Pese a la voluntad de la nueva presidenta para generar un marco eficaz y auditable para la compra de medicamentos e insumos de la salud a través de las nuevas funciones y áreas desarrolladas por la Secretaría de la Función Pública de Raquel Buenrostro, hay muchas manos e intereses en torno a un presupuesto que superará los 130 mil millones de pesos para el año próximo para lo que sería la primera compra consolidada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Como es sabido, Birmex -como sonado fracaso de la pasada administración federal- dejará de comprar los medicamentos e insumos; ahora tendrá que entender y aplicar un modelo de distribución que está por verse si tendrá capacidad de ejecutar el nuevo director, Iván de Jesús Olmos, quien fuera encargado de la caja de previsión de la policía de la CDMX.
Aquí le platicamos acerca de la salida del controvertido Borsalino González de la dirección de administración del IMSS, para colocar en su lugar a Emma Luz López… pero que ahora es sabido fue reubicada como directora de administración de Birmex.
Sin embargo, ello no significa que serán atajados los manejos discrecionales que persisten en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entidad donde se concentra la mayor parte de las compras del sector público de salud. Como se ha comentado en este espacio, en la dirección de Operación y Evaluación del IMSS, a cargo de Javier Guerrero García, suelen organizarse a compras regionales y locales para atender el desabasto de medicamentos -que probablemente llegue a 30% al cierre de este año- pero que suele encarecer en hasta 10 veces el valor del regular de diversos productos para la salud, incluyendo genéricos.
Por eso llamó la atención desde el IMSS-Bienestar a cargo de Alejandro Svarch, que las delegaciones estatales aún no entregan su proyección de demanda para el 2025, lo cual atrasa las compras consolidadas y “obliga” a “adquisiciones de urgencia” con altos precios.
Este tipo de compras de urgencia eran instrumentadas por el anterior director de administración a través de Luisa Obrador y Eduardo Thomas en coordinación con delegados y empresas locales y con el mismo Borsalino. Es aún una incógnita si ese tipo de compras con alto precio seguirán siendo practica común en el Instituto.
Por otro lado, Ramiro López, que aún sin cargo formal, se presenta como subsecretario de prevención y promoción de la salud (el cargo que tuvo el Hugo López-Gatell) anunció que formará un Comité Colegiado para las compras consolidadas que estarían lideradas por la Secretaría de Salud.
¿Quién marcará el ritmo de tan tentadora danza?
Napito ante la SCJN
Crujen las montañas. En la sesión del próximo miércoles 9 de octubre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encabeza Norma Piña, analizará los amparos directos en revisión 4189, 4190 y 4191 (todos de 2023) respecto del litigio entre agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y su líder, el hoy diputado federal Napoleón Gómez Urrutia, pues el legislador por Morena se niega a repartir los 55 millones de dólares del fideicomiso que se formó en 2005, por la venta de Mexicana de Cananea a Grupo México de Germán Larrea.
Gómez Urrutia ha promovido diversos amparos para no entregar el dinero con el argumento de que esos recursos son del Sindicato y no de cada uno de sus confederados… a pesar de que la Junta Especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y un Tribunal Colegiado ya resolvieron en favor de los trabajadores.
Los proyectos de sentencia del ministro Luis María Aguilar Morales, buscan determinar si los recursos promovidos reúnen los requisitos de procedencia. De no reunir los requisitos, los recursos de Gómez Urrutia serán desechados y tendrá que aflojar la cartera para con sus agremiados.
Monterra, otra compra de última hora
No queda clara la lógica de la apresurada compra que la pasada administración de Pemex hizo de la Terminal Monterra pagando unos 320 millones de dólares. Si bien la compra ya la palomeó la Comisión Reguladora de Energía a cargo de Leopoldo Melchi, existen dudas sobre los beneficios que atraería a una paraestatal con pasivos de casi 100 mil millones de dólares -las más endeudada del mundo- y que se sostiene principalmente de inyecciones de recursos federales.
La compra de Monterra beneficio a sus anteriores propietarios, Arturo Vivar y Michael A. Williams, pero es dudoso que ello fortalezca el flujo de efectivo que le urge a la paraestatal a cargo de Víctor Rodríguez.
De hecho, el trasfondo de esta compra no suena lógico, pues Monterra reclamó daños por “la diabólica” cifra de 666 millones de dólares al gobierno mexicano tras el cierre de la terminal en 2022… y que con esa adquisición la paraestatal plantea un escenario de expansión cuasimonopólico sobre el mercado de hidrocarburos cuando las finanzas de la petrolera penden de un hilo en tanto no logre regresar sanamente a los mercados de crédito privado.
Cuando algo no suena lógico, ¿a qué suena?
AMESPAC, por la certidumbre a proveedores
La nueva es qué al culminar el período de Claudia Cobos, fue electo por unanimidad Rafael Espino de la Peña (ex fiscal de la CDMX, consejero independiente de Pemex y senador de la República) como Presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros AC (AMESPAC), la asociación líder de la industria petrolera que agrupa a empresas que prestan servicios de tecnología, infraestructura y prácticas operativas a la paraestatal.
Los agremiados el 30% de la facturación y el 40% del empleo del sector petrolífero, por lo que el mensaje inicial de Espino de la Peña resultó estratégico al mostrar voluntad y compromiso para mejorar la situación económica y productiva del sector y asumiendo el gran reto de reestablecer una relación armoniosa con Pemex “en la que se dé certidumbre de pago a los proveedores”.
SEDARPA Veracruz, las trampas de Leroy
Parece que el común denominador de los gobiernos veracruzanos es dejar “colgados” a sus proveedores como ahora se queja duramente un nutrido grupo de empresarios que suministraron bienes y servicios a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Veracruz durante el mandato de Cuitláhuac García… quienes señalan a Leroy Antonio Salazar Leal -titular de la Unidad Administrativa de esa dependencia- por extorsionarles, desviar recursos y dejar diversos trabajos inconclusos.
El funcionario en cuestión es señalado de asignar gran parte del presupuesto a empresas con las que mantiene relaciones y contactos… mismas empresas a su vez subcontratan a otras para realizar y culminar los trabajos; sin embargo, las ganancias quedan en los “recomendados” de las empresas afines a Leroy, mientras que los subcontratistas, casi casi cuijes, son presionados en extremo para que cumplan con los trabajos encomendados y ya sin dinero.
Bueno, ya sólo falta que Leroy sea promovido o ratificado en el mandato de Rocío Nahle.
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