Por Luis González
Mientras se acerca la fecha límite para estallar la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), la directiva del organismo se mantiene cerrada al diálogo para revisar el Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) y, por el contrario, utiliza el servicio informativo de la agencia para atacar a su secretaria general, Adriana Urrea Torres.
De concretarse la huelga de Notimex emplazada para el primer minuto del próximo 30 de enero de 2020, esta sería la primera del año y la única en un organismo público durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El Sutnotimex denunció que los tres acercamientos que ha tenido la directiva para resolver el conflicto han sido una simulación y espera que “haya una apertura real al diálogo y la negociación por parte de la Dirección de Notimex” el próximo nueve de enero ante las autoridades laborales.
“Creemos que la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es fundamental para resolver el grave problema laboral que enfrenta la Agencia de Noticias del Estado Mexicano y esperamos que la dirección tenga la misma voluntad de este Sindicato para alcanzar acuerdos que favorezcan a Notimex y a las y los trabajadores”, señaló el organismo laboral que ostenta la titularidad del CCT, recocido por la propia autoridad federal.
Destacó que las mesas de trabajo facilitadas por las autoridades, “no fueron tomadas con seriedad por parte de la dirección de la dependencia, al enviar a las dos primeras reuniones a personal sin facultades para lograr algún acuerdo, mientras que a la última cita acordada no asistió ningún representante de la Agencia”.
Recordó que la actual dirección de Notimex ha violado hasta hoy 30 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, entre ellas, el pago de prestaciones económicas que se reflejaron en una caída del salario de un 40 por ciento.
Asimismo, ya suman 223 despidos de forma injustificada adicionales a la separación ilegal de los corresponsales extranjeros que fueron abandonados en los países en donde trabajaban y en desacato a la orden presidencial no se dieron las liquidaciones conforme a la Ley que en muchos casos fueron por montos menores al 60 por ciento, derivado de lo cual hay por lo menos 70 demandas en contra de la Agencia.
En tanto transcurre el tiempo, la directiva de Notimex utiliza el portal informativo de ese ente público para emitir sus opiniones y responder al Sutnotimex.
Desde ayer lunes el portal de Notimex tiene en su página principal la nota “Denuncia Notimex guerra sucia del SUTNOTIMEX”, en donde se intenta desmentir las declaraciones que en diversos medios de comunicación ha hecho la secretaria general del Sutnotimex, Adriana Urrea.
Ello sin contar que en repetidas ocasiones se ha hecho uso de ese medio público para verter opiniones sobre el Sutnotimex, lo que los agremiados a ese organismo laboral han denunciado que se trata de una clara intromisión en la vida sindical, además de que la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor hace uso faccioso de recursos públicos.
Ante tal situación se pronunció hoy la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Frida Esparza Márquez, y señaló que la directora general de Notimex, Sanjuana Martínez, no debe temer, ni descalificar y cuestionar mediáticamente aprovechando la infraestructura de un ente del Estado a su favor.
Esto, después de que la legisladora pidió auditoría a Notimex por la presunción de contratos millonarios y uso indebido de recursos públicos, ante lo cual Martínez Montemayor respondió a través de notas informativas en Notimex.
Ello se demuestra con la nota que más bien aparenta ser una carta de respuesta publicada el pasado cinco de enero titulada “A la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez” en donde exige a la legisladora que corrija sus afirmaciones.
La diputada señaló hoy públicamente que por ley la Cámara de Diputados debe revisar el ejercicio correcto del gasto público y ese sentido “y como parte del ejercicio de transparencia y rendición de cuentas al que están obligados los organismos públicos, incluido Notimex, deben acostumbrarse, por lo que insistió en la presentación del punto de acuerdo al respecto.
“En congruencia con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción, el amiguismo, la opacidad, el engaño y los contratos amañados, como lo ha dicho el propio primer mandatario, el punto de acuerdo propone simplemente que sean la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quienes auditen, investiguen y en su caso sancionen los mismos”.
Y dijo que “en respuesta a su nota dedicada a mi persona y que en la que por cierto se hace un uso faccioso en su favor de una empresa del Estado Mexicano atacando y cuestionando la labor de un integrante del Poder Legislativo, como ya se está haciendo costumbre durante su gestión al frente de Notimex, exijo que se publique integro este boletín como parte de mi derecho de réplica”.
Asimismo lamentó el nulo conocimiento del marco legal del Congreso de la Unión, cuando Sanjuana Martínez Montemayor “exige que corrija” sus afirmaciones” y se “apegue a la verdad”.
Expuso que al margen de cada una de sus exigencias de transparencia que estarán plasmadas en el punto de acuerdo para exhortar a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) a auditar a Notimex están respaldados con documentos oficiales que exponen dichos contratos millonarios, con fechas, plazos, nombres, el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”, expuso.
Y añadió que “es una pena que un medio público y que dice contar con asesorías profesionales a quienes se les pagan más de medio millón mensuales -tengo en mi poder el contrato en favor de quien la prestigiada Revista Proceso señala que es su paisano y amigo – Hugo Gerardo Gutiérrez de León– donde claramente se especifica que es por un millón 730 mil 187 pesos para el periodo del 27 de septiembre al 31 de diciembre del 2019, no conozcan los preceptos constitucionales.
“No dudo de la capacidad de este sagaz reportero que sustituye a 22 periodistas y corresponsales extranjeros. Sin embargo, usted falta a la verdad cuando dice que el contrato es por un año. A menos que se viole el mismo o que existan acuerdos o pagos al margen de la ley.
Y le recordó a la directora de Notimex que es práctica común del Congreso de la Unión y de los 128 senadores y 500 diputados el solicitar auditorias e investigaciones a todas las secretarías de Estado, organismos públicos y de hecho cualquier instancia que reciba recursos del erario, por lo que es sorpresiva su agresiva reacción, “a menos que existan realmente contratos que se quieran ocultar, corrupción o amiguismo en su otorgamiento”.
Y ante la negación de la directiva de Notimex de que haya contratos con despachos de abogados que fueron contratados para informar del despido masivo de periodistas y trabajadores y ofrecerles menos del 50 por ciento de liquidación.
“Le informó, por si no lo recuerda como afirma en su nota dedicada a mi persona, que el despacho encargado de esos irregulares despidos es Emerson Consultores, el cual tiene un contrato que por cierto no se ha hecho público, pero que se solicitará a los organismos de transparencia y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que sean revisado y transparentados los montos”.
La legisladora señaló tener en su poder los contratos en Compranet en materia de Revisión de Códigos de Seguridad Informática en favor de José Cástulo Salas Gutiérrez, por un monto de un millón 460 mil pesos. Otro de diseño normativo y estructural de Notimex por un millón 450 mil pesos y uno más del plan estratégico de comercialización también por un millón 450 mil pesos, entre otros.
“Es paradójico que bajo el discurso de la austeridad se hayan dado los despidos de más de 200 periodistas y se estén entregando estos contratos millonarios a particulares”.
Llamó la atención que los más de 10 contratos a personas físicas y morales tengan, en su mayoría, como residencia Nuevo León y que todos casi se cuadren a un millón y medio de pesos.
En tanto, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, recordó hoy en entrevista que el próximo nueve de enero habrá una reunión de conciliación ente las partes para iniciar el diálogo y el 23 de este mismo mes será la audiencia prehuelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
“Esperemos que no lleguemos al estallamiento, esperemos que se pueda resolver, creemos que es factible y vamos a dar todas las condiciones y por eso llamamos a ambas partes para que puedan presentarse el día nueve…esperamos ahí se pueda iniciar con un diálogo que permita el respeto natural de los trabajadores, de los sindicatos, de las dirigencias”.
