El escenario macroeconómico “muy optimista” en que se formuló el proyecto de Presupuesto Económico para 2023 implica “un riesgo de vulnerabilidad” para las finanzas públicas del país, alertó el Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas (IMEF).
Y lo anterior, expuso el organismo, porque el Ejecutivo Federal proyecta que la economía mexicana crecerá este año y el siguiente 2.4 y 3.0 por ciento respectivamente, cuando lo cierto es que todo apunta a que los valores serán de 1.9 y 1.3 por ciento, en ese orden.
Asimismo, en materia del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el gobierno federal proyectó una inflación de 8.15 por ciento para final de este 2022 y de 3.2 para el siguiente año, valores, que resultan “muy optimistas” frente a las presiones inflacionarias que experimenta el país. El IMEF plantea 8.1 y 4.8 por ciento, respectivamente.
Por ello, dijo que el escenario de ingresos y egresos públicos planteado por el Ejecutivo Federal resulta “muy optimista” frente al contexto que efectivamente prevalecerá, lo cual podría derivar en un recorte presupuestal a la mitad del año fiscal o en la necesidad de un mayor endeudamiento, ante la realidad de que los ingresos tributarios no podrían soportar el volumen de gasto previsto.
“Lo anterior plantea un riesgo de vulnerabilidad para las finanzas públicas que podrían generar también riesgos para la estabilidad macroeconómica de México ante cambios que se anticipan en el entorno económico y financiero global; en nuestra opinión, las previsiones del marco macroeconómico que presenta el Paquete, y a partir de las cuales se construyen las estimaciones de ingresos públicos con los que se determina el gasto a realizar, es demasiado optimista, por lo que probablemente tendrá que sufrir ajustes de consideración durante su implementación”, planteó el IMEF.
Finalmente, el organismo dijo que la propuesta de Paquete Económico contempla un crecimiento importante en el gasto por 11.6 por ciento real respecto al aprobado para 2022, “lo que difícilmente puede considerarse austero”.
“Asigna más recursos a los programas y proyectos prioritarios en detrimento de otros renglones importantes como la mejor provisión de servicios públicos esenciales”, cuestionó el IMEF.
