Redacción
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) hizl del conocimiento público sus planteamientos a los aspirantes a la presidencia de la República a través de un decálogo con algunos de los temas que urge atender en materia ambiental y reiteró la urgencia de que la protección y defensa del medio ambiente se vuelva una prioridad para la próxima administración federal 2024-2030.
Asimismo, el CEMDA hizo un llamado para que en los próximos debates que sostendrán las y el candidato a la presidencia de la República se incluya el tema ambiental, pues éste no ha sido mencionado hasta el momento por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Las propuestas concretas que el CEMDA pide se incorporen a las plataformas electorales son:
- Expedir una Ley General de Aguas Nacionales con enfoque de derechos humanos que priorice el agua como un bien de las personas y pueblos.
En este sentido, dijo que frente a la grave problemática hídrica que enfrenta nuestro país, es urgente cumplir con el mandato constitucional del 2012 de aprobar una Ley General de Aguas Nacionales que cuente con un enfoque transversal y progresivo de derechos humanos.
“La Ley debe respetar el ciclo del agua mediante esquemas de gobernanza basados en el manejo integral de la cuenca, reconociendo que el agua es un bien prioritario de las personas y pueblos, por encima del consumo industrial, agrícola y comercial, por lo que su disponibilidad y calidad deben ser protegidas”, afirmó.
- Dotar a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del presupuesto necesario para cumplir con su objetivo de garantizar y conservar la biodiversidad, el agua y los ecosistemas necesarios para la vida.
“Se debe asegurar el retorno del 100% de los ingresos generados por el cobro de derechos en las ANP a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Durante el 2022 sólo se reintegró a dicha institución el 29% de lo recaudado por el uso y goce de los recursos naturales en las ANP. Asimismo, se deben publicar los Programas de Manejo de las ANP en el tiempo establecido por la ley; esto es, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación”, señales
- Frenar la pérdida de biodiversidad y mantener ecosistemas saludables.
Al respecto, comentó que México debe plantearse cumplir con el objetivo ‘30×30’ -acordado en la COP15 de Biodiversidad del 2022-, de conservar, al menos, el 30% de la tierra y los océanos para 2030,[3] así como revertir los procesos de deforestación que se estiman entre 170 mil y 180 mil hectáreas perdidas anualmente en el país.
Asimismo, el país debe cumplir de manera efectiva con la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México 2016-2030 y publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Ello implica crear una política de restauración de ecosistemas degradados en las agendas ambientales y agropecuarias como medio para combatir los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad. Es urgente también, establecer medidas de regulación especializada estricta para el comercio electrónico de especies silvestres y exóticas.
- Alejar a México de los combustibles fósiles.
Seguir usando carbón, combustóleo y gas fósil para generar energía impide a México contribuir a frenar la emergencia climática y genera zonas de sacrificio donde las personas enferman y los ecosistemas mueren por la degradación ambiental. Debemos avanzar hacia una transición energética justa e incluyente con fuentes renovables[5], con garantías de transparencia y con respeto a los derechos humanos, en la cual los combustibles fósiles (el carbón, el combustóleo y el mal llamado gas “natural”) queden fuera del futuro energético de México.
De igual forma, dijo que las instancias gubernamentales responsables, entre ellas la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), deben garantizar que se cumpla con las disposiciones que regulan las emisiones de metano provenientes del sector hidrocarburos, principalmente de la quema de gas.
- Otorgar autonomía a las procuradurías ambientales.
En México prevalece una constante disputa por la tierra, el territorio y el patrimonio natural en el contexto de los proyectos de desarrollo que buscan llevarse a cabo en el país. Al respecto, es importante garantizar el acceso a la justicia ambiental de las personas y comunidades, en los procedimientos ante autoridades administrativas y juzgadores. Se deben transversalizar los estándares de acceso a la justicia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)[6] y otros lineamientos internacionales.
Asimismo, el CEMDA considera fundamental que se otorgue autonomía a las procuradurías ambientales, tanto a la federal como a las estatales a fin de que no ostenten una relación jerárquica ni con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni con los gobiernos de los estados.
- Lograr que el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) sea, efectivamente, un instrumento preventivo para desarrollar alguna actividad productiva.
“La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un instrumento preventivo para evitar desequilibrios ecológicos y el deterioro al ambiente que las obras y proyectos pueden ocasionar. Lamentablemente, en muchos casos, es vista sólo como un trámite que se subordina a intereses económicos y políticos detrás de los proyectos. Resulta fundamental que el PEIA sea un mecanismo de evaluación real de los componentes ecosistémicos, sociales y culturales que se estarían afectando con algún proyecto y que se establezcan las medidas adecuadas para su mitigación o reparación, garantizando en todo momento el derecho a la información, consulta y participación, previa, libre e informada de las personas y comunidades”, señaló.
- Asegurar que se garantice el derecho de acceso a la información en materia ambiental.
En este sentido, afirmó que se debe cumplir con los estándares y lineamientos de acceso a la información pública ambiental. Asimismo, añadió, resulta fundamental asegurar el acceso a la información sobre daños ambientales, lo que incluye la posibilidad de acceder a la información contenida en los PEIA, Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), procedimientos administrativos sancionadores y cualquier otro acto o procedimiento administrativo que conlleve o trate sobre la posibilidad de un daño y/o riesgo ambiental. En todo ello, se deben generar los espacios de participación informada en los asuntos ambientales y eliminar las barreras para el ejercicio de este derecho.
- Garantizar un entorno seguro y propicio para las personas y comunidades que defienden el medio ambiente.
“En México las personas defensoras del medio ambiente son objeto de agresiones, tales como amenazas, agresiones físicas, criminalización, desaparición, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos.[7] A fin de garantizar que las personas defensoras del medio ambiente puedan realizar su labor en un entorno seguro es necesario, entre otras cosas, generar una política de prevención, protección y cero tolerancia de agresiones, acordé con los estándares del Acuerdo de Escazú. Asimismo, se requieren medidas efectivas para investigar y sancionar dichas agresiones. El Mecanismo Gubernamental de Periodistas y Personas Defensoras debe ser fortalecido dotándolo de mayores recursos humanos, materiales y financieros”, argumentó.
- Transitar hacia una economía circular
“En México, el modelo actual de desarrollo se basa en una economía “lineal” que se caracteriza por la extracción, consumo y disposición en masa. Este fenómeno ha aumentado la presión ejercida sobre el medio ambiente por la actividad económica. Se requiere diseñar una Ley de Economía Circular de alcance nacional en el cual se eliminen los incentivos perversos para la generación de productos contaminantes innecesarios, incentivar la perspectiva de circularidad y desincentivar la obsolescencia programada”, agregó la institución.
- Proteger y conservar mares y costas
“Las áreas costeras de México deben crecer de forma ordenada y responsable. Los hombres y mujeres del sector pesquero y acuícola requieren ver reflejados en su vida cotidiana los beneficios de realizar su labor preservando también los ecosistemas, mediante acciones coordinadas de manejo, restauración y aprovechamiento sostenible”, dijo.
Así, entre otras cosas, consideró prioritario: i) crear la Ley General de Mares y Costas con una visión de ordenamiento ecológico y desarrollo sustentable; ii) emitir una Norma Oficial Mexicana que regule las plantas desalinizadoras; iii) implementar un Programa Nacional de Conservación y Restauración de Humedales; iv) dar certeza legal de la tenencia o concesión del territorio insular a cooperativas y/o comunidades pesqueras del Noroeste de México; y v) promover la conservación de hábitats críticos para la pesca (zonas de refugio pesquero, protección de arrecifes y especies clave), además de una estrategia de carbono azul.
