Santiago Nieto renunció a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo que ocupó desde el primer día de diciembre de 2018 por nombramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su cargo, se le ordenó caminar alrededor de cinco principales ejes: robo de hidrocarburos, trata y tráfico de personas, empresas fachada y factureras, combate al narcotráfico y la corrupción política.

Trata de personas

Santiago Nieto y Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, firmaron un convenio de colaboración en combate a la trata de personas en México.

En 2021 fue presentado el primer informe bianual de resultados, donde se destacó el trabajo de la llamada Línea Nacional contra la Trata, establecida para brindar información para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculados a dicho delito.

Santiago Nieto y Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, firmaron un convenio de colaboración en combate a la trata de personas en México

Dentro de los resultados presentador por la UIF, Nieto Castillo aseguró que para combatir este delito se han presentado ocho denuncias, se entregó información a las fiscalías de Ciudad de México y Estado de México, y se bloquearon las cuentas a 117 personas directas y 174 relacionadas, para total de 1,447 cuentas congeladas por 147 millones de pesos.

Además, se publicaron diversas Guías para la Prevención y Detección de Operaciones relacionadas con la Trata de Personas, dirigidas a instituciones y sociedad mutualistas, agentes de seguros y de finanzas, y a quienes realizan actividades vulnerables.

Combate al huachicol
En el primer año de gobierno de López Obrador, las autoridades se dieron a la tarea de combatir el huachicol o robo de hidrocarburos. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera diseñó estrategias para detectar los movimientos financieros con irregularidades.

Durante 2021, en los primeros seis meses de operación, la Fiscalía General de la República realizaron bloqueos en cuentas bancarias por una cantidad de 131.4 millones de pesos; se judicializaron 49 carpetas de investigación; se dictaron 11 sentencias condenatorias; se detuvieron a 468 personas; y se aseguraron 5,368,440 litros de hidrocarburos.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo
En 2020, se publicó el Tercer Informe de Seguimiento Intensificado en México al Secretario, y se presentó ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), principal organismo en materia de prevención y combate al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción en masa.

En este contexto, México solicitó la re-calificación de 7 de 16 recomendaciones calificadas como Parcialmente Cumplidas entre 2017 y 2018, arrojando una mejoría en seis de las mismas.

Los cambios destacados fueron:

R. 8. Organizaciones Sin Fines de Lucro de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

R. 10. Debida diligencia del cliente de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida.

R. 12. Personas expuestas políticamente de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

R. 15. Nuevas tecnologías de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

R. 16. Transferencias electrónicas de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

R. 17. Dependencia en terceros de Parcialmente Cumplida a Cumplida.

Combate al narcotráfico
El eje principal de Santiago Nieto, explicó, era el de implementar mecanismos para desmantelar las estructuras financieras de los grupos criminales a partir del congelamiento de cuentas y la liquidación de las sociedades mercantiles que utilizan.

El primer informe anual de la UIF, reveló que durante 2019, se bloqueó a 1,371 sujetos, así como 12,074 cuentas. Lo anterior ha generado el congelamiento de 5, 023 millones de pesos bloqueados, así como 52 millones de dólares de recursos que antes estaban en manos de grupos delincuenciales; los bloqueos continuaron durante 2020 y 2021.

Algunos de los bloqueos más destacados incluyen el realizado a mediados de 2021, cuando Santiago Nieto anunció que un total de 170 personas fueron identificadas como generadoras de violencia en el estado de Guerrero, mientras que en Michoacán, fueron identificadas 153 personas, a todas ellas les congelaron sus recursos económicos.

Las 153 personas aparentemente serían colaboradores de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, así como Los Viagra o integrantes de Cárteles Unidos y células de los Beltrán Leyva, informó la periodista Jannet López en el diario Milenio.

Durante 2020, por otra parte, se trabajo de manera a conjunta con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llevar a cabo una limpieza en las aduanas.

En este contexto, la UIF identificó una serie de empresas utilizadas como fachada para transportar drogas hacia los Estados Unidos, lo que representa un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y defraudación de naturaleza fiscal.

Empresas factureras
El combate a la elusión y evasión fiscal inició desde que AMLO ocupó por primer día la silla presidencial, con la adopción y uso de nuevas y mejores herramientas tecnológicas en todo el proceso tributario.

En 2019, se reveló que el cruce de información con la UIF derivó en un un operativo a nivel nacional en el que revisó a 150 empresas que facturaron operaciones simuladas.

El segundo informe de gobierno de AMLO destacó que en febrero de 2020 el SAT dio aviso a la UIF sobre diversos esquemas de operaciones de contribuyentes que emitieron comprobantes que amparaban operaciones inexistentes, o actos jurídicos simulados, mismos que sumaron más de 339 mil millones de pesos e involucraron a 977 contribuyentes en diversos estados del país.

En este sentido, y en conjunto con el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación, se presentaron denuncias contra 43 empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias que dejaron de pagar 55,125 millones de pesos en contribuciones.

A mediados de ese año, ya se habían identificado a 9,663 empresas que facturan operaciones simuladas

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