En Pemex son muy conocidas las versiones de una presunta una red de funcionarios qué sin acatar las instrucciones de Claudia Sheinbaum y el director de la paraestatal, Víctor Rodríguez, establecen sus propias reglas para su beneficio en la distribución y comercialización de hidrocarburos. Se habla, por ejemplo del capitán Eduardo Padilla Yebra, exfuncionario de Pemex Logística, quien habría amagado a sus superiores con revelar nombres y datos de operaciones internas sí era despedido y así echar de cabeza a los protagonistas del llamado “huachicol fiscal”, ese que se disfrazaría como venta real a costillas de la ahora paraestatal.
Y es que a su salida de la petrolera, la presencia de Padilla Yebra sigue vigente pues se le ha visto en reuniones privadas y públicas con personajes clave, incluidos gobernantes del sureste.
También es un secreto a voces que Sergio Rosado Flores, subdirector de Evaluación y Cumplimiento Regulatorio en Pemex, está relacionado -cuando menos hasta 2022- como socio de unas 14 empresas del sector energético. Y que ello significaría conflicto de interés al contratar servicio de transporte de hidrocarburos, cosa que al momento no parece preocuparle según se comenta entre sus subalternos.
A ello se suma su relación con Gabriela Cano, otra funcionaria de petrolera, lo que genera sospechas de una posible concentración excesiva de decisiones estratégicas en un “Círculo Selecto” donde también figuraría Marisa Díaz quien -pese a la instrucción presidencial de evitar el transporte de combustóleo por ductos para reducir el huachicoleo- rechaza fuertemente adoptar transporte terrestre o marino.
Se dice que ese “Círculo Selecto”, en lo privado, minimizan decisiones presidenciales como el tope de 24 pesos por litro de gasolina, y que alardean de su lealtad no está en Palacio Nacional, sino en otros sectores de poder.
Un golpe en el escritorio sería lo menos que el gobierno en curso debe hacer para acabar con la impunidad y ofrecer certidumbre jurídica a la nueva política energética.
Así de sencillo.
San Pedro: extorción empresarial
El crecimiento de los grupos delincuenciales en México, producto de la política “Abrazos no Balazos” alcanzó a zonas como San Pedro Garza García ubicado en el Estado de Nuevo León, que gobierna Samuel García. El municipio que encabeza el panista Mauricio Fernández es uno de los más ricos de América Latina… pero los empresarios de aquella zona son asediados por extorsionadores “oficiales” que forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio a cargo de José Luis Kuri, para cobrarles fuertes sumas de dinero a cambio de protección.
El grupo policiaco que se hace llamar “El Sindicato”, se presume es dirigido por el propio secretario Kuri junto con el director de tránsito Lorenzo Pruneda de León -que en 1998 fue condenado a ocho años de prisión por una corte de Houston Texas- es señalado de recolectar los recursos derivados de esta actividad ilícita.
Vale precisar que los afectados ya buscan apoyo de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que las autoridades locales se han negado a mostrar los exámenes de control de confianza lo funcionarios mencionados en las quejas empresariales.
UNAM: Los Inquisidores del Humor atacan
La libertad de cátedra es lo de menos: el sentido del humor estará sancionado por los nuevos inquisidores de los buenos modales universitarios, entre los que relumbra por sapiencia Raúl Contreras, ex director de la facultad de derecho de la Máxima de Estudios. Contreras buscan llevar al tribunal universitario al emérito Carlos Cuenca por un comentario que desató la hilaridad de estudiosos y mentores ahí presentes.
Existen asuntos más importantes que interesan hoy a los universitarios… entre ellos precisamente la libertad de cátedra y de convertirse en actores activos de la transformación, no en participar en un juicio sumario contra el humor y la risa. Pero un tribunal medioeval -tal y como describe Humberto Eco en el Libro “El Nombre de la Rosa”- pretenden armar los amanuenses como Alejandro Envila – – para denostaciones en pasquines centaveros.
Calica y la nueva relación bilateral
Como colofón del regadero que dejó Manuel López Obrador en la relación con Estados Unidos, se sumó la petición que 36 congresistas republicanos para revisar el caso de Vulcan Materials. A ello, Claudia Sheinbaum instruyó a Alicia Barcena, entonces titular de la Semarnat, para que negociar con los ejecutivos con la compañía que lleva Tom Hill.
Es innegable que la 4T no hizo una expropiación de las 4 mil hectáreas de Vulcan en Punta Venado.
Este cambio en la visión presidencial implicará que Semarnat, junto con Economía y Relaciones Exteriores, tejan fino para desactivar este conflicto que incluso involucró en una penalidad internacional a Cemex que dirige Fernando González.
El equipo del gobierno de México sabe de la estrecha relación que tiene Vulcan con el partido republicano y ahora con el presidente Donald Trump, lo que marcará una diferencia sustancial en la negociación en curso.
Los aranceles en vigilia.
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