Lo que tiene prohibido hacer Fundación Bloomberg en Estados Unidos y en México -incidir en políticas públicas a través de cabildeo y publicidad- lo hizo aquí a través Alejandro Calvillo y su organización El Poder del Consumidor: la revelación de que esa ONG recibió carretadas de dinero para emprender campañas contra la llamada “comida chatarra” en nuestro país exhibe nuevamente la doble moral de ambas organizaciones y de la “vista gorda oficial” hacia el uso de financiamiento internacional para sostener una de las batallas personales del ex subsecretario de salud Hugo López-Gatell.
El cuestionamiento cobra especial relevancia cuando el hoy representante de México ante la Organización Mundial de Salud, fue figura central en la estrategia el COVID-19 al tiempo de impulsar las iniciativas de etiquetado con rombos, y acusando (para no asumir la responsabilidad en la pésima gestión de la pandemia) a la industria de alimentos y bebidas procesadas de “crear las comorbilidades” que le arrancaron la vida a casi 800 mil personas.
En paralelo, Calvillo, mediante el Poder del Consumidor, ha promovido políticas de etiquetado de rombos y restricciones a la publicidad de alimentos procesados… usando 355 millones de pesos entre 2017 y 2023 provemiente principalmente de Bloomberg Philanthropies, que fundó Mike Bloomberg y dirige Patricia E. Harris, influyendo en decisiones que se suponen soberanas según el discurso cuatroteísta.
Y en el clásico uno-dos, López-Gatell también promovió activamente estas políticas de salud financiadas por Bloomberg: fue público como el también llamado “Doctor Muertes”, minimizó el uso del cubrebocas como medida preventiva pero achacó a los alimentos procesados de contribuir a miles de trágicos decesos.
Si bien es cierto que la obesidad y sus comorbilidades asociadas (diabetes e hipertensión, fallas renales, etc) son un serio problema de salud pública, ello no oculta el hecho de que gran parte de la iniciativa de El Poder del Consumidor e impulsada por el ex subsecretario de salud fue financiada con recursos foráneos.
Además, esa dependencia de financiamiento internacional pone en perspectiva la concentración de recursos. De los 1.7 millones de dólares que el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) recibió de Bloomberg para estas campañas, 1.3 millones se destinaron a salarios de investigadores y colaboradores, dejando poco margen para la implementación de las políticas mismas… es decir, no son buenos administradores para la promoción de la salud pública, pero sí muy buenos para engordar un sistema académico y político con intereses alineados.
Y no puede olvidarse la cercanía entre López-Gatell y otros participantes de las investigaciones financiadas por Bloomberg, como Simón Barquera y Mónica Colchero (su exesposa), lo que se perfila como un claro conflicto de interés. La falta de transparencia en estos vínculos no contribuye a la credibilidad de la fundación ni de la ONG.
En el caso de López-Gatell, sus aspiraciones políticas (¡se llegó a creer presidenciable!) añaden una capa extra de sospecha sobre si sus decisiones como funcionario respondieron a un compromiso genuino con la ciudadanía o a una estrategia de posicionamiento político.
E independientemente de que sea o no punible, la mancuerna de Alejandro Calvillo y Hugo López-Gatell exhibe un dilema
ético central: el equilibrio entre los intereses externos, los recursos económicos y la soberanía de las políticas públicas. Y sus acciones también reflejan las tensiones y contradicciones de apoyarse en financiamiento foráneo.
En resumen, la salud pública no debería depender de recursos condicionados ni estar sujeta a las prioridades de actores de otros países que, por legítimos y humanitarios que sean sus objetivos, no tienen legitimidad ni ética ni política.
Incertidumbre jurídica y el frenón económico
En el sector privado, tanto en las empresas financieras como en las de transformación y transporte, el comentario generalizado es en torno a la falta de certidumbre jurídica es lo que impide tomar decisiones de inversión: nadie sabe qué resultará del proceso con el que por orden de Andrés Manuel López Obrador se desmontó la separación de poderes y se anuló al Consejo de la Judicatura Federal; la sustitución de ese poder por jueces, magistrados y ministros por voto directo ha generado dudas en los sectores empresariales sobre la autonomía e independencia que debe observar el poder judicial -como ha señalado puntualmente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes– así como de la calidad profesional de los juzgadores electos en un proceso que suele semejar una lotería “pactada”.
Vaya, en el caso de los banqueros agrupados en la ABM que encabeza Julio Carranza, la preocupación central es la elección de juzgadores locales -que se resolverá en 2026- que tienen en sus manos 95% de las pugnas que incumben a la banca… y por tanto a su certeza para dar crédito y recibir depósitos.
Por tanto, sí el crédito o sea “la sangre del sistema” -parafraseando a Keynes- se enfría, se refleja la duda del capitalismo en torno a los ritmos de trabajo de la 4T.
Y sí a ello se agrega que el gobierno de Claudia Sheinbaum recortó 714.4 millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia para 2025 -una baja de 12.1% anual- dinamita la continuidad operativa del máximo órgano de justicia y con ello vulnerar los derechos laborales de los trabajadores de la judicatura, es de previsible que la crisis de certidumbre seguirá pesando en las oportunidades de empleo e inversión.
AIFA agarra vuelo
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al mando del general Isidoro Pastor, será al cierre de este año autosostenible financieramente hablando, pues ya no requiere recursos fiscales para operar, porque sus gastos de operación se cubren con sus ingresos. Para este año se estiman por arriba de 2 mil 600 millones de pesos, mientras que los gastos de operación estiman cerrarlos en 2 mil 200 millones de pesos. Espera más información.
@mfloresarellano
floresarellanomauricio@gmail.com
