La solución a los problemas que enfrentan los sistemas de transporte público solamente será posible con la suma de voluntades y trabajo para lograr una movilidad inclusiva, sustentable y eficiente, por lo que las políticas públicas en materia de movilidad y desarrollo urbano deben encaminarse al desarrollo del transporte y tener como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los usuarios.
Durante la clausura del 13 Congreso Internacional de Transporte, que año con año organiza la Asociación Nacional de Transporte y Movilidad (AMTM), el presidente del organismo, Nicolás Rosales Pallares, señaló que ello “solamente será posible con la suma de voluntades y trabajo para darles un contexto más humano a nuestras ciudades y mejorar los sistemas de transporte con estándares de calidad, en beneficio de las personas”.
Destacó que se requiere contar con nuevos esquemas financieros que permitan la sostenibilidad del transporte público y transitar al uso de energías limpias y cambiar así el modelo hombre-camión para dar paso a un nuevo modelo de negocio y de servicio, que permita la transición al uso de nuevas tecnologías.
Rosales confirmó que es necesario prever la accesibilidad, inclusión, igualdad, eficiencia, sostenibilidad y sustentabilidad y seguridad, tal y como lo expuso Eleonora Pazos, jefa de la Oficina de la Unión Internacional de Transporte Público en América Latina (UITP) durante su participación en la mesa “Movilidad con Perspectiva de Género”.
La ponente informó que a nivel mundial las mujeres son quienes mayormente usan el transporte público y quienes corren mayor riesgo ante el incremento de violencia hacia la mujer.
“De acuerdo con datos de la Encuesta sobre la Violencia Sexual en el Transporte y Otros Espacios Públicos en la Ciudad de México, a lo largo de su vida, 96.3 por ciento de las usuarias de la CDMX han vivido algún tipo o acto de violencia sexual”
Subrayó que es necesario que exista una mayor equidad y un sistema de movilidad con una visión de género ya que en ese sector, de la totalidad de sus trabajadores, sólo entre el 15 al 25 por ciento son del sexo femenino.
“Necesario que el transporte público se diversifique y comience a incorporar fuerza laboral femenina, ya que puede ser un buen lugar para que mujeres jóvenes desarrollen su carrera. La contratación puede realizarse mediante contrataciones a ciegas, donde no se determine el género, sino solamente el perfil y capacidad de la persona”.
En tanto, Martha Lucía Gutiérrez, secretaria Ejecutiva de Simus Red, señaló que es necesario adoptar políticas públicas que desestimulen el uso del automóvil privado, a través de modernizar la gobernanza de las empresas y crear nuevos incentivos para la movilidad pública.
Además, se debe dar paso al transporte público eléctrico o de bajas emisiones, por lo que será necesario gestionar más unidades de ese tipo.
En el mismo escenario, Sergio Avelleda, socio fundador de Urucuia Movilidad, resaltó que durante la pandemia el transporte público tuvo una pérdida considerable de pasajeros por lo que es necesario que el sector privado se sume al nuevo modelo de gobernanza de las empresas, para comprometerlas con las demandas sociales.
El especialista también se pronunció porque las autoridades restrinjan espacios públicos para vehículos privados, con el fin de devolverlos a la ciudadanía y pueda utilizarlos para la movilidad personal.
En este contexto, Fernando Osorio, director de Planeación de Grupo CISA, puntualizó que el rescate del trasporte público tras la emergencia sanitaria es un camino largo por recorrer ya que se requiere como primera medida definir una estrategia que desmienta que es o fue foco de contagio, así como establecer la mejor comunicación posible con las autoridades, bancos, colaboradores, proveedores y usuarios.
