidad para la mayoría de los habitantes. El verdadero rostro de la globalización es distópico y los defensores acérrimos de este proyecto desde la caída de la Unión Soviética han demostrado ser los devotos más desesperados en la historia contemporánea.
En este contexto geopolítico e ideológico, varios países tendrán que tomar una decisión: continuar bajo el mismo esquema decadente o impulsar en su respectivo territorio otro modelo económico y laboral. México ha sido claro respecto a su postura: consciente de sus propias limitaciones ha dado comienzo a una transformación de las políticas económicas y laborales. Recientemente, la crítica realizada desde el poder ejecutivo al outsourcing causó gran revuelo en los medios de comunicación.
No es ningún secreto que esta figura ha sido utilizada por el empresariado, incluso también por el propio Estado, para evadir la responsabilidad social y legal que deberían tener con los trabajadores. Esta situación de precariedad en el ámbito laboral ha impactado con fuerza en la sociedad mexicana: sin seguridad laboral las demás garantías quedan al vaivén de las dádivas presupuestales y subordinadas a la feroz competencia laboral al margen de la ley.
Resulta apremiante retomar el debate sobre la economía y la figura del trabajador como tópico elemental en la vida pública nacional; por años se creyó en la inercia del libre mercado, deshumanizando las actividades productivas en todo el mundo. Es urgente que en México se realice una valoración de nociones tan fundamentales como lo es el <<trabajo>> y la de <<clase social>> sin caer en anacronismos o en simplificaciones resultado de las ficciones neoliberales como lo son las pequeñas utopías ancladas en las autonomías culturales: la economía no dejará de ser ese fuerza arrasadora a nivel mundial sólo porque unas cuantas comunidades instauren burbujas de comercio justo.
En las últimas décadas la clase laboral se dispersó y con ello quedó debilitada ante el empresariado y los intereses transnacionales; ahora que se ha avivado la discusión en torno al modelo laboral es urgente la formación política y la apertura de espacios seguros para la organización de los trabajadores. También resulta inquietante que los jóvenes se mantengan alejados de este tema de gran relevancia, es una gran contradicción que la juventud en México esté tan ensimismada en su propia agenda progresista cuando carece de las condiciones básicas para sobrevivir dignamente hasta la vejez.
El reemplazo de la discusión económica y laboral en México por temas como la discriminación y las cuestiones de género han impedido detectar los grandes problemas estructurales y materiales que sostienen todo tipo de desigualdad no sólo en nuestro país sino en el mundo. No hemos sido testigo de grandes movimientos laborales en la circunstancias en las que nos encontramos y eso es alarmante: podrá haber quedado claro que la globalización por sí misma no es la solución para la desigualdad, pero la readaptación de la ideología que impulsó está falacia aún persiste y podría ser aún más dañina.
En la agenda pública queda pendiente repensar la inserción de México en el comercio internacional más allá de ser un país que ofrece mano de obra barata, porque eso sólo le ha restado dignidad a los mexicanos. Fortalecer el comercio interno y cambiar el derecho laboral por un corpus legal más justo deben ser prioridades impostergables. Sin ello, la mayoría seremos ciudadanos y seres humanos incompletos, esclavos de la precariedad contemporánea.
*Tesista de la Licenciatura en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Integrante del Consejo Consultivo de Jóvenes de Cultura UNAM y del Consejo Editorial de la Revista de la Universidad. Fue representante estudiantil en el Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes de la UNAM de 2016 a 2018.
